Por Cristian Alarcón

“¿Vos tenés basura no?” “No tengo basura común.” “Tenés PCB.” “PCB.” “Listo, yo te lo saco (...) ‘Hera’ se llama el lugar que se puede llegar a disponer.” Así de fácil. El falso empresario del interior –en realidad un periodista de “Telenoche Investiga”– conseguía de esta manera y ante la cámara oculta que Antonio Aguirre, uno de los dueños de International Waste Group, le enseñara cómo deshacerse de sus desechos tóxicos y cancerígenos. Así como el PCB, un producto tóxico utilizado en los transformadores eléctricos, los desechos patológicos también han sido objeto de grandes negocios para el trío de amigos de Carlos Menem, prófugos después de que la cámara oculta los mostrara confesando sus vínculos con la venta ilegal de armas y la mafia del oro. Página/12 publicó hace un año una de las historias de residuos “truchos” del Crematorio de Morón, propiedad de Aguirre. En otros dos casos se denuncia a la empresa española argentina Hera Ailinco, vinculada a ellos, por no enterrar los tóxicos con el debido tratamiento en su planta de Zárate. Pero la de hacer dinero con desechos contaminantes es una vieja y larga historia.
El procedimiento que tan didácticamente Antonio Aguirre, y luego sus socios Alberto Rossi y Angel Ramini, le explicaron al periodista disfrazado –dejando claro lo fácil que es deshacerse de desechos tóxicos cancerígenos como el PCB– es un método con una década de desarrollo. La gestión de este servicio comenzó con el Crematorio Privado Morón, que se lanzó el 25 de setiembre de 1992 como “Primer centro de tratamiento final de residuos patológicos”. Así lo anuncia Manuel Aguirre Constructora –la empresa base de Aguirre padre– en una solicitada en el diario La Nación el día anterior. “Empleo de alta tecnología en aras de la salud de la población y la preservación del medio ambiente”, publicita.
Lejos estaban de la realidad: después de dos años de denuncias de los vecinos afectados por la combustión de sustancias cancerígenas a sólo diez cuadras de la municipalidad de Morón, el Concejo Deliberante revocó la autorización para quemar residuos patológicos. “Sin embargo continúan haciéndolo y a esta altura nuestras estadísticas indican que un centenar de personas que padecieron cáncer producto de la inhalación permanente del humo del crematorio”, le dijo ayer a Página/12 Gladys Enciso, miembro de la Coalición Ciudadana Anti Incineración, una red de ONGs que combaten los hornos como el de Aguirre. Gladys ha esperado que la justicia federal, en la que existen tres causas contra la empresa, llegue a una resolución. “Pero para nosotros es tal el poder de ellos que eso ya no es algo que esperemos, ahora todo está archivado en el despacho de (Alberto Daniel) Criscuolo, juez federal de Morón”, disparó.
La queja de los moronenses atraviesa la Justicia, las áreas de medio ambiente de la provincia y de la Nación y la actual gestión municipal de la Alianza. Desde el Ejecutivo de Morón, la secretaria de Gobierno, Sandra Yanetti, le explicó a este diario que desde 1999 el lugar fue inspeccionado 15 veces y clausurado en marzo del 2000. Fue cuando se descubrió que pegado al crematorio la empresa tenía un depósito clandestino de desechos patológicos. En efecto, eran 500 toneladas de contaminantes cancerígenos ocultos. Yanetti contó que si bien el municipio clausuró el crematorio, un juez de faltas –actual candidato a concejal de Luis Patti y con un juri en puerta– mantuvo la clausura sólo 24 horas.
El Ejecutivo ordenó entonces el traslado de los residuos a una planta legal de incineración. Los vecinos, alertados por la experiencia, hicieron con Greenpeace un seguimiento de los camiones desde el crematorio. Cuando debían doblar hacia el sur, lo hicieron hacia el norte y enfilaron al Crematorio Privado de San Isidro, donde las sustancias fueron cambiadas de camiones. De allí transportaron 200 toneladas a un terreno en Matheu, partido de Escobar. Como se pretendía hacer con los residuos del falso empresario, enterrando el PCB en el predio de Hera Ailinco, en lugar de exportarlo, en este caso se lo escondió en un descampado. La actividad de Ailinco no es nueva. Según Verónica Odriozola, de Greenpeace, fue al comienzo un joint venture entre el Invap y la danesa Kommunekei. Pero desde Dinamarca, ante las consultas de la ONG, enviaron una nota en la que explican que se alejaron de la sociedad porque su política es “no involucrarse con proyectos que no alcanzan los estándares daneses en cuanto a la seguridad del medio ambiente”. Eso se confirma en principio en dos denuncias. En una de ellas, Jorge Santoro denuncia que Ailinco no le dio tratamiento a los residuos de pilas provenientes de córdoba. En otra, Juan Manuel Morsella acusa que los residuos tóxicos de importantes empresas son “almacenados indiscriminadamente sin ningún tratamiento, a la intemperie y sin siquiera conocer el contenido de los tambores, provocando gravísimos riesgos a la salud pública”.

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