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Por Horacio Verbitsky
 El 7 de agosto el gobierno
del presidente uruguayo Jorge Batlle rechazó la solicitud del juez
federal porteño Rodolfo Canicoba Corral de detener a cuatro torturadores
orientales que actuaron en la Argentina durante el Plan Cóndor.
Lo hizo sin dar intervención a la Justicia e invocando un informe
del fiscal de Corte y Procuraduría General O. Darío Peri
Valdez. Ante una solicitud de este diario, Peri Valdez se negó
a entregar una copia de su memorándum, por lo que el colaborador
de Página/12 en Montevideo, Andrés Alsina, presentó
un recurso de amparo en defensa de la libertad de información,
una batalla que cruza así el Río de la Plata.
El exhorto de Canicoba pedía la detención preventiva como
parte de trámites de extradición de los torturadores orientales
José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida,
para indagarlos por la desaparición forzosa de Cristina Carreño
Ayala, Federico Tatter y el entonces bebé Simón Riquelo,
hijo de detenida Sara Méndez. El kafkiano fiscal O. Darío
invocó como fuente de su negativa a informar una resolución
propia, de marzo de este año, por la que sólo se autorizó
a sí mismo a informar sobre la fecha de ingreso y egreso de los
expedientes. A su juicio, esta resolución administrativa tiene
prelación sobre las leyes, la Constitución y la Convención
Americana de Derechos Humanos, que garantizan la libertad de buscar y
difundir información sobre hechos de interés público.
Durante su reciente visita al Río de la Plata, la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, sostuvo
que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, sancionada
en 1986, debía ser derogada porque contradecía las disposiciones
del derecho internacional, que no admite el perdón de los delitos
de lesa humanidad.
El canciller Didier Opertti le respondió que un plebiscito había
avalado esa ley en 1989, por lo que debía prevalecer sobre los
tratados y acuerdos internacionales a los que adhirió el país.
Los fundamentos de esa extraña pretensión estarían
contenidos en el informe infranqueable de O. Darío. El ministro
Opertti también se quejó por la publicación en internet
del exhorto de Canicoba Corral, al que calificó de “documento
reservado” (sic).
Al recibirse la solicitud de Canicoba, Gavazzo y Silveira “reaccionaron
enérgicamente” y “fuentes militares” citadas por
un diario de Montevideo dijeron que estaban “en un estado de franca
insubordinación” y “dispuestos a impedir de todas maneras
posibles su detención”. El comandante en jefe de Ejército
Carlos Daners les comunicó el respaldo oficial: “El gobierno
dice que las reglas de juego no cambiaron y por eso la fuerza no tiene
nada que decir”. El juez argentino intervino en forma activa en la
polémica: “¿Cómo podemos saber antes de que
ocurran los hechos si la imputación que se formula está
comprendida en la Ley de caducidad o no? Uno de estos miembros de las
Fuerzas Armadas puede haber cometido un delito común y ya no estaría
amparado por la ley de caducidad. Esto no se puede saber hasta confrontar
el hecho con el imputado; manifestar lo contrario es una afirmación
que no tiene respaldo en los hechos. El pedido de extradición es
para oírlos en indagatoria , que básicamente es un acto
de defensa. Por la imputación y por la calificación del
delito debo ordenar la detención”, explicó. Un coronel
hizo saber que en Uruguay “ningún militar va a ir preso ni
tres horas” por violaciones a los derechos humanos. “Ni siquiera
se admite una detención por cuestión de trámite ya
que eso sería una deshonra para todo el Ejército”,
dijo, con una retórica similar a la que era habitual en la Argentina
en décadas pasadas.
El fiscal de Corte al que el gobierno solicitó una “opinión
consultiva” depende del Ministerio de Educación y Cultura
y por esta vía jerárquica,del propio Poder Ejecutivo, situación
similar a la que maniataba al ministerio público argentino antes
de la reforma constitucional de 1994.
La Suprema Corte de Justicia oriental dejó trascender su asombro
por la actitud del Poder Ejecutivo de escamotear de la justicia el conocimiento
de la solicitud argentina, pero también hizo saber que no estaría
en condiciones de reclamar. Canicoba debería formular el reclamo
a la Corte Suprema argentina, que a su vez debería trasladarlo
al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la Cancillería
reclame ante el gobierno de Battle.
Con la asistencia legal del Instituto de Estudios Legales y Sociales del
Uruguay, Ielsur, y su abogado Diego Camaño Viera, el colaborador
de este diario reclamó ante la jueza en lo contencioso administrativo
Rosina Rossi, por el lesionado derecho a la información. “El
Estado de derecho no tolera la existencia de actos administrativos inmotivados”
ni “el secreto de la gestión administrativa”, sostuvo
el recurso de amparo. Rossi lo rechazó, aduciendo que este diario
debería haber presentado un recurso administrativo, trámite
que dura no menos de un año en teoría y hasta cinco en la
práctica, y cuesta entre 2 y 3 mil dólares. Esos plazos
y costos son incompatibles con las necesidades y posibilidades de la prensa.
El resultado es proteger el ejercicio de la autoridad del control de la
opinión pública. Alsina recurrió al Tribunal de Apelaciones
en lo Civil de 7º turno, integrado por Graciela Bello, Pablo Roberto
Troise e Hipólito Rodríguez Caorsi, cuyo pronunciamiento
se espera para la semana próxima.
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OPINION
Por Martín Granovsky
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Van Boven, una revancha
de la historia
A veces la historia da revancha. Desde ayer, las Naciones Unidas
tienen como nuevo relator sobre la tortura a Teo van Boven, un valiente
jurista holandés que en 1982 cesó como director de
derechos humanos de la ONU tras una exitosa acción internacional
de la dictadura argentina. Fue una movida natural. El régimen
militar puso tanta energía en matar como en ocultar cada
asesinato, y Van Boven molestaba por su energía en descubrir
la mentira. Por eso, el embajador argentino ante los organismos
con sede en Ginebra, Gabriel Martínez, se tomó su
desplazamiento como un gran objetivo.
Martínez era civil y no mató. Su función fue
disimular la muerte.
En 1985, Van Boven declaró en el juicio a las juntas militares
y su testimonio fue una clase maravillosa sobre la forma de actuar
de la dictadura. Contó que la ONU recibía denuncias
y escribía preguntas al gobierno argentino pero nunca respondió.
“No tuvimos evidencia de que el gobierno seriamente investigara
los casos que le habían sido presentados para su aclaración”,
dijo.
Y explicó que los diplomáticos argentinos hacían
“un esfuerzo deliberado para ocultar la verdad”.
Sin embargo, no todos los argentinos se alineaban con el genocidio.
Dijo Van Boven que un ex ministro de Relaciones Exteriores que actuaba
en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU le confesó
que no representaría más a la Argentina porque “no
podía reconciliarse con su propia conciencia”. Era Mario
Amadeo. Narró que otro diplomático, que había
renunciado al servicio exterior y era funcionario de la ONU, se
le acercó un día para hablar en privado. “Por
favor, continúe con su trabajo, que la presión internacional
nos ayudará a evitar que la situación siga”,
le pidió Lucio García del Solar, actual embajador
en la Unesco.
En cuanto a Gabriel Martínez, según Van Boven jugó
“un rol clave en el ocultamiento y en algunos casos la intimidación
y la mala información”.
Los defensores de los comandantes acusados quisieron invalidar a
Van Boven poniéndolo como parcial. Jorge Goldaracena preguntó
si “quien defiende el orden tiene un tratamiento diferente
de aquel que lo ataca”.
“Los encargados de defender el orden representan el poder oficial
del Estado”, respondió Van Boven. “Como representantes
del gobierno deben cumplir con lo que prescriben las reglas, porque
si los encargados de hacer respetar la ley no la cumplen, eso produce
el descrédito del gobierno y de la ley.”
Ese criterio es el que aplicará ahora en sus tres años
de mandato al frente de uno de los organismos más importantes
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El informe
anual sobre la tortura es, habitualmente, un verdadero documento
sobre la situación de los derechos civiles y políticos.
Y, luego de los atentados del 11 de setiembre, la palabra de este
jurista que diseñó el tribunal responsable de juzgar
los crímenes en la ex Yugoslavia tendrá peso doble.
Primero, sobre las dictaduras del Tercer Mundo. Pero también
sobre los países desarrollados que restrinjan las libertades
individuales o exporten, como sucede ahora, instrumentos de tortura.
La historia no sólo le dio revancha a Van Boven. En 1982,
un joven abogado de derechos humanos refugiado en Francia combatió
el acoso de la dictadura contra el experto holandés. Casi
20 años después, como actual presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, ese abogado, Leandro Despouy, confesaría
a sus amigos que el de ayer fue uno de los días más
felices de su vida. Había repuesto a Van Boven en Naciones
Unidas.
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