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Por Irina Hauser
 El genocida Antonio Domingo
Bussi busca revancha desde el día en que la Cámara de Diputados
rechazó su diploma por “inhabilidad moral”. Y, después
de insistir, ya encontró en la Justicia alguien que le diera la
razón. El procurador general de la Nación, Nicolás
Becerra, firmó el mismo día de los atentados en Estados
Unidos un dictamen en el que le sugiere a la Corte Suprema que admita
el reclamo del ex gobernador de facto de Tucumán con miras a revisar
la decisión legislativa que le impidió ocupar una banca.
Todo parece indicar que en el alto tribunal Bussi ya tiene también
algunos apoyos asegurados.
Becerra parece jugar a dos puntas. Recientemente se pronunció contra
la declaración de “cosa juzgada” del delito de apropiación
de menores del que está acusado el dictador Jorge Rafael Videla
y también sostuvo que debe ser considerado como delito “imprescriptible”.
“El caso de Bussi es un tema estrictamente jurídico”,
se defiende el Procurador.
“Asesino”, se escuchó el grito en cada sesión,
entre 1999 y 2000, en que la Cámara de Diputados se disponía
a analizar el pliego de Bussi. “Su participación activa en
crímenes de les humanidad” fue lo que impulsó una mayoría
de legisladores a trabar con su voto, el 1 de diciembre de 1999, la asunción
del dictador tucumano.
Bussi apostó, en aquel entonces, a conseguir fueros parlamentarios
hasta el 2003 para poder eludir posibles requerimientos de la Justicia,
en las causas en su contra por enriquecimiento ilícita y las vinculadas
a su actuación durante la dictadura. No lo logró. Pero insistió
por la vía judicial. La jueza electoral María Romilda Servini
de Cubría rechazó su reclamo en primera instancia argumentando
que los actos legislativos son institucionales y no pueden ser revisados
por la Justicia y, después, la Cámara Electoral reconfirmó
esa postura. Los actos “institucionales”, explicaron esos tribunales,
ejecutan directamente una norma constitucional y ocurren en el ejercicio
de una actividad de los órganos estatales que escapa al control
del Poder Judicial, y cuya intervención podría considerarse
violatoria de la independencia del Poder Legislativo.
Finalmente la demanda del genocida, actualmente dedicado a cortejar a
su hijo Ricardo en su campaña política, llegó a la
Corte Suprema, que le pidió a Becerra –quien responde al menemista
Eduardo Bauzá– que hiciera un dictamen con su opinión.
Ante el máximo tribunal Bussi alegó que su reclamo era “susceptible
de control judicial” porque se violaron, dijo, sus derechos constitucionales.
Planteó que ni su candidatura ni su elección habían
sido impugnadas y que la “ausencia de idoneidad ética y la
comisión de hechos delictivos” en que se basó Diputados
no son requisitos contemplados por la Constitución.
Los jueces, sostuvo Bussi, deben velar por la supremacía de la
Carta Magna en casos concretos como el suyo y si es necesario cuestionar
la decisión de otro poder. Sobre ese punto es que, en principio,
Becerra le dio la razón citando doctrina que mostraría una
expansión del “control judicial” de la actividad de los
poderes del Estado. “Ello no significa -justifica el Procurador–
sustituir el criterio de los otros poderes del Estado por el de los Jueces
sino simplemente permitir, al afectado, acudir a la Justicia en defensa
de sus derechos, y a los magistrados judiciales, ejercer la facultad de
revisar los actos de los otros poderes”.
En la Corte, por lo menos los jueces de la vieja mayoría menemista
estarían dispuestos a fallar a favor del dictador Bussi: le concederían
el recurso planteado y, luego, apoyarían que la teoría de
que la resolución de la Cámara de Diputados es inconstitucional.
Los más extremistas juegan con un criterio provocador: “esta
doctrina se aplicaría a otros diputados y hay que reconocer que
con Bussi usaron una causal que sólo está prevista para
expulsar diputados no para cuestionar su ingreso al cuerpo”, defienden.
“¿Qué pasaría si objetaran el diploma de diputado
de alguien de Izquierda Unida?”, señaló a este diario,
en tono de burla, un altofuncionario del máximo tribunal, un argumento
que poco tiene que ver con el razonamiento meramente “jurídico”
en que se escuda Becerra.
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