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León Arslanian leyó la sentencia a las Juntas Militares. Cuando se escucharon las primeras condenas, el público estalló en una ovación. “¡Silencio!”, gritó el presidente de la Cámara ante una reacción usual, por ejemplo, en el Parlamento. “¡Silencio o desalojo la sala!”. El proceso no había sido transmitido en directo, se habían permitido algunas tomas de la tevé, sin audio. La difusión de ese hito histórico concedía a la correlación de fuerzas. Juzgar a los genocidas era muchísimo, mostrarlos podía colmar el vaso.

Años después empezó a ampliarse la luz. El juicio a los presuntos asesinos de María Soledad Morales fue pionero. Acaso el primero seguido en directo en todo el país, sin duda uno de los más observados. La presencia de las cámaras nacionalizó un episodio provincial, fumigó la impunidad local, también incidió en el cierre traumático de ese juicio oral, que fue anulado y debió reiniciarse.

Se conjugaron allí dos novedades, el proceso oral y la explosión de la televisión por cable. Con el tiempo los juicios orales y públicos ampliarían su presencia, en correlato lógico con la consolidación de la democracia. Como tantas otras rutinas, son una adquisición que ganó fuerza frente a tradiciones secretistas, filoautoritarias, por decir lo menos. Esos avances tienen siempre sus contrapesos, rémoras de élites reacias a la luz, al debate, a la apertura.

El Poder Judicial argentino es, por historia y linaje, oscurantista. Oscuros son los pasillos, oscuros los trajes, oscuro el lenguaje. Unos cuantos abogados y jueces argentinos conservan el uso del latín, junto a ciertos fundamentalistas católicos. Acaso, a diferencia de éstos, son pocos los hombres de leyes que dominan esa lengua muerta, pero se valen de ella con asiduidad. Ese pintoresquismo es un ejemplo más de una vocación: retacear la comprensión de documentos y actos jurídicos. El lenguaje del Foro es críptico, engolado, inaccesible para los legos y aun a los “leidos” que no son profesionales del derecho.

Se sabe: el enigma, la jerga cifrada son recursos proverbiales del poder. Pero un estamento estatal debe tener la capacidad de transmitir sus actos al menos versado de los ciudadanos, como tratan de hacerlo los demás. La difusión, la accesibilidad son claves en la república. No es la norma en uno de sus poderes, al menos por acá.

Por cierto, no toda actividad gubernamental admite abrirse a las cámaras y los micrófonos. Hay instancias, en especial de negociación o deliberación, que necesitan sigilo para ser eficaces. Por ejemplo, es sensato mantener en reserva las conversaciones previas a una sentencia entre los jueces. Las decisiones son tajantes, inequívocas, en el discurrir previo los magistrados pueden (hasta deben, eventualmente) dudar, modificar sus pareceres, tomar razón de aspectos no contemplados en sus primeros abordajes. Pero la regla republicana es la visibilidad y la difusión.

Restringir al absurdo, como lo hace tozudamente el Tribunal Oral Federal Nº5 (TOF 5), la divulgación de imágenes de un proceso oral y público desnaturaliza su esencia. ¿Qué conserva de público un acto de gobierno que sólo pueden presenciar algunas docenas de personas? El velo impuesto por Sus Señorías atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía. No se permite conocer el rostro de un acusado, personaje conspicuo por demás. No hay razones válidas que justifiquen esa sustracción a la mirada ciudadana, sólo sofismas.

La preservación de los testigos o de las víctimas en general legitima que se restrinjan imágenes en ciertas audiencias. ¿Por qué vedar a la opinión pública que conozca el rostro de un acusado?

Dos observaciones finales, centrales en este debate.

Una. La Corte Suprema, tardía pero razonablemente, solicitó en una Acordada de fin del año pasado mayor compromiso a los jueces en las causas que investigan violaciones de derechos humanos. Reclamó menos permeabilidad a las defensas obstructivas, más aplicación para que avancen los trámites, colaboración para que la prensa difunda los juicios.

En consonancia, en estos días, encareció a los integrantes del TOF 5 que abrieran la sala de audiencias a la mirada pública. El TOF 5 es moroso para llevar a los represores al banquillo, esta vez fue veloz. De volea desairó el pedido de la Corte. La reacción pone en duda la influencia o la autoridad del máximo tribunal respecto de los tribunales inferiores. Esta Corte ha sido señera para marcarles los puntos a otros poderes del Estado, sigue mostrándose débil para encarrilar el alma conservadora y ocultista de tantos magistrados.

Dos. En los últimos meses el presidente de la Asociación de Magistrados, en un exceso de solidaridad corporativa, afirmó que no hay ¡en toda la Argentina! jueces que deseen entorpecer las causas de derechos humanos. Cuesta compartir el diagnóstico cuando día a día Sus Señorías fuerzan la inventiva para sobreproteger (fuera de todo sustento legal) a los represores. En el caso que comentamos, para entorpecer (no ya sus procesamientos o sus condenas) sino “apenas” la divulgación de las pruebas de sus proezas.

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