Por presión de los militares, el gobierno de Alan García censuró una muestra de caricaturas políticas y desató un escándalo. Los principales artistas e intelectuales del país reaccionaron en bloque en contra de esta censura. La prensa local que en su mayor parte, especialmente en la televisión, suele mostrarse muy poco crítica con el gobierno, esta vez dejó de lado esa postura amigable y criticó duramente la censura gubernamental. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que preside el periodista Gustavo Gorriti, emitió un comunicado, calificando esta censura como “inadmisible” y “peligrosa” para la democracia. La muestra de 90 caricaturas del reconocido pintor y caricaturista político Piero Quijano, de 48 años, fue censurada por el gobierno por exigencia del comandante general del ejército, general Edwin Donayre, quien vetó una caricatura que, parodiando la famosa foto de los militares norteamericanos colocando su bandera en el monte Iwo Jima, alude a las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares peruanos, que presenta a cuatro soldados clavando una bayoneta sobre la espalda de un campesino andino, que aparece echado boca a bajo sobre una plataforma en la que se lee: “La Nación a sus Héroes”.

Luego del veto castrense a esta caricatura, los funcionarios del Instituto Nacional de Cultura (INC), que administra la galería pública en la que se debía presentar la muestra, hicieron su propia censura y le exigieron al artista el retiro de otras dos caricaturas. Uno de esos dibujos censurados por el INC fue publicado en la prensa en 1995 y critica con sarcasmo la política privatizadora del gobierno de Alberto Fujimori y el racismo imperante en la sociedad peruana, mostrando un Machu Picchu, el símbolo del Imperio Inca, privatizado y con un guardián en la puerta que le impide el ingreso a un indígena; el otro dibujo vetado cuestiona el apoyo de Alan García al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Quijano no aceptó la censura a sus tres dibujos y retiró la muestra.

Pero la censura no ha sido solamente un asunto de militares y funcionarios de mando medio del gobierno, sino que el propio presidente García la ha respaldado públicamente. “Usted tiene la calle, tiene su hogar para publicar, pero en un espacio público no vamos a permitir que se vulnere a las fuerzas armadas”, señaló García, visiblemente molesto con la caricatura que había incomodado a los militares. El presidente ha salido reiteradamente en defensa de las fuerzas armadas ante las acusaciones a sus miembros por cometer torturas, secuestros y asesinatos durante la guerra interna contra la subversión armada entre 1980 y 2000. Buena parte de esas violaciones a los derechos humanos se dieron durante el primer gobierno de García (1985-90). Y todas quedaron en la impunidad. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) emitido en 2003, la guerra interna dejó cerca de 70 mil muertos, un 75 por ciento de ellos campesinos indígenas. Al tiempo que defiende a los militares, el gobierno ha atacado duramente a los organismos defensores de los derechos humanos, llegando incluso a acusar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de “favorecer a los terroristas” luego de que ésta emitiera un fallo condenando al gobierno de Fujimori por la ejecución extrajudicial de 42 prisioneros del grupo armado Sendero Luminoso en una cárcel de Lima en 1992. Altos miembros del gobierno, como el vicepresidente Luis Giampietri, que es un almirante en retiro acusado de violaciones a los derechos humanos, o el ministro de la Producción, Rafael Rey, que durante el régimen de Fujimori apoyó la ley de amnistía fujimorista a los violadores de derechos humanos, han justificado abiertamente la guerra sucia practicada por los militares. Aunque lentamente, los tribunales han comenzado a iniciar procesos penales a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, pero se han topado con las trabas puestas por las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, que se niegan a entregar información e incluso a hacer cumplir órdenes de captura contra militares en actividad. “El gobierno ha priorizado garantizar la defensa de los violadores a los derechos humanos, a quienes apoya con abogados, al tiempo que les niega apoyo a las víctimas”, le señaló a Página/12 Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Es en este contexto que se ha dado la censura promovida por los militares a la caricatura de Quijano, que denuncia los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas armadas, especialmente contra la población campesina e indígena. Sobre la caricatura que desató las iras castrenses y la censura oficial, Quijano señala que “partiendo de la guerra sucia de los años ’80 y ’90, el dibujo trata de reflejar la conducta histórica de represión y abuso de los militares peruanos frente a los civiles, especialmente los campesinos que han sido sus principales víctimas. Se puede discrepar con este dibujo, pero no se lo puede censurar”. En tono sarcástico, el artista se pregunta: “¿Por qué los militares se asustan tanto con un dibujito?, ¿será que tienen la conciencia sucia por lo que hicieron y se identifican con ese dibujo?”