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Los jueces integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret y Otilio Romano (foto) cuentan con un extenso historial en la Justicia vinculados a la dictadura militar y sus intereses. En los últimos meses salieron a la luz por el fallo que suspendió la ley de medios y por haber acusado a los organismos de Derechos Humanos de haberlos “amenazado” por ello. En realidad, las entidades reclamaron sus juicios políticos antes de esa sentencia. Ambos jueces intentaron negociar el archivo de ese pedido de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura a cambio de fallar a favor de la ley de medios.

El camarista Luis Francisco Miret está acusado de omitir en forma sistemática salvaguardar la integridad de las personas detenidas a su disposición. El mismo ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Mario Adaro, realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura en favor de su destitución junto a Otilio Romano, también camarista, y al que se acusa de los mismos delitos. Luis Francisco Miret y Otilio Roque Romano hicieron la carrera judicial casi de la mano, porque treinta años atrás Miret se desempeñaba como juez y Romano como fiscal aún antes de que los militares dieran el golpe de Estado en 1976.

Organismos de Derechos Humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina durante la dictadura también realizaron una presentación en la que denuncian que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión mendocina durante la dictadura, de quien incluso aseguró que dormía en su casa. De Romano destacaban en el escrito “el compromiso ideológico con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar” y agregaban que “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y, en algunos casos, propia”. En el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura destacan que los entonces juez y fiscal respectivamente “tenían perfecto conocimiento de las gravísimas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y puestas a su disposición” pero “han omitido todo control sobre las fuerzas represivas, han permitido la detención de personas que fueron torturadas, otras violadas, bajo procesos que repugnan al derecho”.

Mendoza, que cuenta con más de doscientos desaparecidos, es la provincia ideal para los represores ya que aún no existen condenas y todos continúan libres. La participación activa de los jueces en favor de la dictadura militar, ocultando declaraciones de torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, surgió de forma inesperada a raíz de la digitalización de las causas por delitos de lesa humanidad llevadas adelante por la Justicia Federal cuyana. Los jueces, tal como denunció este diario, intentaron negociar con Juan Carlos Mazzón un pronunciamiento favorable a la ley de medios a cambio del cierre de las causas, habida cuenta de que uno de los fallos que impidieron la puesta en marcha de la ley provenía de la Justicia cuyana.

Las defensas que esgrimen los camaristas son endebles. Miret asegura que “siempre fue garantista” y recuerda que fue el ex presidente Raúl Alfonsín quien mandó su pliego al Senado. Romano, por su parte, muestra toda vez que puede una carta de amenaza de “un comando anticomunista” que lo acusaba de “favoritismo hacia los sucios bolches”.