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Por Horacio R. Cattani*

No pretendo con estas líneas la defensa de un jurista a quien respeto y admiro, no sólo por sus conocimientos y calidades personales sino por su perseverancia en el compromiso con la cosa pública, manteniendo siempre la independencia de sus convicciones.
Quiero sí compartir la estupefacción y vergüenza ajena que me produjeron las primeras objeciones a su postulación que no creo exagerar si afirmo que constituyen una afrenta para todo jurista democrático.
Ser garantista
Cuando uno escucha esgrimir el mote de “garantista” como un demérito casi equivalente en otras épocas a ser subversivo, comunista o loco se comprende la hondura del nivel de la crisis ética y cultural en la que estamos sumidos. Tener que explicar a esta altura de la civilización y de la violenta historia argentina que garantista es el que sostiene que todos los ciudadanos deben someterse a la ley y a la Constitución, sin privilegios, sin chicanas, sin coartadas y sin que el fin justifique los medios. Que es un imperativo constitucional que todo funcionario al asumir su cargo jure por sus convicciones o por su honor ser garantista y que apartarse intencionalmente de esa obligación le genera responsabilidad administrativa, patrimonial y penal; que dejar de lado reglas básicas de convivencia provoca impunidad, deslegitimación del sistema democrático y violencia, tener que explicar todo eso que debería formar parte del bagaje de cualquier ciudadano culto provoca una sensación de “eterno retorno” a la irracionalidad y al miedo.
Ser garantista de los delincuentes
Algunos han dicho que no está mal que se sea “garantista”, pero que es inadmisible que se lo sea de los delincuentes y no de las víctimas. Esta afirmación es propia de los estados de guerra irracional contra el delito olvidándose que el criminal y la víctima y su conflicto son productos sociales y responsabilidad de todos. No se nos puede imputar a los garantistas olvidar a la víctima. Todo lo contrario. Estamos en contra de la verticalización social, de la construcción de un clima de confrontación bélica, de guerra interior, de tirar primero y preguntar después porque esto aumenta los niveles de violencia social y la victimización de los más débiles: el comerciante armado y con miedo que termina provocando la muerte de sus amigos; el policía franco y armado (por obligación) que es sorprendido dormido, cansado y sin entrenamiento dentro de un colectivo y ejecutado, etc. La “mano dura” no disuade a los violentos pero aumenta los niveles de miedo y desesperación de las víctimas. Son los que manipulan esos miedos y fomentan el clima de guerra y venganza privada los que en nombre de las víctimas terminan inmolándolas.
Debería avisárseles a todos estos “protectores de las víctimas” que los “garantistas” hace años que venimos prediciendo que los niveles de exclusión, marginalidad, pobreza, anomia y retirada del Estado generarían altísimos niveles de desesperación social y que la grieta entre muchos que no tienen nada y pocos que tienen mucho y lo ostentan conduciría a una violencia que se terminaría dirigiendo primero hacia otros pobres y después hacia todos. Se sostuvo que la llamada “mano dura” con su vana pretensión de aumentar los recursos represivos de un Estado pauperizado y ausente sólo produce impunidad y más violencia social a través de una instigación a la autodefensa y a la justicia (venganza) por mano propia.
Zaffaroni seguidor de Hans Welzel
No quiero imaginarme la conmoción que habrá producido en los alumnos de las facultades de Derecho y sobre todo en los míos la pretensión de demonizar las enseñanzas del maestro alemán del Derecho Penal, sólo comparable a denostar a los lectores de Freud por haber ingerido ydisfrutado de la cocaína o a los de Louis Althuser y Michel Foucault por su conducción de vida. Esto sería cómico si no fuera una trágica demostración de nuestra intemperancia y de los extremos a que podemos llegar cuando encaramos los problemas sociales con la exasperación y simpleza del exterminio del enemigo.
Creo que estas primeras objeciones al nombramiento de Zaffaroni y especialmente las que no pudieron formularse (ignorancia, corrupción, abuso de poder, nepotismo, desmanejo de la cosa pública, etc.) son las que lo tienen que llevar a integrar el Alto Tribunal.

* Profesor de grado y posgrado en la Universidades de Buenos Aires, Lomas de Zamora y Belgrano.