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Por
Javier Lorca
 Mientras
los rectores de todas las universidades repudiaron y criticaron el ajuste
promovido por el Gobierno, los docentes de las universidades nacionales
anunciaron que no tomarán exámenes y tampoco comenzarán
las clases en el segundo cuatrimestre. La decisión fue tomada ayer
por la conducción de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (Conadu). La misma medida sería decidida este viernes
por el otro sindicato del sector, la Conadu “Histórica”.
Así, la huelga abarcará a los 120 mil docentes que enseñan
e investigan en las 37 universidades públicas del país y
afectará al millón de alumnos que estudian en el sistema
de educación superior. “De continuar este recorte tal y como
está planteado, no vamos a empezar las clases”, aseguró
a Página/12 Anahí Fernández, secretaria general de
Conadu. Ayer hubo un anticipo de lo que vendrá: en algunas facultades
de la Universidad de Buenos Aires ya se suspendió la toma de finales.
Y, como si fuera poco, el titular de la Federación Universitaria
Argentina, Manuel Terrádez, confirmó a este diario: “Los
estudiantes vamos a salir a la calle”.
Si bien ni el Ministerio de Educación ni las propias autoridades
universitarias saben aún cómo se aplicará el ajuste
a las casas de estudios, lo cierto es que los salarios de docentes y no
docentes están incluidos por decreto entre los que serán
podados por la tijera oficial. Además, según fuentes del
ministerio, la Secretaría de Hacienda ya le anunció a Educación
que la próxima partida presupuestaria vendrá con un descuento
global del 13 por ciento. El presupuesto universitario anual es de 1800
millones de pesos y, a esta altura del año, resta por ejecutarse
poco más de la mitad.
“Es un grave error suponer que las universidades seguirán
funcionando si este ajuste se concreta. Sólo tendríamos
una universidad vaciada y en vías de una definitiva privatización”,
señaló Anahí Fernández. También en
diálogo con este diario, el secretario adjunto, Pedro Sanllorenti,
apuntó que, al cercenar el 13 por ciento de los recursos, “este
recorte es como el de López Murphy (Ricardo, ex efímero
ministro de Economía). Este año va a ser ese porcentaje
de lo que queda del presupuesto. Pero, el año que viene, va a ser
el 13 sobre el total. Va a significar la completa imposibilidad de funcionar”.
Sin mediar el ajuste, los 120 mil docentes de las universidades nacionales
tienen el privilegio de ubicar sus sueldos entre los más bajos
del Estado. Eso, sin considerar que el 20 por ciento de ellos trabaja
gratis, ad honorem. Entre los que gozan la suerte de cobrar, la gran mayoría
(66 por ciento) tiene cargos con dedicaciones simples: en promedio, perciben
un salario mensual de 115 pesos por diez horas de trabajo a la semana,
es decir 2,88 pesos por hora. Las dedicaciones semiexclusivas las detenta
el 18 por ciento de los docentes: sueldo promedio de 435 pesos por veinte
horas de trabajo semanal (5,44 por hora). La minoría (16 por ciento)
tiene dedicaciones exclusivas, con un sueldo medio de mil pesos por cuarenta
horas de empleo (6,25 por hora).
Ayer, la mesa ejecutiva de Conadu –con representantes de los gremios
de la UBA, Rosario, Córdoba, Mar del Plata y otros– resolvió
tomar medidas de acción cuyas modalidades variarán en cada
universidad. En algunas sedes las actividades docentes comienzan esta
semana, tras el receso de invierno, y en otras empezarán la que
viene. En la mayoría, las clases deberían recomenzar del
lunes 6 de agosto en adelante. Dos días antes, un congreso de Conadu
votará el no inicio de las clases resuelto ayer.
Las protestas docentes no se limitarán a la huelga. “Desde
esta semana vamos a hacer asambleas en todas las facultades para ratificar
el plan de lucha –contó el secretario de prensa de la federación,
Raúl Gómez–. La semana que viene habrá clases
públicas, cortes de calles, suspensión de exámenes
y otras medidas conjuntas con los gremios estatales y el resto de los
trabajadores.” A su vez, la Conadu “Histórica” –donde
se nuclea el resto de los gremios de docentes universitarios– convocó
a un plenario este viernes para “resolver el cese de actividades
hasta derrotar el ajuste, medida que podría afectar no solamente
el dictado de clases y las actividades de investigación y extensión,
sino también los turnos de exámenes”. Dentro de este
sector sindical, la Asociación Gremial Docente de la UBA, en una
masiva asamblea, decidió no tomar los exámenes finales desde
esta misma semana. La medida ya se hizo sentir ayer, en facultades como
la de Ciencias Sociales. El secretario general del gremio, Néstor
Correa, aseguró que “las medidas de ajuste y reducción
salarial anunciadas por el GobiernoNacional, como así también
el llamado déficit cero, constituyen un brutal atentado contra
los derechos laborales y constitucionales de los docentes y del pueblo”,
que “inviabilizan el funcionamiento de la universidad pública”,
y que “suponen una completa postración y destrucción
de la nación ante el chantaje de los grandes bancos y grupos financieros,
responsables de la crisis y sobre quienes debe efectuarse el ajuste”.
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Luz
roja de los rectores
Aquí,
algunos de los principales fragmentos del texto de repudio consensuado
ayer por los rectores:
- “Rechazamos el nuevo ajuste a los sectores de trabajadores
estatales, jubilados y pensionados. Rechazamos específicamente
los recortes presupuestarios, de gastos e inversión en el
sistema educativo, en general, y del universitario, en particular.”
- “Alertamos a la ciudadanía en general que estas medidas
comprometen gravemente el normal funcionamiento de las universidades
públicas nacionales.”
- “El derecho de la Nación a desarrollarse debe prevalecer
por sobre el derecho de los acreedores a cobrar en sus términos
una deuda gestada a espaldas de las mayorías que hoy se pretende
sacrificar para honrarla.”
- “La responsabilidad argentina ante el mundo requiere revertir
el resultado del enriquecimiento irresponsable e ilegítimo
de unos pocos a costa de la mayorías nacionales y del patrimonio
público.”
- “Los lineamientos estratégicos para el desarrollo
del país deberían definirse a partir de un amplio
consenso obtenido mediante la participación de la ciudadanía,
cuya inclusión y energía creadora son indispensables.”
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CONCLUSIONES
DEL CONSEJO DE TODOS LOS RECTORES
“Un
recorte con dunga-dunga”
Por
J. L.
 “Este
no es un ajuste normal, un ajuste más. Es un recorte con dungadunga”,
graficaba ayer el rector de una de las más grandes universidades
del país. Alrededor suyo, un plenario extraordinario del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) plasmaba el malestar de los 37 rectores
universitarios contra las medidas oficiales que persiguen el divino déficit
cero. “Alertamos a la ciudadanía que estas medidas comprometen
gravemente el normal funcionamiento de las universidades públicas”,
señala el repudio consensuado por los rectores radicales, justicialistas
e independientes (ver aparte).
Reunidos desde el mediodía y hasta las 19 de ayer en la sede del
Rectorado de la UBA, los rectores acordaron un documento que será
publicado como solicitada en los diarios de mañana.
Además del que recibe el propio recorte presupuestario, el principal
rechazo de las autoridades universitarias es para la incertidumbre. “La
novedad de este ajuste es que el Gobierno ha omitido información.
Primero, las universidades no entraban. Ahora sí, pero no sabemos
cómo”, se quejó el vicerrector de una universidad del
Conurbano.
Ni siquiera el Ministerio de Educación sabe aún cómo
se instrumentará el ajuste sobre los 900 millones que falta ejecutar
del presupuesto universitario: si podará sólo los salarios,
si recortará también las partidas para gastos y funcionamiento
o si, lo más plausible, alcanzará a las dos partidas.
A casi dos semanas de anunciadas las medidas, el secretario de Educación
Superior, Juan Carlos Gottifredi, comunicó ayer que “se está
acordando un instructivo para llevar adelante el recorte salarial de acuerdo
a lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo y teniendo en cuenta
algunas situaciones especiales del personal universitario”. Después
de reunirse con representantes del CIN, y frente al reclamo de los rectores
de preservar algunas partidas que afectan al funcionamiento de las universidades,
Gottifredi dijo que se está “trabajando en su contemplación”.
“Hay una gran nebulosa sobre cómo se va a aplicar el ajuste
–dijo a Página/12 el presidente del CIN, Adolfo Torres, también
rector de la Universidad del Nordeste–. Una indefinición absoluta
que produce un gran malestar en la comunidad universitaria”. El otro
malestar que genera el ajuste entre los funcionarios se apoya en que,
como son las mismas universidades las que liquidan los sueldos de sus
empleados y docentes, serán los consejos superiores los que deberán
autoejecutar los recortes. Acaso a eso se deba el “dunga-dunga”
que veía el rector. Como los consejos son órganos de cogobierno
integrados por profesores, alumnos y graduados, allí estallarán
los conflictos. Si el Congreso aprueba el recorte por ley, los consejos
superiores no tendrán otro remedio que acatar. Pero mientras las
medidas consten en un decreto, intentarán ampararse en la autonomía
universitaria.
Por ahora, nadie sabe cómo liquidar los sueldos de julio. “En
la UBA vamos a hacer una liquidación provisoria y después
veremos qué pasa”, dijo el rector Oscar Shuberoff. Entre tanto,
la demora en iniciar los trámites, provocada por la incertidumbre,
garantiza que los docentes no sólo cobrarán menos, sino
que también lo harán con el respectivo retraso.
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