Esta nota busca contribuir con algunas ideas en relación al análisis de la política económica de la primera parte de la gestión del Frente de Todos. El gobierno peronista dejó varias aristas abiertas que hoy siguen presentes en la agenda pública. Resolverlas requiere encarar el debate con humildad y consciencia de que la responsabilidad de la decepción es compartida por todos sus integrantes sin excepción.

La tasa de pobreza registrada en el primer semestre de 2022, poco antes de la renuncia de Martín Guzmán, era del 36,5 por ciento, 5,5 puntos menor que la del peor momento de la pandemia, pero un punto mayor que la heredada por Alberto Fernández el segundo semestre de 2019 y más de 10 puntos superior a la del segundo semestre de 2017.

¿De qué depende la pobreza? Negativamente del PBI per cápita, porque si la economía se agranda hay más bienes y servicios para repartir entre la misma cantidad de personas, y negativamente de la progresividad en la distribución del ingreso, ya que una economía más equitativa implica que algunos estratos bajos superan el umbral.

¿Cómo evolucionaron estas variables durante la gestión de Guzmán? La economía creció, aunque no demasiado, jugando a favor de reducir la pobreza, y la distribución del ingreso empeoró, jugando a favor de aumentarla.

Política distributiva

La política distributiva fue uno de los puntos más debatidos sobre la gestión Guzmán, lo cual cobra relevancia si se recuerda que la recuperación del salario real fue uno de los pilares centrales de la campaña del Frente de Todos en 2019. En relación con esto, hacia finales de 2020 surgió la demanda de poner en orden algunos precios relativos de la economía (salarios, jubilaciones, alimentos y tarifas), de modo tal de subordinar la economía a aquel pilar.

Se concebía que desde 2017 habían sido fuertemente modificados en contra de los intereses asalariados y que por la pandemia no habían podido ser abordados correctamente. Aquel 2021 prometía ser el año de la recuperación y era vital que el crecimiento fuera distribuido equitativamente.

Sin embargo, los datos muestran que para 2022 la caída del salario real y de las jubilaciones se profundizó en 2 y 3 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a la caída previa registrada desde el entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019.

Además, hubo un marcado encarecimiento de los alimentos en términos reales que ocurrió íntegramente durante la gestión de Guzmán. Al mismo tiempo, hubo un sostenido congelamiento tarifario, aunque no planificado por el ministro, sino impuesto desde otros sectores de la coalición. ¿A qué se debieron las dificultades para subir el salario real, las jubilaciones y cuidar la mesa de los argentinos durante esta primera etapa del gobierno de Alberto Fernández?

Razones

A partir de 2018, con la crisis cambiaria, el dólar oficial comenzó a aumentar más rápido que la inflación. Hacia el segundo semestre de 2020, la divisa era un 47 por ciento más cara en términos reales con respecto al primer semestre de 2017, mientras que el precio de los alimentos había aumentado un 5 por ciento en términos reales en el mismo periodo.

En ese momento, la gestión económica decidió dar lugar a un proceso de apreciación cambiaria, es decir, disminuir el ritmo devaluatorio con respecto a la inflación, de modo tal de moderar las subas de precios y aumentar el salario real.

En la cabeza del equipo económico, una apreciación del tipo de cambio real implicaba precios de exportación más baratos para los exportadores de alimentos y, por ley de precio único, una caída real de estos en Argentina. Al mismo tiempo, el abaratamiento de las importaciones permitía hacer crecer a la industria y generar empleo. Por último, la moderación de la inflación iba a sentar las bases para que los sindicatos puedan negociar aumentos más favorables.

En definitiva, la apreciación transfiere recursos desde los sectores exportadores que cobran en dólares hacia los importadores y el sector no transable. La estrategia no carecía de sentido y había funcionado durante el kirchnerismo. ¿Por qué habría de fallar esta vez?

La tabla muestra que, lamentablemente, la estrategia tomada no dio los resultados esperados. A comparación del período comprendido entre el segundo semestre de 2009 y de 2015, cuando el dólar cayó un 38,7 por ciento en términos reales y los salarios crecieron un 29,4 por ciento, entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022 el dólar cayó un 25,4 por ciento en términos reales al tiempo que los salarios cayeron un 0,2 por ciento. La transferencia de recursos buscada por la apreciación nunca llegó al sector asalariado.

¿A qué se debe todo esto? Probablemente, una parte no menor se deba a la mayor inestabilidad macroeconómica que dio lugar a un régimen inflacionario donde los precios empezaron a aumentar con mayor velocidad en detrimento de los asalariados. Pero hay un factor adicional: el aumento internacional del precio de los alimentos a partir de la salida de la pandemia primero y con la guerra de Ucrania después. El precio de la soja creció más de un 80 por ciento durante la gestión de Martín Guzmán, y en la misma dirección evolucionaron el maíz y el trigo.

Dado que los exportadores van a vender al mercado interno al mismo precio que al extranjero, si el precio en dólares de los alimentos empieza a aumentar, la política cambiaria pierde eficacia para combatir la inflación. Los dólares se abaratan en pesos, pero los alimentos se encarecen en dólares, dificultando el aumento del salario real.

La otra alternativa que no fue implementada consiste en desacoplar el precio internacional de los alimentos del local a través de un aumento de las retenciones. Es una opción fiscalmente sostenible, ya que estas incrementan y no reducen la recaudación del fisco, pero requieren de fortaleza política para implementarlas.

Prudencia fiscal

Probablemente Guzmán tenga razón en algo: a partir de 2019, producto de un endeudamiento insostenible en moneda extranjera y de la pandemia, las restricciones macroeconómicas se recrudecieron. Ahora bien, si este diagnóstico es correcto y estuvo presente en la conducción de la cartera de economía durante toda la presidencia de Alberto Fernández, no se explica la ausencia total de una agenda clara en materia de política tributaria.

La estructura impositiva de 2021 fue prácticamente idéntica a la de 2019: regresiva, con fuerte dependencia del IVA y escasa incidencia de impuestos progresivos como ganancias (con alícuotas más altas para sectores ricos) o impuestos a la propiedad.

Evidentemente no es fácil dar la discusión de una reforma tributaria en el Congreso. Requiere de apoyo social, militancia, consensos y articulación con actores de la sociedad civil. Se habría tratado de una reforma estructural que habría causado resistencias por parte de la oposición política y de sectores de altos ingresos perjudicados.

Sin embargo, la estrategia oficial de moderar el aumento del gasto público y esperar a que el propio crecimiento económico dé lugar a un aumento de la recaudación hasta llegar al superávit primario tras varios años virtuosos, ofreciendo así una señal positiva a los mercados internacionales de crédito, tampoco tuvo el resultado esperado.

Si el ajuste era en algún punto inevitable, la política debía haber elegido con determinación sobre qué actores debería recaer. Esa firmeza para elegir la tiene hoy el actual oficialismo y perjudica a los sectores mayoritarios de la sociedad.

*Economista del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN).