La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció ante el Consejo de la Magistratura la “inacción” de los jueces federales de todo el país frente a los piquetes de los productores agropecuarios que se extendieron durante veintiún días. El gremio, que lidera el kirchnerista Julio Piumato, cuestionó la falta de intervención de los magistrados frente a una protesta que –sostienen– lesionó varios derechos a la vez: a la libre circulación, al alimento, a la salud y a la vida. La presentación advierte que la actitud del Poder Judicial ante los bloqueos de rutas de grupos de desocupados ha sido totalmente distinta. Pide que se exijan explicaciones a los jueces y que se inicien actuaciones contra “los que incurrieron en graves ‘olvidos’ en hacer cumplir la ley y las disposiciones constitucionales vigentes”.

Frente a la situación de desa-bastecimiento producto del lo-ckout, la UEJN señala que “no hubo un solo juez de la Nación Argentina que decidiera cumplir fielmente con el mandato que la Constitución nacional le ha otorgado, y en resguardo y garantía de los derechos de la población, ordenara el estricto cumplimiento de las leyes penales vigentes”, un criterio que –compara– sí se ha aplicado ante protestas de desocupados. “¿Será que a criterio de nuestros jueces federales hay ‘piquetes buenos’ y ‘piquetes malos’?, o más bien ¿hay ciudadanos que merecen la aplicación de la ley penal y otros no?”, plantea.

La denuncia sugiere que el Consejo de la Magistratura haga una suerte de relevamiento sobre lo que hizo o no hizo cada juez, teniendo en cuenta que los piquetes sucedieron a lo largo y a lo ancho del país, aunque fueron más fuertes en ciertas provincias, como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Funcionarios del Consejo explican que este tipo de investigaciones generalizadas se hacen sólo en casos muy específicos, como aquellos donde están comprometidas violaciones a los derechos humanos. Sería fuera de lo común, insisten, que el organismo se ponga a revisar qué jueces iniciaron o no causas de oficio. Pero se verá. La paradoja en este caso es que la denuncia viene de un dirigente del oficialismo y su planteo hace cortocircuito con la política del Gobierno de no utilizar la represión ni la acción judicial directa sobre la protesta, sino la persuasión o la disuasión, apelando incluso a las demostraciones de fuerza de los piqueteros de Luis D’Elía o de las huestes de la CGT.

Para la UEJN hubo violaciones al derecho al alimento, la salud y la vida, además del libre tránsito. Y hubo otros que surgieron como efectos colaterales, como la suspensiones o despidos en industrias y fábricas, el incumplimiento de contratos y hasta la muerte de una persona que no llegó al hospital. “¿Quién se hará responsable si en definitiva los responsables de garantizar el cumplimiento de la ley son los jueces de la Nación, que han sido simples espectadores detrás de sus escritorios?”

En los tribunales federales porteños un juez, Sergio Torres, tendrá la posibilidad de investigar si desde las entidades del campo (la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Coninagro y CRA) se cometió el delito de “extorsión” al hacer sus reclamos contra las retenciones a las exportaciones a través de “actos de fuerza”. Ante Torres, el abogado Eduardo Barcesat ratificó una denuncia en ese sentido, que alude a afirmaciones de los dirigentes rurales como la siguiente: “Cuando gran parte de la población no tenga comida, el Gobierno se dará cuenta de lo que significa”.