Todas las fuerzas en las calles arremetiendo contra el pueblo que quiere impedir que se apruebe un paquete de leyes que ajusta, recorta y avanza sobre derechos adquiridos y conquistados, es una imagen repetida en Latinoamérica y en otras partes del mundo; también la persecución a periodistas que pretenden informar sobre ese avasallamiento. Los ejemplos están al alcance: Colombia, México, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay, entre otrxs países latinoamericanos en los que lxs periodistas denuncian estar en riesgo y la Libertad de Prensa, a pesar de ser un derecho humano básico, no se cumple. ¿Hacia quiénes está dirigida esa violencia que despliega LLA? ¿Quiénes son lxs que reciben las balas, los gases? ¿Para quién es el show policial? ¿Cómo trasciende este discurso al ámbito digital?
La historia de nuestro país nos demuestra que cuando el ajuste es feroz, la represión policial es una de las patas para poder llevarlo adelante. Pero hoy no es sólo la violencia del brazo armado del Estado lo que está presionando contra el pueblo, que rechaza las medidas de LLA y su proyecto de gobierno. La violencia, que comenzó hace meses, toma fuerza gracias a otras medidas y actores que este poder político, frente al Estado, activa para intentar acallar a quienes están en desacuerdo, para instaurar el miedo de salir a la calle, de decir lo que pensamos, para empujarnos hacia adentro, para reforzar el individualismo como proyecto de vida. Sin embargo, para las feministas y transfeministas este relato es conocido, tanto como la construcción de redes, el cuidado y autocuidado colectivo, incluso en los lugares más conservadores. En esta nota conversamos con activistas y periodistas que insisten en recuperar y revalorar la dinámica feminista en la resistencia, la contención, el cuidado, y poner el foco en la organización colectiva para plantarnos frente al miedo que genera el proyecto de violencia de La Libertad Avanza.
¿Libertad de prensa?
“Este gobierno emprende un ataque a la libertad de prensa”, destaca María Clara Albisu, trabajadora de la Televisión Pública y dirigenta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Más de 30 periodistas de medios públicos, privados y autogestivos sufrieron impactos de bala de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos, la última semana. A esto se suma el ataque constante contra periodistas ejercido directamente por funcionarios de Gobierno, incluso el propio Presidente de la Nación, a través de intimidaciones o señalamientos. Hasta septiembre del año pasado, la Academia de Nacional Periodismo, (ADEPA) -que reúne a editores de todo el país- y FOPEA habían registrado más de 20 ataques directos a periodistas, entre insultos, amenazas o juicios civiles. “La estrategia en el ámbito digital es notable, a eso se suma la represión en las calles y por último el quebranto y el ahogo de empresas periodísticas a partir de la suspensión de la pauta, políticas como el FOMECA y el intento de privatización del Sistema de medios públicos”, que según Clara son las 4 patas que utiliza el Gobierno para resentir la libertad de expresión, la libertad de prensa y desacreditar el trabajo periodístico. Un sector que, además, viene afectado por la precarización laboral y el sobreempleo.
“Para LLA, los trabajadores de prensa somos un obstáculo, en particular las mujeres periodistas, por las características del dogma y la ideología del gobierno libertario”, advierte Clara y agrega que desde el sindicato se están organizando ante el aumento del hostigamiento digital reflejado directamente en redes sociales, artículos, cuentas personales y de medios. Se trata de una problemática global que afecta al 72% de las periodistas, según la UNESCO. Un tipo de violencia que no sólo tiene repercusiones virtuales, sino que también afecta físicamente a las víctimas, sus familias y colegas, buscando silenciar el disenso y disciplinar. En ese sentido, desde el sindicato reciben denuncias y brindan acompañamiento a víctimas de violencia digital. “El modelo económico que promueven no cierra sin esa represión, sin abonar a la desinformación; atacan nuestro trabajo chequeado, con fuentes, con responsabilidad informativa, para instalar sus propias posverdades que justifican su accionar, contrario a los intereses del pueblo y de la Nación”. Por el lado discursivo, recientemente atacó a Silvia Mercado y Luisa Corradini, periodistas de La Nación, y María O'Donnell, conductora en la radio Urbana Play. Una narrativa que se traslada a sus seguidores, que arremeten en contra de otras periodistas a través de las redes sociales. Lo que se habilitó es un discurso que busca desacreditar, subestimar y perseguir a lxs trabajadorxs de prensa. Sobre todo si se trata de medios comunitarios y cooperativos.
El pasado 25 de enero, el diario local Sur Capitalino recibió una amenaza telefónica. Se trata de una cooperativa, un medio de comunicación autogestivo que cumple 34 años informando en la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires. El texto anónimo decía "Che! Sur capitalino, ojo chikxs, me parece que no llegan a los 34 años de periodismo, ojo! VILLARRUEL". Según Martina Noailles, editora periodística del periódico que sale impreso y en versión web, se trató de un ataque a la libertad de expresión que busca generar miedo. “No es un mensaje aislado, está en el marco de una violencia política creciente. Un discurso habilitado desde arriba, desde el Presidente que le da lugar a los mensajes de odio. El nombre de ´VILLARRUEL´ tampoco es casual, remite a una cuestión represiva y de persecución." Hicieron la denuncia en la fiscalía y están esperando la respuesta de la investigación. Esto les generó miedo, pero también un alerta para continuar apostando a la organización. “Hay que seguir adelante, contando lo que está pasando, sabemos que somos un montón, no estamos solos”, dice optimista.
Un mapa de la violencia
En septiembre del año pasado, un grupo de investigadores y periodistas publicaron la plataforma Radar (Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas), un trabajo minucioso que de manera colaborativa y federal recopila hechos de violencia en manos de la derecha radicalizada, individuos o grupos de derecha que buscan representar sus ideas a través del silenciamiento y el amedrentamiento de cualquier persona que piense distinto. Crearon, con esa información, un mapa digital de hechos geolocalizables y cuentan con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El registro busca contribuir al diagnóstico colectivo y la elaboración de estrategias de autocuidado. El próximo paso es incluir en este relevamiento los ataques que se producen en el ámbito digital que, según sus integrantes, aumentaron fuertemente los últimos meses.
"Creemos que la pandemia fue un hecho aglutinante para estas derechas radicalizadas que empezaron a organizarse y a tomar acción, ciertos discursos con influencia de movimientos de extrema derecha internacionales que empezaron a encontrar lugar acá", dice Martina, que forma parte de Radar y prefiere no dar su apellido por una cuestión de cuidado. Le parece importante aclarar que no son hechos aislados, y pone como ejemplo el intento de magnicidio a Cristina Fernández, que tampoco lo fue. “Estamos a merced de que vuelva a ocurrir, porque ese hecho dio cuenta de la desarticulación del sistema político”.
Estos datos dan cuenta de un discurso mayoritario en redes, o en el discurso oficial que habilita ataques que nos afectan directamente en el cotidiano. Los casos están divididos en categorías: negacionismo, contraidentidades políticas, racismo, misoginia, antifeminismo y anti lgbtiq+, nazismo, antisemitismo y supremacismo. Estos últimos meses decidieron desarmar la llamada identidades políticas y hacer una categoría exclusiva para violencia sobre periodistas porque pudieron observar que aumentaba. “Es alarmante, abarcan desde agresiones físicas hasta amenazas de muerte e insultos al cruzarse con ellos”, plantea Martina.
Gabriela Mitidieri forma parte del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y participa de las investigaciones que se desprenden del mapeo. Las localizan cronológicamente para ir testeando algunas hipótesis, y poder pensar las conexiones entre distintos grupos dispersos de estas nuevas fuerzas de ultraderecha que encontraron una cohesión, cuenta. También asegura que como feministas ya los conocimos durante la militancia por el derecho al aborto. En ese entonces muchas periodistas fueron amenazadas, perseguidas por su labor, también funcionarias, profesionalxs de la salud o ciudadanxs que llevaban el pañuelo verde en la mochila, o buscaban acceder a una ILE. “Existe mucha tradición de autocuidado y autodefensa digital y no digital, insumos para recuperar, actualizar y circular”, defiende.
El espectáculo policial y de seguridad guionado por Patricia Bullrich y protagonizado por distintas fuerzas de seguridad durante estas semanas, mientras en el Congreso se aprueba delegar las facultades legislativas en favor del Ejecutivo, es para las entrevistadas un punto novedoso. “Aparece una combinación entre ataques de civiles con un foco concreto de parte de las fuerzas represivas a quienes estén cubriendo la marcha, son un foco de ataque. Desde Radar nos preguntamos cuál es la división del trabajo de las fuerzas y de qué manera podemos generar estrategias para defendernos”, dice Gabriela sobre la actitud policial que pretende ser aleccionadora para quienes trabajamos en los medios, un accionar posteriormente justificado y arengado en redes sociales por la misma fuerza política y sus seguidores, u operadores políticos libertarios, como es el caso de Agustín Laje, que este fin de semana expresó que fue placentero ver la represión en las afueras del Congreso.
Violencia digital ¿cómo nos afecta?
Para La Libertad Avanza, las redes sociales son un arma fundamental. Emergió como un fenómeno político que utiliza estas plataformas acaparando casi todos los frentes, sus bastiones Tiktok y Twitter. A través de militancia orgánica, bots y trolls logran generar noticias falsas, amedrentar y atacar a todxs lxs que piensan distinto. El periodismo feminista es uno de sus principales “enemigos”, palabra que usó el presidente en Davos. Desde Radar, aún no relevan información sobre la violencia digital, sin embargo tienen caracterizados estos ataques y están pensando de qué manera integrarlos. En el CELS se están dado discusiones en torno a diferentes tácticas digitales a través de las que se ejerce violencia contra periodistas: una de ellas es el doxeo, una estrategia de ciberataque que consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional.
Según Gabriela, desde el CELS retomaron las conversaciones y acciones sobre estas cuestiones. “¿Cuáles son las herramientas jurídicas de protección y respuesta frente a estos ataques? Así como hay momentos de avances en materias de derechos, hay momentos donde tenemos que luchar para que esos derechos estén.” Investigar de qué sectores provienen, qué se puede hacer para evitarlos y qué medidas tomar, una vez que ya sucedió para manejarlo, son algunos de los niveles de discusión y trabajo que están abordando. Gabriela añade que es también una invitación a repensar la manera en que usamos las redes sociales, cómo registramos información y brindamos datos a través de todas las aplicaciones. Ante el avance de un relato que rompe con acuerdos y consensos comunes y pone en riesgo nuestra integridad, consideran necesario tomar ciertos recaudos.
Un caso extremo es el de la periodista feminista Luciana Peker, que debido a la persecución que vive desde hace meses, decidió irse del país. “Tengo amenazas que están comprobadas por la Justicia, donde se demuestra que provienen de sectores ligados a las fuerzas de seguridad. La jueza a mitad de año dictaminó que eran sectores organizados y que hoy están ligados al poder”, sostuvo Peker durante una entrevista. También señaló que las periodistas feministas estamos en la primera línea digital al estar expuestas en lo público y sufrir amenazas y persecución, sin ninguna protección.
¿Cómo seguir?
“Lo peor del miedo es el aislamiento, sentir que tenés que responder sola frente a ese ataque”, explica Gabriela. Muchas veces no se le da entidad suficiente a este tipo de denuncias, pareciera que no es suficiente una amenaza virtual. Sin embargo, todas las entrevistadas coinciden en que la violencia digital siempre tiene un correlato en términos subjetivos, tu cuerpo que lee y recibe esa violencia, y la sensación concreta de que estás expuesta y que sos vulnerable también en el espacio físico en el que te movés. “Casos como el de Peker tienen una finalidad aleccionadora, la finalidad de que el resto de las periodistas feministas sientan miedo y se replanteen su labor, no solamente respecto de los periodistas, sino de todo el resto de ataques que registramos”, destaca Martina, y subraya que el fin de estas violencias es amedrentar y callar a quienes cuestionan al Gobierno.
Es ahí cuando emerge la necesidad de retomar, “desempolvar”, poner en práctica nuevamente las estrategias de autocuidado que las organizaciones feministas, transfeministas y populares, conocen hace muchos años: “Para nosotras es lo natural organizarnos, cuidarnos, entonces queda agarrar esos recursos que ya tenemos, tratar de actualizarlos y ponerlos en práctica”. Gabriela recupera un trabajo que publicó Latfem en 2020 junto con la Red de periodistas feministas de Latinoamérica y el Caribe, se trata de un kit de cuidados digitales. La salida es colectiva, y la búsqueda de estrategias comunitarias, de cuidado y contención son parte, también, del acervo feminista y transfeminista.
Frente al miedo, organización
La subida tan rápida de la ultraderecha, la puesta en duda de acuerdos sociales que dábamos por sentado y el cuestionamiento de discusiones que creíamos dadas, nos ponen en alerta. La velocidad de los acontecimientos parece no dar tregua para decantar este cambio abrupto en los discursos sociales. Sin embargo, las respuestas están, existen, y hay muchas personas trabajando de forma conjunta para afrontar este momento crítico. Sobre este tema, la historiadora e integrante del CELS manifiesta que “frente al miedo que nos acecha, la respuesta es tratar de no exponernos, pensar colectivamente, circular protocolos de autocuidado, insumos a recuperar, actualizar y poner en conversación. Es un momento que tiene semejanzas con otros momentos que vivimos como feministas y que vivieron otros compañerxs en América Latina frente al avance de la ultraderecha”. Martina, por su parte, asegura que “el riesgo se puede reducir, pero nunca eliminar, aunque los fueros de la libertad de expresión deberían de protegernos”.
Si ir contra periodistas es inconstitucional, más allá de los sindicatos y asociaciones de prensa, ¿qué pasa en el Congreso? Sabemos que hoy el funcionamiento es limitado. Comisiones como la de Libertad de Expresión o la de Derechos Humanos aún no fueron conformadas. Sin embargo vale preguntarse ¿qué hacen los poderes del Estado cuando desde el Ejecutivo arremeten contra periodistas, cuando las herramientas existen pero no son utilizadas?
El contexto de discursos de odio propiciados por el Gobierno a través de las redes sociales, medios de comunicación, desde antes de ser electo, avalaron todo este tiempo una narrativa agresiva, negacionista, odiante, machista, que puso en cuestión algunos acuerdos básicos de convivencia y del sentido común. El señalamiento dirigido y explícito sobre sindicalistas, militantes, periodistas, feministas, organizaciones populares, a toda persona que busca organizarse de manera colectiva, va en aumento. Si le sumamos a eso el contexto de ajuste, despidos, suba de precios, el combo es explosivo, la desesperación e incertidumbre se transforman en un sentir cotidiano que en muchos casos abruma. La contracara de ese malestar, una vez más, es la organización. Son incontables las asambleas barriales, regionales, que se construyeron estos últimos meses. También el diálogo constante entre organizaciones sindicales, los espacios de diálogo, la búsqueda de una salida colectiva ante el discurso de una jaula que promete libertad.
