“Previa aprobación de cualquier ajuste de tarifas deben controlarse las inversiones y que se mejoró la calidad del servicio. Queremos saber cuánto dinero recibieron las empresas en concepto de subsidios y qué hicieron con eso. Resulta vital que el ente regulador audite, controle y sancione a las distribuidoras porque de lo contrario no se revertirá el actual estado de las cosas”, señaló ayer Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la audiencia pública. Distintas organizaciones cuestionaron la propuesta de aumento tarifario de las empresas, enfatizaron los incumplimientos de los contratos de concesión de parte de Edenor y Edesur y advirtieron que la electricidad es un servicio público que no debe responder a la lógica del mercado.
“El servicio se encuentra en un pésimo estado y encima las empresas no pagan las multas, lo cual es una enorme desconsideración hacia los usuarios. Necesitamos un nuevo régimen sancionatorio de parte del ENRE”, dijo Grosso. También advirtió que “no hay que partir del supuesto de que mayor nivel de consumo representa mayor poder adquisitivo”, para criticar la propuesta de Edenor de aplicar un precio creciente en función de la cantidad de kilovatios consumidos. En la misma línea, Osvaldo Riopedre, director ejecutivo de Adecua, dijo que “mayor consumo no significa ser más rico, significa mayor necesidad”. 
“De la misma manera que la Corte Suprema de la Nación dispuso la nulidad de los aumentos aplicados en el servicio de gas natural al no respetarse el mandato constitucional de la convocatoria a audiencia pública, seguimos aguardando que la Justicia se apreste a dictar la nulidad de los aumentos dispuestos por el Ministerio de Energía a partir del 1 de febrero de 2016 para el servicio de energía eléctrica”, dijo Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). Sobre aquellos valores del 1 de febrero se plantean los actuales incrementos. Además, Bussetti planteó que “no puede dejar de sorprendernos que en momentos donde las temperaturas son benévolas con el sistema de distribución eléctrica, diariamente haya cortes del servicio que afectan a 20, 30, 50 o 100 mil usuarios”.
“Es inadmisible que los usuarios sean los financistas de las inversiones. Las empresas tienen que invertir y luego recobrar la inversión a partir de la mejora en la eficiencia y en la tarifa”, señaló Héctor Polino, de Consumidores Libres. ¿Quién va a controlar a las empresas para que inviertan? Estamos ante dos empresas que tienen un contrato a perpetuidad. Recibieron subsidios y adeudan millones a Cammesa. Cuando una de las partes incumple reiteradamente las condiciones, la otra parte tiene la obligación de rescindir el contrato. No queda otro camino que quitarles la concesión”, pidió Polino.
“Estas dos empresas vienen reincidiendo en incumplimientos, negociando las multas, y encima piden devolución de 21 mil millones de pesos –en relación a la deuda total de las distribuidoras de todo el país con Cammesa que las empresas quieren que se estatice–. Estamos ante dos empresas usurarias, avaras, con falta total de lo que es la responsabilidad social empresaria. No somos clientes, somos usuarios, personas”, planteó Osvaldo Bassano, presidente de Adduc.
También participaron de la audiencia los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis, y de Esteban Echeverría, Fernando Gray. “El camino que ha elegido este Gobierno para ordenar el tema de las tarifas es el peor porque ha dejado de lado a usuarios y consumidores, porque ha dejado de lado a pequeñas y medianas empresas y porque está golpeando la actividad económica en nuestras ciudades”, dijo Katopodis. “Me hubiese gustado que estas audiencias se hicieran en febrero cuando se produjeron los primeros aumentos en la tarifa. Nosotros proponemos que se descuente de las facturas los importes por los cortes de luz y que eso sea automático”, pidió Gray.