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Por
Adriana Meyer
Estaba tan ansioso por volver a su despacho que no esperó el cumplimiento
del papeleo. El repuesto juez federal Norberto Oyarbide volvió
ayer a los tribunales federales de Retiro: los senadores peronistas le
dieron una manito y decretaron su inocencia en el juicio político.
Visitó su juzgado y pasó por la Cámara Federal, donde
le informaron que no habían recibido la notificación del
Senado correspondiente a su “absolución”. Por lo tanto,
tendrá que contener sus “enormes deseos de volver al trabajo”,
tal lo manifestó a Página/12. En los pasillos de Comodoro
Py imaginan que el magistrado, uno de los sindicados como protegido de
Carlos Corach, acusado de dar protección policial a los prostíbulos,
volverá a administrar justicia con ánimo de revancha.
“Estoy en una actitud de silencio”, se excusó cuando
este diario quiso entrevistarlo. Ayer se levantó temprano, eligió
su mejor traje, una corbata al tono, saludó a su madre, de 90 años,
y abandonó el departamento de Rodríguez Peña y Quintana.
A las 11 ya estaba en el juzgado federal 5 del que es titular. Había
hablado por Radio Mitre y se quejó porque asegura que le hicieron
una “indagatoria” sobre “cosas del pasado con la excusa
de saludarlo”.
Oyarbide explicó a Página/12 que “el Senado debe enviar
una comunicación formal” y aclaró que fue ayer a Tribunales
porque “pensaba que eso había ocurrido”. Agregó
que “luego de saludar al presidente de la Cámara Federal y
tomar conocimiento de que ese recaudo todavía no está cumplido,
bueno... estamos aguardando de que todo eso esté en forma para
poder tomar nuevamente el curso de las cosas. Mi deseo, vio, sería
que se dé ahora”.
–En 1999, durante su alegato ante el Senado, dijo ser un muerto social.
¿Siente que ahora revivió?
–Después de un proceso se llega a una solución de la
que dan cuenta los medios. Mucho antes del comienzo fue complejo. Ahora
de ninguna manera me siento de esa forma. Las circunstancias que acompañan
a las personas se van modificando. Estoy muy bien, y con muchísimos
deseos de retomar la actividad.
A diferencia de tres ex jueces supuestamente aludidos en la servilleta
de Carlos Corach –Adolfo Bagnasco, Gustavo Literas o Carlos Liporaci–,
Oyarbide nunca sacó la placa de la puerta de su despacho, en el
tercer piso de Comodoro Py 2002. Y lo mantenía limpio y ordenado.
Es el único que conserva una alfombrita de yute en la entrada y
es considerado como el más pulcro y mejor decorado del edificio,
aunque algo barroco.
Ayer se cruzó con su subrogante, el aspirante a camarista Cavallo,
y mantuvieron una breve reunión que fuentes judiciales calificaron
como “protocolar”. Cavallo le explicó cómo está
su juzgado, y describió las causas que necesitan más atención
y medidas de pronto cumplimiento. También habló del personal,
tanto en el aspecto cuantitativo como profesional. Otras fuentes especulaban
con que “Oyarbide hará rodar algunas cabezas”, aventuraban
que no conservarán su puesto de secretarios los funcionarios designados
por Cavallo: Pedro Diani y Javiera Gómez Castilla, que tuvieron
destacada actuación en casos resonantes. Pero no serían
ellos los únicos de los cuales el repuesto juez se desprenderá.
El magistrado consideraría que algunos empleados de su juzgado
lo abandonaron o incluso lo perjudicaron.
Con el voto del justicialismo, el Senado absolvió el martes a Oyarbide,
que estuvo de licencia y sometido a juicio político desde 1998.
Tres jueces había pedido su destitución. Estaba acusado
de falta de ética por concurrir a un prostíbulo, haber omitido
denunciar el delito de promoción y facilitación de la prostitución
y tráfico de influencias por parte de su amigo Luciano Garbellano,
haber incurrido en inconductas en su vida privada, enriquecimiento ilícito
y amenazas contra empleados del restaurante Mirasol. Pero tras una sesión
secreta sólo un cargo quedó en pie. Y los senadores, varios
de ellos sobrevivientes a escándalos varios e incluso imputados
en el escándalo de los sobornos, decidieron que “nohabía
pruebas suficientes en su contra para condenarlo, salvo su homosexualidad
(sic)”. El presunto delito más grave ya había quedado
olvidado hace tiempo: cobrar a cambio de dar protección policial
a prostíbulos en Buenos Aires.
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