Los telegramas de despidos siguen llegando a las dependencias públicas. Ayer fue el turno del Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad, donde las autoridades confirmaron una lista de 70 empleados a quienes no se les renovará el contrato después de diciembre. El recorte de personal sigue lo anunciado por el plan de “dotaciones óptimas” ideado por el Ministerio de Modernización, pero en este caso desarma un área clave para la reparación de los delitos de lesa humanidad. Se trata de la Dirección de Derechos Humanos que con la apertura y sistematización de los archivos militares de la última dictadura permitió el avance de las causas judiciales.

El rumor de posibles despidos ya circulaba en el Ministerio. Ayer se lo confirmó a los trabajadores la subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Carolina Chacur, designada en el puesto en agosto de este año. “Nos dijo que había llegado una lista de 200 despidos pero que como ellos eran buenos la redujeron a 70”, sostuvo Julia Anillán, secretaria general de la junta interna de ATE.

Los telegramas no llegaron pero la lista con los nombres ya es oficial. Todos los trabajadores tienen más de cinco años de antigüedad y son de distintas dependencias del Ministerio: algunos de la Dirección de Inmuebles, otros de la Coordinación General, otros de la sede central de Fabricaciones Militares y un grupo grande de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitaria, por lo que el área de Archivos y Pruebas Judiciales quedaría completamente desarticulada.

El área fue creada en 2010 con el objetivo de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado. El primer paso fue relevar la información de entre miles de documentación para responder a los requerimientos de la Justicia por las causas de lesa humanidad. Luego en 2011, el grupo de trabajo debió expandirse por la magnitud de la tarea. Se incorporó personal técnico archivista, investigadores y conservadores para garantizar que toda la información quede registrada.

De los archivos surgieron nuevas denuncias, informes que fueron entregados a las diferentes fiscalías. La sentencia de la megacausa ESMA está basada en estos documentos, por ejemplo. En 2015, los organismos de derechos humanos recibieron un inventario con todo lo registrado hasta el momento para dejar constancia de la existencia de dicha información.

Según trabajadores cercanos al área, que prefirieron no dar su nombre, el equipo ya había comenzado a desarticularse a partir de la gestión de Aguad con el paso de varios trabajadores, especialistas en técnicas de archivo y conservación, a otras áreas administrativas. La tanda de despidos confirmada ayer, deja afuera del equipo a diez trabajadores más, por lo que los archivos quedarán sólo a cargo de tres personas, una por cada fuerza. Una misión imposible de abordar por la magnitud y complejidad de la tarea.     

Los equipos de investigadores y técnicos tenían, además, una función doble. Se encargaban de clasificar, sistematizar y registrar los documentos a la vez que garantizaban que esos papeles siguieran allí. ¿Quién va a garantizar ahora la existencia de lo registrado y lo que falta por sistematizar? ¿Quién controlará que los archivos sigan allí? Frente a estas preocupaciones los organismos de derechos humanos solicitarán una audiencia con el ministro Aguad, apodado "El Milico" y de reconocida cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez.

Esta mañana, los delegados de ATE tenían pautada una reunión con las autoridades de Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a cargo de Horacio Aldo Chighizola, de la cual depende la Dirección de Derechos Humanos, para exigir que se revierta la decisión de todos los despidos comunicados ayer.

Una de las áreas afectadas es la Dirección de Políticas de Género, que depende de la Dirección Nacional de DDHH y DIH, y que redujo el 25 por ciento del personal del equipo interdisciplinario que trámita y sigue a las denuncias que incluyen, entre otros temas, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y acoso sexual laboral en las tres Fuerzas Armadas.

En el marco del lanzamiento del primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 y de la reciente constitución del Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional), resulta absolutamente inadmisible que se recorte personal con compromiso de trabajo y experiencia en esta temática tan sensible que ha sido una demanda colectiva condensada bajo el movimiento social NI UNA MENOS y que se erige en una de las principales agendas en materia de políticas públicas de Derechos Humanos.