Así no hubiera un solo indicio acerca de lo sucedido con Santiago Maldonado, la actitud del gobierno nacional ante su desaparición lo convertiría en sospechoso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo que no le constaba que el artesano bonaerense haya estado en la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, Chubut, cuando irrumpió la Gendarmería, la mañana del 1º de agosto. Eso no es cierto: una vez que el juez federal Guido Otranto dio garantías sobre la reserva de identidad comenzaron los testimonios. Una mujer declaró el viernes que conocía a Santiago y que estaba allí en el momento de la agresión. Bullrich agregó que “hablamos con cada uno de los efectivos de Gendarmería que participaron del operativo, y ninguno dijo que estuviera vinculado con este caso”. Hablar con los gendarmes es una cordial actitud que nada tiene que ver con investigar su desempeño. También advirtió que “no vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista. Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción”. Su segundo de a bordo, Gerardo Milman, acusó a la familia y a la comunidad de no colaborar con la investigación, cosa que repetiría luego el presidente Maurizio Macrì, y sostuvo que los gendarmes que intervinieron no fueron separados de la fuerza porque no hay denuncias en su contra. En una audiencia con el hermano y la cuñada de Maldonado, Milman dijo que habían dispuesto operativos en fronteras y aeropuertos y les pidió información sobre sus amistades y posiciones políticas. Es decir que sus dos hipótesis son que Santiago podría haber salido del país en forma voluntaria o que algo habrá hecho para desaparecer. El responsable directo del operativo y jefe de gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, anunció que están preparando denuncias contra la organización Resistencia Ancestral Mapuche, y suministró al portal de Internet “InfoBAE” fotografías del material secuestrado en las humildes viviendas de la comunidad. Por la misma vía difundió que una organización con sede en Inglaterra financia a la comunidad y negó que los mapuche constituyeran uno de los pueblos indígenas argentinos cuya preexistencia étnica y cultural reconoce la Constitución.

Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, está estudiando acciones por competencia desleal contra Noceti y Daniel Hadad por la publicación del artículo “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuche que tienen en vilo a Chile y la Argentina”. Las fotografías oficiales suministradas a su vocero electrónico muestran el imponente arsenal secuestrado: modernos equipos de comunicación, como un teléfono celular de fines del siglo pasado;  varios serruchos (importados, que llegaron al país por el deficiente control de la frontera); limas, hachas, varios martillos y una hoz, además de piedras atadas con una soga. Pese a que los terroristas no cruzaron la hoz y el martillo, los investigadores hicieron la conexión que los incrimina. Noceti también se jactó del secuestro de un “Manual de la Ideología y la nueva guerra”, que según dice, “reivindica el accionar terrorista de los años 70”. Nada de eso. Su autor es el teniente coronel de ingenieros Julio Víctor Carretto. Fue condecorado por Bolivia por su trabajo como asesor luego del golpe de 1980, acompañó el motín carapintada y presidió el bloque de legisladores bonaerenses del Modin, que en 1994 vendió su voto para reformar la Constitución provincial y permitir la reelección del gobernador Eduardo Duhalde. La única reivindicación que puede hallarse en sus páginas no se refiere al “accionar terrorista” sino a la política. Es este epígrafe: “La derrota cultural es la más cruel de todas las derrotas, la única que nunca podremos superar, porque no es atribuible a la mala suerte ni a la crueldad del adversario. A la conciencia de su debilidad el vencido agrega la humillación de no esperar su salvación sino en las lecciones del vencedor cuyo talento debe odiar e imita a una misma vez”. Se entiende el pánico oficial a ambos lados de la Cordillera. 

Hace casi un siglo y medio, Juan Bautista Alberdi escribió en “Facundo y su biógrafo”, que integra sus Escritos Póstumos: “No es terrorista todo el que quiere serlo. Sólo aterra en realidad el que tiene el poder efectivo de infligir el mal impunemente”. En este caso ese poder efectivo de infligir el mal no reside en la pequeña comunidad sino en el Estado, que lo usa sin restricciones legales ni morales. Dependerá de la profundidad y calidad de la movilización social, que al menos no sea impunemente. 

Acciones y omisiones oficiales

La presencia de Maldonado en las hectáreas recuperadas por los mapuche dentro de la estancia Leleque, adquirida en 1991 por la transnacional italiana Benetton, no podía discutirse, aun antes del testimonio recibido en el juzgado. 

Amigo de una de las integrantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Santiago había llegado de visita el día anterior con un pequeño morral, no una mochila grande. El juez federal de Esquel Guido Otranto había ordenado el despeje de la ruta 40, que era objeto de cortes intermitentes en protesta por la detención de Facundo Jones Huala. Pero luego de cumplida la orden, un centenar de gendarmes también ingresaron al Pu Lof. Esa es la denominación del clan de cinco familias que reconoce a Jones Huala como lonko (en su idioma mapu dungun) o líder (en el anglicismo que incorporó la Real Academia Española). Recibidos con piedras, abrieron fuego con balas de caucho y de plomo, quemaron las humildes pertenencias de los pobladores y persiguieron a los hombres que escaparon, cruzaron el río y se dispersaron entre los matorrales. Como no conocía el lugar, la escasa hondura del cauce ni el trato que esa fuerza de inseguridad dispensa a los nativos, en vez de cruzar, Maldonado se agazapó entre las malezas. La comunidad, que observaba desde la otra margen del río, en cuanto los gendarmes se retiraron rastrilló el territorio hasta la madrugada, pero no encontró ni a Santiago ni a su morral; sólo un cuello de abrigo que llevaba consigo. En el primer rastrillaje, que Otranto encomendó a la Prefectura Naval, también se encontró un gorro de Maldonado. Un perro entrenado en el seguimiento de olores lo olfateó y encaró en forma directa hacia el sitio donde la comunidad vio por última vez al artesano. La prueba se repitió tres veces con el mismo resultado. 

Los mapuche se reunieron a la mañana siguiente del ataque para reconstruir lo sucedido:

  • No faltó ningún miembro de la comunidad.
  • Dos personas vieron cómo los gendarmes descubrieron y redujeron a un hombre escondido detrás de un árbol. 
  • Escucharon dos frases inequívocas: “Estás detenido” y “Tenemos a uno”. 
  • Otros vieron desde una lomada cómo los gendarmes golpeaban a un varón maniatado. 
  • Después de mediodía una persona que permaneció del otro lado del río vio que un camión que había ingresado al predio se acercó hasta una camioneta blanca con guardas laterales verdes y se formaron dos hileras de gendarmes entre las cuales se trasbordó un bulto. El vehículo partió rumbo a Esquel. 

Los vehículos de la Gendamería fueron lavados antes del peritaje y en uno estaba rota la faja de seguridad. Es escasa la probabilidad de que el allanamiento de instalaciones de Gendarmería, realizado por la Policía Federal diez días después del delito, suministre elementos significativos, ya que tuvieron tiempo de sobra para eliminarlos.

Ni la APDH, ni la comisión bonaerense por la Memoria, ni los familiares de Santiago dudaron de la actuación de la Gendarmería, como consta en los hábeas corpus que presentaron. Tampoco el juez y la Cámara de Apelaciones provinciales, que rehusaron intervenir porque la fuerza que actuó fue federal. El defensor oficial federal Jorge Fernando Machado, la fiscal federal Silvina Avila, y el juez federal Guido Otranto no dudan de la presencia de Santiago en el lugar durante el operativo. La única diferencia entre ellos es que mientras defensor y fiscal consideran que se trata de una desaparición forzada, el juez contempla también la posibilidad de que Santiago haya llegado a entrar al río, aunque no ha expuesto qué podría haberle sucedido a partir de ese momento.

De acuerdo con las normas del Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención contra las desapariciones forzadas, basta la sospecha para que se activen las obligaciones del Estado de investigar el caso, no como si se tratara de una Persona Extraviada (según comunicó el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj) sino como un detenido-desaparecido. Lejos de ello, el gobierno insiste en negar el hecho y tanto la ministra Bullrich como su colega Rogelio Frigerio han atribuido la denuncia a una maniobra electoral, lo cual termina de tipificar el delito de la desaparición forzada, que en los términos de la Convención comienza con la privación de la libertad cometida por agentes del Estado pero se complementa con “la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad” por parte de las autoridades. Sus mentiras y sus silencios, sus acciones y omisiones los condenan.

La responsabilidad

La comparación con la dictadura es una hipérbole inevitable. De hecho, los instrumentos jurídicos supranacionales contra la desaparición forzada de personas se inspiraron en esa práctica sistemática tanto en la Argentina como en Guatemala: la Convención Interamericana de 1994 y la Convención Internacional de 2007. El impulso argentino fue decisivo, por medio de los aportes de Rodolfo Matarollo y Adolfo Pérez Esquivel desde la sociedad civil en el primer caso y de Jorge Taiana como canciller en el segundo. Adoptada en junio de 1994 dos meses después de que se eligieran los convencionales que reformarían la Constitución Nacional, la Convención Interamericana entró en vigor con la segunda ratificación, en 1996. En 1997 el Congreso le dio rango constitucional. 

Para quienes puedan creer de buena fe la patraña oficial de que todo es una fabulación kirchnerista: 

  • Nadie hubiera podido aprovechar mejor el episodio con fines electorales que Taiana, quien se abstuvo de hacerlo.
  • El ex encargado de las escenificaciones del anterior gobierno desde la Unidad Presidente, Javier Grossman, cobró 180.000 pesos por el alquiler del palco que se utilizó en el acto del viernes.

En esa masiva concentración, que cubrió incluso la primera cuadra de las tres avenidas que desembocan en la Plaza de Mayo, se reclamó la aparición con vida de Santiago y el castigo a los responsables. En ese último rubro todos los números del sorteo los tiene el abogado Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, quien comandó en persona el operativo de la Gendarmería. Una de las fotos que acompañan esta nota fue tomada sobre la ruta 40, a la entrada de la comunidad. Pese a su mala calidad, se alcanza a ver el cartel a sus espaldas que dice estancia Leleque. 

Incluso hay dos testigos de esa presencia y de su rol de mando. Dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas se lo recriminaron a viva voz.

–No tienen derecho a detenernos sin orden de un juez –le dijo una de ellas, que se llama Soraya y suele ocuparse de tareas de comunicación.

–Sí tenemos derecho a detenerte hasta por seis horas –respondió Noceti con el mismo tono acelerado que se escucha en los reportajes que el día anterior concedió a radio Nacional de Bariloche y a la FM Sol. Allí dijo que estaba dirigiendo los operativos de individualización y captura de los mapuche que reclamaban frente al juzgado federal de Bariloche por la detención ilegal de Jones Huala. Explicó que no era necesaria una orden judicial porque se trataba de hechos de flagrancia a los que dijo que se aplicaría el artículo 213 bis del Código Penal, que amenaza con reclusión o prisión de tres a ocho años a quien integre organizaciones que sin constituir una asociación ilícita “tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Es útil saber que ese artículo fue introducido en el Código Penal en 1974 por el presidente Juan Perón como parte de su confrontación con ERP y Montoneros, organizaciones político-militares con las que Noceti y el gobierno que integra equiparan a la Resistencia Ancestral Mapuche. Jones Huala ha formulado varias declaraciones contradictorias respecto de su relación con la RAM y sus prácticas. En alguna dijo que formaba parte de esa sigla, en otras lo negó. Una vez se pronunció a favor del uso de la violencia, otra afirmó que su comunidad sólo padece la violencia institucional. Desde la cárcel de Esquel, donde realiza una huelga de hambre, le dijo a La izquierda diario, el emprendimiento periodístico del Partido de los Trabajadores Socialistas, que quienes los llaman terroristas son ignorantes o están del lado de los intereses reaccionarios. “No somos terroristas. Sí somos revolucionarios y anticapitalistas” y “reclamamos que se reconozca un conflicto político que supera a los gobernantes de turno, que existe desde mucho antes de que ellos llegaran al poder. Es el conflicto entre la nación mapuche y los estados coloniales modernos. A partir de ahí reclamamos la devolución del territorio usurpado y que nos dejen vivir como queremos”.

–¿Quieren construir un Estado dentro de otro Estado, como dice Patricia Bullrich?

–Nunca planteamos eso, sencillamente porque el Estado es una concepción occidental. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos vivir como mapuche, dentro de nuestras tierras. Nación y Estado son dos conceptos diferentes. Y si hay que construir algo diferente a este Estado, eso lo tiene que hacer la sociedad y todos los pueblos que habitan este suelo, que no somos sólo los mapuche. Mientras tanto, pedimos que al menos dentro del territorio mapuche se nos respete nuestra forma de vida y nuestras normativas. Nosotros no queremos confrontar con los argentinos pobres ni con los chilenos pobres. Ni siquiera hoy combatimos contra el Estado, sino que combatimos contra las transnacionales y los terratenientes. Combatimos contra el poder económico y político.

En las entrevistas radiales, Noceti vinculó a la RAM con extremistas kurdos, con las FARC de Colombia, con gente del anterior gobierno y con Adolfo Pérez Esquivel, notable ensalada ideológica. También la ministra Bullrich empleó la idea de “un delito in fraganti” para justificar que los gendarmes actuaran sin orden judicial. Pero se cuidó de explicar cuál habría sido ese delito. Las cinco familias del clan (eso quiere decir Pu Lof) estaban dentro de su territorio cuando los gendarmes lo asaltaron abriendo fuego. La duda es si el delito que Bullrich atribuye a la comunidad no es la recuperación de unas pocas hectáreas de la estancia Leleque, ocupada por Benetton hace un cuarto de siglo. Tendría coherencia con su historia, ya que la fortuna familiar se originó en las tierras arrebatadas a los aborígenes por el Ejército. Una parte fue entregada en forma graciosa o loteada a un décimo de su valor entre amigos y favorecedores del presidente general Julio Roca, por medio de su hermano Ataliva, nombre que Sarmiento convertirá en verbo como sinónimo de coimear. Y el resto se loteó en la casa de remates Adolfo Bullrich, creada con ese fin.