La decisión del gobierno nacional de no actualizar desde 2011 el mínimo no imponible y demás deducciones del Impuesto a las Ganancias tiene dos efectos: una mayor cantidad de asalariados comenzaron a tributar y quienes ya se encontraban pagándolo tienen que destinar una parte más grande de su sueldo para cumplir. En 2008, el 10,1 por ciento de los trabajadores registrados tributaba Ganancias; hoy la cifra ronda el 20 por ciento de esos asalariados. El reclamo de las distintas centrales sindicales varía entre la eliminación del impuesto y la actualización del mínimo no imponible de 5782 pesos para los solteros y de 7998 pesos para los casados con dos hijos. La primera propuesta profundizaría las desigualdades entre los trabajadores. Distintos especialistas advierten que, más allá de la discusión sobre la actualización del mínimo no imponible, existen otros elementos como las exenciones del impuesto, la estructura de sus deducciones y los niveles de evasión que deberían ser abordados para dotar de más progresividad al impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

Costo fiscal

Incrementar el 10 por ciento el mínimo no imponible tendría hoy un costo fiscal cercano a los 6300 millones de pesos, mientras que subir los parámetros 25 por ciento representaría un esfuerzo de 9500 millones de pesos, según las estimaciones realizadas por AFIP. Cuando anunció que el aguinaldo de diciembre de los trabajadores con ingresos brutos de hasta 25 mil pesos mensuales no sería alcanzado por el impuesto a las Ganancias, CFK condicionó la actualización del mínimo no imponible durante 2013 a una “moderación” de los reclamos salariales del año.

Un trabajo de Cifra, el centro de estudios de la CTA-Yasky, afirma que el impuesto a las Ganancias es progresivo en un sentido doble. En primer lugar, dado que no afecta al conjunto de los trabajadores sino sólo a aquellos de más altos ingresos. En segundo, ya que la tasa del impuesto se eleva a medida que las remuneraciones son mayores, así aquellos asalariados de ingresos superiores contribuyen, en términos absolutos y proporcionales, más que los de menores salarios.

Asimismo, los economistas de Cifra advierten que la no actualización del mínimo no imponible genera una pérdida de poder adquisitivo para los asalariados. Para quienes se encontraban pagando el impuesto, el menor incremento del mínimo no imponible respecto del aumento de los salarios nominales resulta en una ganancia sujeta a impuesto mayor a la del período previo y, consecuentemente, un mayor pago al fisco. A su vez, aquellos que, por el hecho de percibir ingresos menores al mínimo no imponible no tributaban impuesto a las Ganancias, dado que los salarios se incrementaron por encima del mínimo no imponible, comenzaron a contribuir impositivamente.

Actualización

Los especialistas de Cifra sostienen la necesidad de contar con “un criterio que guíe periódicamente las actualizaciones y evite estos atrasos que implican que se reduzcan en términos reales los ingresos disponibles de los trabajadores”. Otros analistas consideran que la actualización debe seguir siendo una herramienta discrecional del gobierno. En el centro de investigaciones sostienen que otro elemento que debería ser revisado, dada la inequidad que genera entre los trabajadores registrados, es la imposibilidad que tienen quienes alquilan la vivienda en la que habitan para deducir, al menos, parte de ese costo para el cálculo del salario sujeto a impuesto.

En un documento del Ciepyc, el economista Alfredo Iñíguez sostiene que para asignarle mayor progresividad al impuesto a las Ganancias sobre las personas físicas es necesario implementar modificaciones en dos planos: el tramo de alícuotas aplicadas y las fuentes de renta exentas. En cuanto a las alícuotas, Iñíguez sostiene que se requiere efectuar dos cambios; actualizar los montos mínimos y máximos de cada tramo del impuesto, y reducir la alícuota del primer tramo de 9 a 6 por ciento e incorporar una alícuota máxima superior a la actual de 35 a 40 por ciento.

Las exenciones

El segundo punto, también señalado por Cifra, cae sobre una de las principales fuentes de inequidad del impuesto: las exenciones a rentas como la financiera o a los jueces. Las exenciones al impuesto a las Ganancias atentan contra la progresividad del impuesto y el sistema fiscal al reducir la base imponible del tributo. Los economistas de Cepal, Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez y Darío Rossignolo, sostienen que la existencia de esos beneficios a sectores de altos ingresos y elevada rentabilidad fue justificada por la necesidad de proveer incentivos para estimular el ahorro, promover la entrada de inversión extranjera y estimular el desarrollo de los mercados financieros y bursátiles. A cambio, la economía crecería más y caería el desempleo. No obstante, esos beneficios no sólo no permitieron parar la fuga de capitales, aumentar los niveles de inversión extranjera directa y la actividad en la región, sino que fueron aprovechados por personas y empresas para aumentar sus ganancias. Según figura en el mensaje del Presupuesto 2013, las diferentes exenciones del impuesto a las Ganancias contabilizan 11.300 millones de pesos.