Por suerte, aún no he perdido la capacidad de asombro y, por eso, hace unos días lo volví a experimentar con la lectura de una sentencia brasileña del Tribunal Federal Regional de la 4ª Región, en la que textualmente se dice que la operación “lava-jato” es un caso inédito, único y excepcional en el derecho brasileño, y que como tal habrá situaciones inéditas que escapan al “reglamento genérico” y que, por ende, en interés de la aplicación de la ley penal, se permiten excepciones a las normas que establecen garantías constitucionales, como las que prohíben interceptar comunicaciones telefónicas sin los recaudos legales.
La excepcionalidad fue el argumento legitimante de toda inquisición a lo largo de la historia, desde la caza de brujas hasta nuestros días, pasando por todos los golpes de Estado y las consiguientes dictaduras. Nadie nunca ejerció un poder represivo arbitrario en el mundo sin invocar la “necesidad” y la “excepción”, pero también es cierto que también todos afirmaron hipócritamente que actuaban legitimados por la urgencia de salvar valores superiores ante la amenaza de males de extrema gravedad.
Así, Carl Schmitt destruyó la Constitución de Weimar jerarquizando sus normas y argumentando que el principio republicano permitía, en situaciones excepcionales, ignorar todas las demás normas. Si bien esto era un razonamiento perverso para legitimar el poder ilimitado del Führer, al menos lo hacía invocando el principio republicano (que, por cierto, poco y nada le interesaba).
Hasta allí hay motivo de crítica y rechazo, pero no de asombro, que es justamente lo que causa la sentencia que leímos, porque no se toma el trabajo de invocar ningún valor superior ni de inventar alguna emergencia grave, sino que directamente dice que se puede ignorar la Constitución cuando es necesario para aplicar la ley penal en casos que no se consideren “normales”.
El asombro lo experimentamos ante esta sideral sinceridad revanchista, que cunde por toda nuestra región, pasando por sobre los más elementales límites del derecho, sin tomarse siquiera la molestia que en su tiempo se tomó Carl Schmitt.
La sentencia brasileña no es un hecho aislado, sino que bien merece pegarse en el álbum de figuritas de colección de exabruptos jurídicos a que los argentinos nos acostumbramos en el curso de este año.
Así, resulta que por “excepcional”, también aquí es “necesario” nominar dos ministros de la Corte Suprema por decreto, echar a la Procuradora General por vía de suprimir la independencia del Ministerio Público y someterlo a un órgano político, destituir a los jueces que “ponen palos en la rueda”, estigmatizar a un movimiento de jueces, “desratizar” el Poder Judicial, criminalizar la política monetaria (y al mismo tiempo enriquecerse con su cambio abrupto), entre otras cosas.
Obviamente que por mucho que se lo niegue, no puede ocultarse el afán revanchista que en ocasiones lleva a perder la calma y a exigir argumentos jurídicos, que no se esgrimen porque parece que ya ni queda creatividad perversa, o bien, porque se ha elegido directamente el camino pragmático de la sinceridad.
Lamentablemente, nos encontramos con un revanchismo ejercido al amparo de discursos legitimantes con bajísimo nivel de elaboración: al igual que en la sentencia brasileña, da la impresión de que se lo exhibe sin intentar el más mínimo disimulo.
Basta mencionar entre nosotros la extrema grosería de la invocación –sin precedentes en toda nuestra historia– de la “traición a la Patria”, cuando no hay ni hubo guerra, lo que parece ser un detalle menor para quienes no leyeron el artículo 119º constitucional. Falta que se inspiren en la sentencia brasileña y afirmen que en la “excepción” cualquier cosa es igual a la guerra.
Pero sin duda la más ostensible combinación de exabrupto jurídico y a la vez de obcecación revanchista, es la prisión preventiva de Milagro Sala y de su gente en Jujuy.
Para legitimar esa prisión política y para tomar venganza y destruir su obra, no se ha ahorrado cuanto recurso ilegítimo se pudo imaginar: jueces especiales, fiscales especiales, jueces-diputados o diputados-jueces en el Supremo, amenazas a los defensores, advertencias por apelaciones, clonación al infinito de procesos y procesamientos, seducción de testigos, es decir, el escándalo jurídico.
Ante la trascendencia internacional del escándalo, ahora se subestima a un órgano de la ONU y se hace referencia a una mera “recomendación” a hacer cesar la prisión de Milagro Sala. Más allá del carácter jurídico de lo decidido en la órbita internacional, llama mucho la atención que un gobierno que se esforzó –hasta lo indebido– para apoyar la candidatura de su Canciller a la Secretaría General de la ONU, hoy trate con displicencia una “recomendación” proveniente de uno de sus órganos, que le dice claramente lo que muchos le venimos repitiendo desde hace meses: Milagro Sala sufre prisión por motivos puramente políticos.
Sea cual fuere el valor jurídico de lo resuelto en el ámbito de la ONU y lo que de ahora en adelante suceda, lo cierto es que ya, en este momento, por culpa de una pura obcecación revanchista, la Argentina está haciendo un papelón internacional.
Pero los papelones internacionales no afectan sólo a un gobierno, federal o provincial, sino a todos los ciudadanos. Nuestro país luchó durante décadas para blanquear su imagen en Derechos Humanos, y ahora resulta que en pleno gobierno democrático, debe acudirse a una instancia internacional para poner fin a una prisión por causa puramente política. En el plano mundial y gratuitamente, somos todos los argentinos quienes cargamos con el baldón de tener prisioneros políticos. El daño está consumado, y no sólo se le ha hecho a Milagro Sala, sino a toda la ciudadanía. Sería bueno no agravarlo más.
* Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
