Viviana Chiatti ya perdió 11 kilos. Su compañera, Graciela Caliva, 7. Desde hace 12 días cumplen una huelga de hambre en una carpa blanca montada frente a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, para pedirle “humanidad” al intendente radical Ramón Javier Mestre, de la Alianza Cambiemos. Viviana y Graciela son dos de las 57 operadoras de trolebuses despedidas “ilegalmente”por Mestre días atrás, en represalia por el paro de 9 días que llevaron adelante junto a trabajadores del transporte de la capital cordobesa, contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 por ciento de aumento para este año, según denunciaron. Viviana y Graciela acumulaban más de veinte años de antigüedad, cada una, como conductoras en la empresa de transporte municipal TAMSE: de los 68 cesanteados --sin indemnización—por la comuna, el 84 por ciento son mujeres.  “Hay una clara discriminación de género, un ensañamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compañeros, las que fueron voceras”, apunta a este diario Ana Morillo, de la comisión de Género y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisión Intersindical de Mujeres de Córdoba, que agrupa a más de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que está acompañando la lucha de las guerreras del volante.

En la carpa son cinco las trolebuseras que esperan que Mestre las reciba, para abrir una instancia de negociación que termine en la reincorporación de las despedidas, muchas de ellas jefas de hogar, con hijos pequeños a cargo, que se han quedado no solo sin trabajo, también sin cobertura integral de la obra social. “Somos cinco mujeres que tenemos historias de guerreras de la vida, que hemos sufrido violencia de género, discriminación, hambre y frío y que le estamos haciendo frente a esta situación. Es muy duro lo que está pasando. Este Gobierno busca llevar a todo un pueblo a la esclavitud. Nos despidieron por defender nuestros derechos”, señaló Graciela a Página 12. Mañana está previsto un festival artístico para apoyarlas.

El 31 por ciento de los 183 despedidos después del paro es personal femenino, cuando, en realidad, las 130 operadoras de la TAMSE representaban solo el 6 por ciento de quienes conducen el servicio público de transporte de pasajeros de la capital cordobesa. En alianza con los medios locales –que reciben abundante pauta oficial--, el intendente jugó a demonizar a las trolebuseras, cara visible del conflicto, para convertirse en el “salvador” y el “disciplinador”, frente al malestar que generó entre los usuarios del transporte público la medida de fuerza, que se extendió por más de una semana. Los videos en los que se ven a las operadoras de trolebuses bailando cuarteto se viralizaron y replicaron en páginas web y canales de noticias con clara intención de estigmatizarlas y desautorizarlas. Cuando es el presidente Mauricio Macri quien baila en un acto oficial o en la inauguración de alguna fiesta regional, esos mismos medios no lo cuestionan: lo celebran. Pero para el imaginario social, mujeres que menean la cola al ritmo de una batucada, quieren joda. Y si reclaman demandas salariales, no pueden –además-, divertirse o son poco serias.

Los trolebuses llegaron a la ciudad de Córdoba en 1989 de la mano de otro intendente radical, Ramón Bautista Mestre, padre del actual, que sorprendió al incorporar al sistema de pasajeros local –siempre desbordado--, una flota de enormes vehículos eléctricos importados de Rusia, y anunciar que serían operados por mujeres. Toda una innovación, en un gremio -–la UTA— donde los varones son mayoría y a ellas les cuesta tanto acceder a un puesto de trabajo. Un caso testigo es el de Mirtha Sisnero, en Salta: fue la primera mujer que peleó, desde el 2008, por lograr ser colectivera en el transporte público de esa capital provincial, concesionado por el municipio a siete empresas, donde el personal femenino estaba excluido al frente del volante. Su demanda llegó a la Corte Suprema, que le dio la razón y confirmó que efectivamente la discriminaban laboralmente por ser mujer, pero a pesar del fallo supremo y que su batalla le abrió la puerta a otras choferes, ella sigue sin conseguir un empleo como conductora de colectivo. A Mirta también la sancionaron –impidiéndole trabajar— y la aleccionaron por patear el tablero para reclamar trabajo en un coto masculino.

Cuando llegaron los trolebuses a Córdoba, una de las condiciones para tomar a mujeres fue que no se afiliaran al sindicato, recordó Viviana. Ella llegó a la empresa en 1992, tres años después de la inauguración del servicio, con 22 años: se acababa de morir su primera hija, recién nacida por causas médicas, y el nuevo empleo la ayudó a transitar mejor el duelo. “Me enamoré desde el primer momento que salieron los trolebuses y quise trabajar ahí. Presenté mi CV y me llamaron”, contó. Hoy es madre de dos hijas de 16 y 22 años y tiene 2 nietos, de 6 y 2 años, que ayuda a criar. Las operadoras del trolebús, finalmente, se fueron incorporando a la UTA, a pesar de aquella ilusión originaria.

En la carpa blanca, frente al edificio municipal, viven desde el 14 de julio Graciela Caliva, de 47 años madre de cinco hijos, el más pequeño de 6 años, y único sostén de su hogar; Susana Cardoso, de 54 años y con cinco hijos, el menor de 21; Sandra Márquez, de 50 años con un hermano discapacitado y su madre a cargo; Viviana Gómez, de 47 años, cuyos padres también dependen económicamente de ella, y Viviana Chiatti. Las cinco tienen entre 22 y 25 años de servicio en TAMSE.

Graciela aprendió a manejar con el camión de su ex marido. Manejó camión y colectivo antes de llegar al trolebús. “Me encanta mi trabajo”, dice a Página 12. Hacía el turno mañana de la Línea B. Está divorciada. “No solo quedé sin trabajo. También me quedé en la calle. Se me acabó el contrato del alquiler el mismo día que me echaron. Es muy inhumano el intendente. No le importan nuestras familias. Atrás de cada compañera hay niños que tienen hambre, que quieren el pan de cada día,  hay chicos con discapacidad en algunas familias, las madres están desesperadas”, describe y los ojos se le humedecen. Lleva 12 días de ayuno. Por tres meses tienen obra social, el plan básico pero después de ese plazo se la cortan. A una de las trolebuseras, que tiene un hijo con síndrome de Down, le cortaron la maestra integradora. “Humanidad”, le piden a Mestre.

El conflicto que derivó en el despido de un total de 182 empleados de las tres empresas privadas de transporte y la municipal TAMSE comenzó a principios de junio, cuando se conoció la paritaria acordada a nivel nacional por el sindicato: 21 por ciento, fraccionado en 3 partes. Pero hasta el 31 de diciembre solo cobrarán el 8 por ciento, apuntó a este diario el técnico electromecánico Luis Almada, delegado de trolebuses de la UTA. Almada también acompaña el acampe de las cinco guerreras. “Rechazamos la forma en que se aplicaba la paritaria. Decidimos el paro en asamblea, con las bases. Fueron 9 días en total y terminó con 182 despidos, con causa y hasta con el descuento de los días de huelga. El  9 de junio se firmó un acta acuerdo con las empresas: como representante del gremio la suscribió el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener. El lunes 12 nos llaman para que levantáramos el paro y todos los trabajadores quedaban adentro. Al día siguiente se levantó. La UTA nacional juntó firmas para desaforar a los delegados, utilizó a los despedidos para sacarnos los fueros”, relató Almada, la secuencia del conflicto. Por entonces, Mestre estaba sacando a la calle el servicio de transporte con gendarmes, inspectores y choferes nuevos con carnets express. Y ninguno de los cesanteados –entre ellos las 57 trolebuseras— fue reincorporado.