Elizabeth Johanna Vieyra Rodríguez tenía que rendir anteayer su último examen para recibirse de profesora de geografía. Tiene un hijo de siete años, vive amuchada con su familia, hermanas incluidas, y suele hacer suplencias como docente. Lo que menos imaginó cuando iba para la manifestación contra la reforma previsional era que terminaría en el calabozo. En la tarde del jueves, mientras buscaba entre la multitud la columna del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 103 de Lomas de Zamora, quedó con otros dos compañeros bajo una nube de gases lacrimógenos y entre los empujones de una hilera de policías. Se refugiaron en el local de bijouterie “Clandestine”, pero los agentes entraron y se los llevaron sin más. 

La directora del instituto, Carmen Galván, le mandó una carta al juez Claudio Bonadio, que hasta ayer los tenía detenidos y los indagaba junto con otra veintena de personas en igual situación, mientras ordenaba a la vez allanamientos en al menos tres domicilioss. “Le ruego tenga a bien expedirse favorablemente por el beneficio de la libertad”, pide el texto en alusión a sus alumnos sobre quienes quiso transmitirle al juez “el buen nombre y respeto”. “Le hago saber la preocupación de la Comunidad Educativa y de mi persona por la situación de los alumnos detenidos -le dice con simpleza- especialmente cuando reciben una formación docente que les enseña a defender sus derechos y a manifestarse libremente ante las autoridades”. A la noche se habían concedido más de quince excarcelaciones y rechazado al menos otras cinco.  

Al final de la carta, la directora le avisa a Bonadio que ya le habilitó a Elizabeth una fecha especial esta semana para que pueda rendir el examen y graduarse. Cuando caía la noche ayer en Comodoro Py, a ella le anunciaron que le darían la excarcelación. A su novio se la negaron porque dio como domicilio propio el de ella. A gran parte de los 22 indagados ayer los sorprendieron con dos preguntas: “¿Milita en alguna organización o partido político?” “¿Sabía qué se discutía en el Congreso?” Las respuestas fueron tan variadas como los detenidos: al menos cuatro hombres en situación de calle, docentes, músicos, estudiantes, bibliotecarios, laburantes de rubros disímiles (desde un herrero a un taxista). La imputación fue igual para todos: los principales delitos atribuidos, muy usados desde que Cambiemos llegó al Gobierno, son “intimidación pública” y “atentado y resistencia a la autoridad”, combinados con lesiones y daños. Pero la descripción del juez es casi igual y genérica para todos: provocar a los agentes, causar temor, arrojar objetos, quemar tachos de basura y buscar impedir que el Congreso sesione.

La mayoría de las declaraciones vuelven mostrar que, como en la marcha del 1 de septiembre por Santiago Maldonado, las detenciones fueron al voleo e incluyeron a personas que ni siquiera se estaban manifestando, como el  elocuente caso de Damiana Negrin Barcellos, la estudiante que volvía a su casa y fue agarrada por gendarmes cuando tropezó con una moto. El video que muestra una legión de efectivos cargándola al camión, detenida, mientras ella grita sin consuelo, se viralizó y retrata el cariz de los sucesos.

Néstor Villanueva, de 45 años, es taxista y aficionado a la fotografía, igual que su compañera. Es uno de los excarcelados. En el banquillo de Bonadio explicó que el jueves decidió bajarse del auto por Bartolomé Mitre y Callao a sacar fotos y filmar. Estaba parado, tomando imágenes, cuando un grupo de policías motorizados lo detuvo. El acta policial dice que fue apresado a las 17, pero era por lo menos una hora más temprano. También señala que quemó tachos y arrojó cosas, de lo que no mostraron ni una prueba. Ya es un clásico que las fuerzas ataquen a quienes toman imágenes en las movilizaciones, también periodistas.

El edificio de los tribunales donde suelen desfilar también los funcionarios acusados por casos de corrupción tenía un movimiento inusual para un sábado, lleno de abogados y gente que se acercaba a dar apoyo y reclamar contra las detenciones. Pero el cuarto piso, donde Bonadio pasó unas horas, estaba plagado de policías que formaban un cerco para impedir el paso. A media tarde un detenido tuvo una crisis nerviosa y la noticia llegó a su abogada antes de que lo llevaran al juzgado. Es un chico de 18 años, músico (toca guitarra y bajo), Esteban Navarro, que pedía ver a su mamá, pero el Servicio Penitenciario no lo dejaba. Había ido solo a la zona del Congreso a la movilización. En el momento de la desconcentración, cuando volvía para tomarse el subte por Avenida de Mayo y Lima, recibió balazos de goma por la espalda, según relató en la indagatoria. También describió una escena curiosa: vio cómo la policía reducía a una mujer, que les decía que era gendarme pero estaba de civil, y que finalmente recibió atención. La mayoría de los detenidos heridos con balazos de goma y golpes tardaron por lo menos un día en ser revisados por un médico legista.

Allanamientos y pruebas

Susana Vidal es bibliotecaria y está afiliada a la Asociación docente Ademys. Había ido a la medianoche del jueves a la comisaría 4, en Tacuarí 770, a reclamar la libertad de uno de los detenidos durante la represión. A las cuatro de la mañana del viernes se sentó a comer algo mientras esperaba con otras personas cuando aparecieron policías de civil que se le abalanzaron y la detuvieron entre insultos. Eso relataba ayer en el juzgado de Bonadio cuando en simultáneo el juez mandaba a allanar su casa. La acusa de pintar un móvil policial, arrojar objetos y, además, haber estado en la marcha con el fin (delictivo según la descripción judicial) de evitar que el Congreso sesionara. Es decir, la policía la vio frente a la seccional, pero el acta asegura que estuvo en la marcha unas doce horas antes. En la casa de Susana el allanamiento lo presenció su hijo. Les contó a los abogados que buscaban molotovs pero no encontraron nada. Al final la excarcelaron. 

Al menos dos detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad les “plantaron” pruebas para comprometerlos. María Giménez Brites tiene 24 años, es herrera y trabaja en Merlo. Fue con su pareja, también herrero, a la movilización. Camino al subte, los rozaron los disparos y se metieron en un quiosco en Lima y Avenida de Mayo, pero entró la policía. Adentro del comercio María recibió 15 disparos de balas de goma, según declaró. A su compañero lo golpearon, a ambos los precintaron y los dejaron al lado de la entrada del subte. María relató que los policías los rodaron de palos y piedras que levantaban de la calle para luego entregarlos como “pruebas”. 

Esteban, de 19 años, que aspira a seguir la carrera militar, vive en Morón y una vez al mes viaja a Capital para comer y pasear por el Obelisco. El jueves tomó el subte A y se equivocó de estación. Bajó en Sáenz Peña y se encontró en medio de gases lacrimógenos y disparos. Al ver que un agente de Gendarmería agredía a una mujer mayor quiso frenarlo y se ganó una imputación con arresto: “Vos tiraste botellazos”, le adjudicaron. Terminó en el edificio Centinela y al llegar le devolvieron su mochila. Dentro de ella aparecieron piedras y panfletos de distintas agrupaciones, sucios y pisoteados, con consignas políticas. Le aseguró al juez que se los plantó Gendarmería, pero rechazó excarcelarlo.

Los sin techo detenidos

El primer día de indagatorias llegaron al juzgado de Bonadio dos indigentes. Uno de ellos llevaba unas 48 horas sin comer. Mario Córdoba fue detenido mientras esperaba las sobras en la puerta de un local de McDonald’s. Rubén Moraes creía que, como todos los días, podría acceder a la olla popular de la plaza de los dos Congresos. Caminaba en medio del gentío, cuando se abrió un vallado y fue arrastrado por la marea, donde la Gendarmería lo detuvo. Ayer fueron indagados otros dos “limpiavidrios” que viven en la calle en la zona de Congreso. Uno se llama Sebastián Giancarelli. Fue detenido cuando intentaba escapar de los policías. José Valotta, también indigente, cayó preso por intentar defender a Giancarelli. Habían estado juntando casquillos de los proyectiles. Por tener antecedentes quedaron presos.

Estas detenciones revelan la selectividad de las fuerzas de seguridad, que luego reproduce el sistema de justicia. Los conceptos que funcionan como moldes y prejuicios se vieron también en el acta de la detención de Mariela Quintela, que decía que vestía zapatillas “color violenta” (sic). Es una de las chicas, docente y estudiante de arte, que reclamaba en la comisaría 4 a la medianoche.

Después de la marcha por Maldonado en septiembre fueron detenidas 31 personas que el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó en su mayoría. Luego la Cámara Federal (que cultiva un criterio amplio y duro para las prisiones preventivas) revocó la decisión por falta de pruebas. Los delitos invocados eran los mismos, las actas policiales describían lugares y horarios donde las personas no habían estado. Nadie investiga la falsedad de esas actas, ni la planificación de una ofensiva de las fuerzas de seguridad que no está pensada para proteger a nadie sino para caldear el clima y que después los grandes medios hablen de la “violencia de los manifestantes” casi como un eslogan. El efecto del miedo, mientras, se va logrando. Uno de los detenidos de septiembre, Damián Tutaglio, contó que después de ese día no fue a ninguna movilización más y que su familia está asustada.

El Foro contra la Violencia Institucional repudió las detenciones que señala como “ilegales, los tratos crueles y allanamientos arbitrarios. Recibe imágenes y videos en [email protected]. El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó la falta de explicaciones de las autoridades políticas sobre el operativo que puso cuatro fuerzas federales en la calle y denunció el uso indiscriminado de balas de goma y gases, contrario a todos los protocolos. Señaló tres elementos que confluyen: “intimidaciones por parte de las autoridades, las acciones violentas de las fuerzas y la convalidación por parte del poder judicial” como “formas de limitar el derecho a la protesta”.