Cuando todavía está fresca la noticia de la autorización a Botnia para operar y su freno por pedido de España, un nuevo gesto de Tabaré Vázquez traerá más malestar en la relación entre Uruguay y Argentina. El mandatario va a encabezar el lunes el acto de bautismo de una barcaza que transportará la pasta de celulosa producida por Botnia. Vázquez, quien regresó ayer a Montevideo desde Estados Unidos, no hizo declaraciones sobre el conflicto, pero sus funcionarios aseguraron que como resultado de la facilitación española la Argentina podría sumarse a un monitoreo conjunto de la papelera.

La barcaza fue construida por la Armada uruguaya y la empresa Christophersen. Llevará la celulosa desde la planta de Fray Bentos hasta el puerto de Ontur, en Nueva Palmira, de donde zarparán los buques de ultramar para exportar la producción. El acto será el segundo de los relacionados con la pastera al que concurre Vázquez. El anterior fue la inauguración de la propia terminal portuaria, un evento que se presentó en sociedad como la puesta en marcha de Botnia, ya que para ésta no habrá corte de cintas.

La Armada está participando en la construcción de cuatro de estas barcazas. El bautismo se realizará el lunes a las 11.30 de la mañana en Montevideo. Luego, la embarcación será enviada al muelle de la papelera para comenzar a trasladar celulosa hasta Ontur cuando la fábrica empiece a funcionar. La confirmación de que Vázquez irá a la ceremonia fue divulgada por la empresa que se ocupó de la campaña electoral del mandatario en el 2004, pero además la presidencia uruguaya la publicó en su página de Internet.

Aunque el presidente uruguayo se llamó silencio, un par de sus funcionarios hablaron del tema. La titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alicia Torres, fue quien brindó la información más específica: “Diseñamos nuestro propio sistema de monitoreo como si lo fuéramos a hacer solos. Y si eventualmente, ya que puede ser uno de los temas que surjan en las próximas reuniones de diálogo, hay interés en un monitoreo conjunto con la República Argentina, haremos los análisis correspondientes para adecuar los muestreos e incorporar a los técnicos argentinos”.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, señaló que la decisión de su gobierno de frenar la autorización para el comienzo de la actividad de la planta demuestra la “buena voluntad” de Vázquez, que espera “rehabilitar el diálogo” con la Argentina. Y el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, el más ferviente defensor de la pastera, sostuvo que en la Cumbre Iberoamericana que se realizará en Chile la semana próxima “se podría avanzar sobre un acuerdo”. Lafluf consideró que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) podría ser “el órgano que dé garantías a la Argentina, sumado a un monitoreo conjunto o algún otro sistema de contralor”.

En la Casa Rosada no hubo declaraciones. Fuentes oficiales le dijeron a la agencia Télam que la firma de la habilitación para Botnia “puso en peligro” una reunión entre Argentina y Uruguay a realizarse la próxima semana en Chile, para la que ya habría tratativas avanzadas. El Gobierno se ha negado hasta ahora a comentar la posibilidad de un acuerdo en los términos de un monitoreo conjunto y es evidente que después del anuncio realizado en Montevideo, y con Vázquez en un nuevo acto vinculado con la actividad de Botnia, le resultará especialmente incómodo mostrarse firmando un entendimiento.

Los vecinos de Gualeguaychú, mientras tanto, anunciaron que montarán un puesto de vigilancia frente a Botnia. Anoche discutían en una asamblea sus próximos pasos. El jueves recibieron del gobierno de Entre Ríos un subsidio de 20 mil pesos para colaborar en los gastos organizativos y de organización, que podrían ser utilizados, entre otras cosas, para que una delegación más numerosa viaje a Santiago de Chile a manifestar en reclamo de la relocalización de la planta.

El intendente electo de la ciudad, el kirchnerista Juan José Bahillo, anticipó que cuando asuma el gobierno municipal el 10 de diciembre impulsará acciones contra la papelera. “A Botnia hay que seguir haciéndole valer la posición ciudadana de que no se le va a dar la licencia social, permanecer en el conflicto bilateral jurídico y llenarlo de una estrategia política desde lo institucional”, sostuvo. También el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, ratificó, consultado por los medios, que la única salida al conflicto sería una relocalización.