La Justicia porteña volvió a ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que solucione el "riesgo eléctrico" con el que conviven día a día los vecinos y vecinas de la Villa 21-24. En una causa que ya carga catorce años de litigio judicial con fallos de primera, segunda y tercera instancia, el gobierno porteño sigue sin elaborar el proyecto integral para arreglar los graves desperfectos eléctricos del barrio popular más grande de la ciudad. Cables expuestos y en mal estado, falta de elementos de seguridad o disyuntores, y postes caídos, entre otras falencias, llevan a que los vecinos y vecinas tengan que convivir periódicamente con cortocircuitos, incendios y hasta electrocuciones. 

El origen de la causa se remonta al año 2010, cuando la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una acción de amparo para reclamar que el GCBA solucione los problemas. El Ministerio Público de la Defensa (MPD), en tanto, actúa en representación de la junta vecinal del barrio, que pese a haber conseguido una innumerable cantidad de fallos, intimaciones y multas, aún no logra que el gobierno porteño cumpla con las soluciones. "Hay una sentencia judicial desde 2013, confirmada por la Cámara y por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en 2018, que obliga al GCBA a presentar un proyecto eléctrico adecuado", recuerda a Página 12 Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial del MPD. 

La última novedad judicial llegó en el mismo sentido que todas las anteriores: el Juzgado N°4 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Elena Liberatori, volvió a intimar al GCBA para que elabore y presente "el proyecto eléctrico adecuado para solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad existente". Además, la jueza insistió en que ese proyecto debe ser validado por el ENRE y en que el gobierno porteño tiene que conformar una mesa técnica de trabajo para elaborar el proyecto. 

"El riesgo eléctrico es la posibilidad de accidentes por las fallas en el sistema y en el tendido. El suministro le corresponde a Edesur, pero la empresa lleva la electricidad a los transformadores y, después, todas las redes internas hasta los domicilios particulares le corresponden al GCBA, que tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones con los parámetros de seguridad que hay en toda la ciudad", explica el defensor, a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social (UEPIS).

En diciembre de 2023, el MPD volvió a realizar un relevamiento en la 21-24 para verificar las condiciones del tendido: "Hay postes de luz caídos, todos los elementos de seguridad están en mal estado o directamente no están, cables expuestos, caídos o a baja altura. Todas cosas que pueden generar distintos problemas, desde electrocución hasta sobrecargas de las líneas, falta de servicio o incendios", precisa Dos Santos Freire, que advierte que "la situación de riesgo eléctrico sigue siendo grave". 

En enero de este año, sin ir más lejos, los vecinos y vecinas sufrieron un accidente que preocupó a todo el barrio, cuando un niño resultó electrocutado por el contacto con elementos en malas condiciones y se salvó de milagro. Ese tipo de casos se vienen repitiendo en la última década, lo que se suma a los diversos incendios que se produjeron en el barrio ubicado en Barracas. Entre 2019 y 2020, tras el fallo del TSJ, el GCBA realizó un relevamiento y algunas obras en el sector conocido como Tierra Amarilla, pero desde el MPD advierten que en el lugar todavía persiste el "riesgo eléctrico" porque las obras realizados "coexisten con factores de riesgo que no han sido removidos o anulados".

Según consta en el informe técnico resultado del relevamiento del MPD, "el 55 por ciento de las líneas relevadas presentó tres o más postes en mal estado". "Esto es, entre otras cuestiones: postes con material inadecuado, con indebida distancia de otros elementos. inclinados, quebrados, podridos y/o con la base deteriorada", precisa el informe. En cuanto al cableado, en tanto, los técnicos del MPD advierten que en el 73 por ciento de las líneas recabadas "se observaron tres o más elementos en mal estado".