El Frente para la Victoria consiguió un dictamen de mayoría sobre el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios. Este es uno de los temas incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias que llegaría al recinto entre jueves y viernes de esta semana. La norma contempla un marco regulatorio que surgió luego de las audiencias públicas que fueron realizadas en todo el país. La iniciativa establece que la compañía Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, mientras que el Estado es el accionista minoritario, deberá fijar un precio igualitario del insumo para todos los medios del país y deberá garantizar el acceso para todas las empresas. Se prevé la creación de un Consejo Federal y una Comisión Bicameral que tendrán por función hacer cumplir las disposiciones de la norma.

La oposición –UCR, CC, PRO– rechazó el proyecto. Sin embargo, en sus críticas pudo leerse entre líneas que el mercado del papel para diarios debía regularse. De hecho, estos bloques opositores presentaron sus propios proyectos. Incluso, el Frente Amplio Progresista, con Margarita Stolbizer a la cabeza, reclamó la estatización de Papel Prensa.

Durante las audiencias públicas que se realizaron en el Congreso y que sustentaron la conformación del marco regulatorio, pasaron 120 dueños de diarios, editores –grandes y pequeños– y los que se consideraron simplemente actores sociales. También estuvieron los gremios de los trabajadores y los académicos.

“Este proyecto resuelve dos inequidades, el acceso a este bien esencial para la salida de los diarios y su precio igualitario para todos los actores. El texto que estamos tratando hoy (por ayer) tiene el mismo espíritu que el que fue tratado en octubre de 2010”, señaló Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio. Las otras comisiones del plenario fueron Asuntos Constitucionales, Libertad de Expresión, Comunicaciones y Peticiones y Poderes.

El diputado Felipe Solá manifestó estar de acuerdo con la mayoría de los artículos, salvo los últimos dos. En el artículo 40 se especifica que a los fines del acceso igualitario, Papel Prensa deberá operar “como mínimo a pleno de su capacidad operativa” y que tendrá que presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones. El artículo siguiente especifica que si los accionistas privados no realizaran las inversiones, el Estado podría financiar el aumento de la capacidad operativa de la compañía, lo que redundaría en un incremento del capital accionario por parte del Estado.

“En la primera parte del proyecto el oficialismo dice ‘acompáñenos que no es tan grave’. Pero estos dos últimos artículos son sexo explícito”, ironizó Solá. Para la oposición, estos artículos apuntarían a las pretensiones del Estado de quedarse con la compañía. Sin embargo, el texto del proyecto no da cuenta de ese espíritu.

La oposición, sobre todo la UCR y el PRO, sostuvieron que a partir de las convenciones internacionales sobre libertad de expresión, el Estado no tendría potestad para legislar en temas referidos a dichas libertades. Sin embargo, ambos bloques presentaron sus proyectos de ley. Una mirada llamativa la dio el ex candidato a la presidencia Ricardo Alfonsín. El radical sostuvo: “Puede ser que hayan ocurrido algunas cosas que se mencionan en el informe (Papel Prensa ‘La Verdad’, presentado en los fundamentos del proyecto), pero estoy seguro de que no ocurren más”. Y agregó: “Los medios de comunicación no han cumplido con su rol de defender la libertad de expresión. Pudieron hacerlo pero no. No lo digo ahora, lo digo desde 1983”.

Por su parte, Proyecto Sur también presentó un dictamen donde se obliga a los accionistas privados a la desinversión. Es decir, en el conjunto de la oposición existe el reconocimiento de que habría que regular el mercado del papel para diarios, aunque se opongan a la iniciativa del oficialismo. En los fundamentos del texto del Ejecutivo fue incluido el informe elaborado por la Secretaría de Comercio Interior, Papel Prensa “La Verdad”, que forma parte de una demanda penal donde se investiga la transacción de las acciones a capitales privados y al Estado durante la última dictadura militar.