Una vez conocido el plan de gobierno del presidente Javier Milei vía DNU y proyecto de Ley Ómnibus, se suman nuevas preguntas a las muchas que dejó planteadas el resultado electoral. En este caso, nos referimos al capítulo social, el mismo que curiosamente quedó velado por la marea de disposiciones que desde el 10 de diciembre atacaron todos los frentes de la sociedad.

Hablamos de un proyecto de reforma del Estado que posibilita un plan de negocios a corto plazo, pero con pérdida de soberanía producto de cambios estructurales de largo plazo. La reforma propuesta por Milei y sus aliados electorales es económica y por eso va por todos los activos. Entendiendo por activos no solo las riquezas materiales, sino también las intangibles. De ahí que las reformas propuestas comprometan tanto patrimonio económico como cultural. Las políticas educativas, la salud pública, los logros en materia de derechos humanos y todo tipo de protecciones sociales se ven amenazadas. Atacar la identidad nacional y consolidar una matriz de desigualdad es parte de la sustentabilidad del plan.

Las condiciones para el éxito de una reforma estructural son de manual y parte del trabajo sucio ya estaba realizado antes de la irrupción del fenómeno Milei. Nos referimos al megaendeudamiento de Mauricio Macri (2018) y los condicionamientos derivados del acuerdo validado por el gobierno de Alberto Fernández (2021), con la consecuente falta de solvencia y autodeterminación para definir políticas activas y redistributivas, producto de las exigencias y los pagos al FMI. El escenario de malestar social, condición necesaria para reformas regresivas, lo sellaron tanto la pandemia como principalmente el periodo posterior, plagado de secuelas. La coyuntura electoral posibilitó cerrar esa parte del ciclo, que consistió en conferir legitimidad a los mentores de la reforma.

Sin embargo, imponer reformas regresivas requiere también de consenso político. A falta de este, se buscará profundizar la crisis para que los actores, en este caso los gobernadores provinciales, terminen aceptando las presiones a cualquier costo. Con el fracaso de este primer intento de aprobación de la megaley, estaríamos habilitando el siguiente “paso de baile” que supone más ajuste y consecuente represión. En esa línea se puede sospechar que operará la vigencia del DNU, instrumento que confiere mucho poder discrecional al Gobierno para profundizar el ajuste y así avanzar con reformas estructurales tales como: la desindustrialización, la desnacionalización de patrimonio estratégico y destrucción del sistema de seguridad y protección social. Milei, que se jacta de ser un buen lector de política económica, seguirá los pasos de manual para reformar el Estado de Bienestar, dado que según sus declaraciones, su meta es erradicar la Justicia Social de la memoria Argentina.

¿Qué rol juega en este escenario la intencional producción masiva de nuevos pobres y de un ejército de indigentes? ¿Por qué el presidente Milei socaba su base de consenso electoral sumiendo en la pobreza a muchos de sus votantes? Desde el primer día, el capítulo social estuvo claramente delineado: golpear a los movimientos sociales desfinanciando su rol articulador, mantener niveles de subsistencia de los sectores informales vía transferencias monetarias, vaciar de institucionalidad dos ministerios claves como los de Desarrollo y Educación mediante la creación de una nueva autoridad social bajo la órbita de un megaministerio llamado de Capital Humano, lo que deja expuesta su orientación promercado.

El concepto de capital humano viene del mundo de la empresa y alude al aumento del rendimiento de las personas para agregar valor de mercado a sus productos. Es así que la ministra Pettovello, entre otras omisiones, puede desentenderse de las necesidades alimentarias de niños, jóvenes y adultos que para su ideología son parte de una masa marginal súpernumeraria que no califica en el mercado. La lógica es desconcentrar la demanda (no rentable) en las provincias y municipios hasta donde se pueda. La estrategia es que, además de desactivar a los movimientos sociales como organizadores de la demanda, también hay que territorializar el conflicto social, liberando así al gobierno nacional de responsabilidades frente al mismo.

Cuando la ministra habla de individualizar pobres, evoca una herramienta de discriminación como los certificados de pobreza que durante la última dictadura habilitaban a las personas servicios básicos como el hospitalario. Bajo el mismo paradigma podríamos remitirnos a inicios del siglo pasado, época que el Presidente añora por una supuesta prosperidad. Es posible que no haya incorporado a su biblioteca el emblemático informe sobre “El estado de las clases obreras en el interior de la República” (1904), elaborado por Juan Bialet Massé (abogado y médico de origen catalán), a pedido del ministro del Interior Joaquín V. González, durante la presidencia de Julio A. Roca. Dicho informe hoy es considerado la base de la legislación laboral Argentina, pero en ese momento no hizo más que escandalizar a las clases dominantes, que vieron como una ofensa sus conclusiones, especialmente cuando el autor describe y define las condiciones de los peones rurales como de esclavitud, a la vez que denuncia la miseria en la que estaban sumidos los niños y mujeres que trabajaban en las incipientes industrias localizadas en las principales provincias. Añorar esa época es casi una confesión de parte.

* Adriana Clemente es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).