La multisectorial contra el tarifazo integrada por cooperativas, sindicatos, clubes de barrio y asociaciones de defensa del consumidor se presentará hoy en los entes reguladores de la luz y el gas para exigir que se les ordene a las empresas refacturar con los valores previos al aumento. La Cámara Federal de La Plata anuló hace un mes el incremento del gas en todo el país y de la luz en la provincia de Buenos Aires, pero el Gobierno vino demorando el cumplimiento del fallo con la expectativa de que fuera dejado en suspenso hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Pese a los esfuerzos de los operadores oficiales, los fallos no sólo siguen firmes sino que en el caso de la luz la suspensión se nacionalizó. Por lo tanto, el margen para seguir incumpliendo la orden judicial es cada vez más estrecho. El viernes jugaron una última ficha al presentar un recurso en queja ante la Corte Suprema, pero en tribunales el pedido lo único que generó fue cierto asombro ya que consideran que la salida del conflicto debe ser política. Algunos funcionarios del gobierno ya comenzaron a darse cuenta de que acelerar contra el paredón no es la mejor estrategia y el fin de semana dejaron trascender que finalmente podrían convocar a audiencias públicas sin tener que esperar a que la Corte se los ordene, pero hablan de “audiencias no oficiales”, lo que en tribunales hace sospechar de una nueva estrategia destinada a eludir el cumplimiento de la ley.

El sábado la multisectorial contra el tarifazo reunió a unas 200 personas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí se resolvió intimar al Enargas y al Enre para que cumplan con el fallo judicial. “El gobierno les debe ordenar a las empresas que refacturen con el viejo cuadro tarifario y además vamos a exigir que se les envíe una nota de crédito en la boleta a los que ya pagaron con aumento. También queremos que las distribuidoras incluyan una leyenda que informe que la facturación se realiza en cumplimiento de lo resuelto por la justicia”, aseguró a Página/12 Claudio Boada, titular de Unión de Usuarios y Consumidores. La intimación es porque la única reacción del gobierno luego del fallo de la Cámara Federal fue pedirles a las distribuidoras que dejen de enviar las boletas, mientras esperaban que el tarifazo se destrabe, pero eso no ocurrió y siguen sin cumplir con la ley. “Edenor incluso está mandando cartas en San Miguel y José C Paz donde amenaza con cortar el servicio por falta de pago, pese a que el tarifazo en la provincia está suspendido hace un mes”, agregó Boada.

El Gobierno hasta ahora se negó a ordenar que se refacture sin aumento porque consideran que sería un reconocimiento de que el tarifazo fracasó. La estrategia oficial en todo momento fue tratar de que la Justicia habilitara la suba mientras la Corte resolvía la cuestión de fondo, pues consideraban que era una manera de convertir al tarifazo en un hecho consumado. Sin embargo, hace un mes que el oficialismo no para de acumular derrotas en los tribunales. Por lo tanto, puertas adentro del macrismo ya hay quienes presionan para rectificar el rumbo. La convocatoria a audiencias públicas sería la manera más elegante para tratar de superar el conflicto, aunque el problema es que el ajuste que se debata en esa instancia no podría ser retroactivo.

El freno judicial al tarifazo fue justamente por la falta de audiencias públicas, pero en todo momento el gobierno argumentó que no hacía falta realizarlas porque ya se habían hecho a mediados de la década pasada. En el caso del gas, el Ministerio de Energía argumentó en la Justicia que el tarifazo no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”. Incluso cuando las asociaciones de consumidores cuestionaron los años que habían pasado desde que se realizaron las audiencias, los abogados del Ministerio de Energía respondieron que “el argumento utilizado para ordenar la realización de una nueva audiencia pública (los años transcurridos desde la celebración de la audiencia anterior), son afirmaciones dogmáticas que no consideran ninguna de las circunstancias especiales del caso tratado”. Ese argumento fue desestimado por la Cámara Federal de La Plata y los más perspicaces dentro del gobierno empezaron a sospechar que también será rechazado por la Corte Suprema, aunque algún magistrado les haya prometido algo diferente. Por lo tanto, ahora el gobierno podría retroceder y finalmente convocar a la audiencia pública. Así lo dejaron trascender fuentes gubernamentales en las últimas horas, pero aclararon que sería una audiencia “no oficial”. “Es simbólico, pero sirve para demostrar que realmente estamos escuchando a todos los sectores”, aclararon. En tribunales, en cambio, creen que si ese cambio es sólo “simbólico” es difícil que sirva para resolver el problema.