Como viene haciendo en anteriores movilizaciones, durante la Marcha Federal Universitaria del martes 23 de abril el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) estará monitoreando el accionar de las fuerzas de seguridad. Lo hará articuladamente con el Mecanismo Local de CABA y con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Al igual que en anteriores oportunidades, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia difundió los números telefónicos de la guardia jurídica por si alguien es reprimido o detenido.
El viernes pasado, el Comité envío sendos pedidos de informes a los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad requiriendo detalles acerca de quiénes serán los responsables del operativo, la cantidad de efectivos y las divisiones intervinientes, así como el tipo de armamento y equipamiento que se usará, entre otros aspectos. El monitoreo que hará el Comité se enmarca dentro de las facultades legales otorgadas por la Ley 26.827, de acuerdo a la Guía para el control del uso de la fuerza que emitió el organismo recientemente.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la CPM elaboró tres informes con el detalle y las cifras de los operativos represivos. El último se refirió a lo ocurrido frente al Ministerio de Capital Humano el 10 de abril, cuando uno de los manifestantes perdió un ojo, otros fueron brutalmente golpeados, al igual que una decena de cronistas y reporteros gráficos. "La violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamiento de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose. Como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina) presentes en el lugar fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones", describió el organismo.
En esta oportunidad, el gobierno de la Ciudad habría anticipado que no se concretará despliegue policial en tanto las organizaciones convocantes solicitaron permiso.
