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El juez federal Daniel Rafecas se defendió y respondió preguntas en el Consejo de la Magistratura. El respeto y hasta el buen trato caracterizaron a la audiencia, concuerdan participantes y asistentes. En términos deportivos, el magistrado les dio un baile y goleó a sus acusadores que a menudo dejaron la sensación de no haber ido preparados. La excelente crónica de la colega Irina Hauser publicada anteayer en PáginaI12 da debida cuenta de lo sucedido.
Rafecas les explicó, agregando documentos probatorios, que no fue parcial al rechazar sin abrir a prueba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Obró de modo similar ante dos presentaciones contra el mismísimo presidente Mauricio Macri y otra contra la diputada Elisa Carrió.
Le recriminaban apuro para decidir, informó que el plazo procesal respectivo es de tres días y que se excedió un poco pero que la celeridad es exigencia normativa.
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Es altamente inusual (aunque no imposible) que proceda sancionar a un juez por una sentencia. Jamás sería justo hacerlo por su contenido pero puede suceder que la resolución trasunte un obrar delictivo. La divergencia de criterios jamás puede fundar una sanción disciplinaria, ni hablar de la remoción. Menos aún si, como en este caso, proviene de un juez de primera instancia.
La confirmación ulterior por la Cámara y el desistimiento del recurso del Fiscal que actuaba ante Casación corroboran que el criterio de Rafecas era razonable aunque siempre pueden mediar criterios divergentes.
Si la doctrina de los acusadores fuera correcta habría que iniciar juicio político urgente contra los integrantes de la Corte que sentenciaron a favor de la aplicabilidad del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. Decisión desacreditada en la sociedad, anulada por una ley votada casi unánimemente, dejada ya de lado por muchos tribunales inferiores con mejor criterio y más apego a derecho que los tres cortesanos que hicieron mayoría.
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Rafecas es docente en varias facultades, un académico prestigioso. Estudioso, austero, no tiene terminal política, no confraterniza con los Servicios de Inteligencia, es ilustrado, escribe más que bien… se diferencia mucho del promedio de los colegas de Comodoro Py. Investigó y estudió mucho en materia de Derechos Humanos, publicó entre otros un formidable libro titulado “Historia de la solución final”.
Ya tuvo otras denuncias porque no hace tanto tiempo tuvo la osadía de impulsar la causa Ciccone que implicaba al entonces vicepresidente Amado Boudou. Casi en paralelo, produjo una instrucción notable en el proceso por las coimas en el Senado con el ex presidente Fernando de la Rúa entre los procesados y elevó el expediente a juicio oral. La coherencia pudo costarle caro: por entonces concitó un infrecuente odio bipartidista que lo puso en jaque aunque salió airoso. Ahora el macrismo va por él, con la cooperación de los correligionarios boinas blancas.
La Comisión acusadora necesita mayoría simple de votos (cinco de nueve miembros) para llevar al Plenario juzgador a Rafecas. Posiblemente los obtenga, justito, con disidencia de los representantes de los jueces, abogados y académicos aunque todos guardan prudente silencio. Para destituir al Magistrado hace falta mayoría calificada del Plenario, dos tercios. Aun en la Argentina de hoy parece difícil que se consume tamaña injusticia.
El afán de Macri es conseguir vacantes en los Tribunales, de cualquier modo, para homogeneizar el Poder Judicial y poblarlo de magistrados adictos. Si son egresados del Colegio Cardenal Newman o de la Universidad Católica Argentina, mejor.
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Mientras se fabula por escrito sobre una guerra internacional entre Irán y Argentina para justificar procesamientos inicuos, se relega al olvido el juicio por encubrimiento en el primer juicio oral por el atentado a la AMIA. Ahorramos referencias para abreviar, pero se trata de maniobras comprobadas, hasta filmadas, que concertaron el ex juez de la servilleta Juan José Galeano, funcionarios del gobierno de Carlos Menem, empezando por el ex presidente. El ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, está acusado, con evidencias rotundas, de haber participado en la movida.
La lucha por la verdad la sostuvieron distintas organizaciones de familiares de las víctimas: Memoria Activa, APEMIA, la encabezada por Sergio Burstein. Nunca bajaron la guardia, nunca s plegaron a la complicidad de la dirigencia comunitaria.
Muchos que callaron durante años o décadas iniciaron ahora una falsa cruzada por la verdad que no les importa. El juicio a Rafecas forma parte de un tablero más amplio con jugadores nacionales y la Embajada de Estados Unidos haciendo pressing.
Todo transcurre en el contexto de una cotidiana degradación de la administración de justicia.
