Domingo, 6 de junio de 2010 | Hoy
Por Horacio Verbitsky
Elisa Carrió consideró vejatorio el secuestro de prendas íntimas de los hijos de Ernestina Herrera de Noble para analizar su ADN y establecer su identidad y “fascismo puro” la ley 26.548 que estableció la validez de ese tipo de pruebas no invasivas. También afirmó que los hijos de la viuda de Noble eran los hijos de todos. Pero en octubre de 2003, Carrió había sido una de las primeras firmantes de un proyecto de declaración de su colega Marcela Bordenave, que defendió la extracción compulsiva de sangre para realizar ese análisis. La Corte Suprema había sostenido que el Estado no podía disponer la extracción compulsiva de sangre de Evelyn Vázquez Ferrá (nacida en la ESMA, pero en el momento del fallo mayor de edad), quien se negaba al análisis por temor a que perjudicara al matrimonio que la había criado. Carrió sostuvo entonces que las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas entre 1976 y 1983 exigían “una búsqueda comprometida de la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales”. Además del derecho de los familiares de las víctimas mencionó el de la sociedad a conocer la verdad, que debía prevalecer. En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia ratificó en el caso de Emiliano Matías Prieto y Guillermo Gabriel Prieto que no podían ser forzados a someterse a la extracción sanguínea pero admitió la toma de ADN desprendido del cuerpo, en cabellos, cepillos de dientes o prendas íntimas. El fallo de Cámara en esa causa (“Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros”) fue redactado antes de dejar la justicia por Gabriel Cavallo, quien ahora se opone como abogado a aquello que decidió como juez. Ése criterio fue reproducido por la ley sancionada en noviembre de 2009 como consecuencia de un acuerdo entre el Estado nacional y Abuelas de Plaza de Mayo ante el sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos, al que ahora las Abuelas han recurrido en defensa del Banco, con el asesoramiento del CELS. Carrió, que en 2003 apoyaba la extracción compulsiva, se opone ahora a métodos que según la Corte Suprema son más respetuosos de la intimidad. Los casos no son idénticos. Policarpo Vázquez había anotado a Evelyn como hija propia. En cambio Ernestina Herrera inscribió a Felipe y Marcela como adoptados, aunque ya se ha demostrado en la causa la irregularidad del trámite. Otra diferencia es que Policarpo Vázquez era un suboficial retirado de la Armada y Ernestina Herrera la principal accionista del Grupo Clarín.
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