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El alejamiento del ex Procurador General Esteban Righi es una pérdida para el gobierno nacional y para los sectores de la política que valoran su desempeño en el regreso de Perón a la Argentina en 1972, como ministro del Interior de Héctor Cámpora en 1973 y en el exilio mexicano luego de 1976. Carezco de objetividad para opinar sobre las posiciones encontradas entre Righi y el vicepresidente Amado Boudou. Fui el redactor del discurso que Righi pronunció ante la plana mayor policial en junio de 1973, en el que adelantó los postulados que treinta años después aplicaría Néstor Kirchner: no reprimir los reclamos populares ni ser guardianes de un orden social injusto. Guardo por él un afecto y un respeto que ninguna diferencia posterior pudo mellar. Pero su alejamiento no debería confundirse con la designación de Daniel Reposo como sucesor. El ex vicepresidente Julio Cobos y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, se pronunciaron en contra. Cobos argumentó la cercanía del candidato con el gobierno y Gil Lavedra que “es un militante K” por lo cual su designación sería “un atropello institucional”. La historia de la UCR no es tan aséptica:

- José Nicolás Matienzo fue el principal asesor jurídico de los alzados en la revolución de 1890, encabezada por Leandro Alem y origen de la UCR. Hipólito Irigoyen lo nombró Procurador General y Marcelo Alvear ministro del Interior.

- Ramón Lascano fue convencional constituyente radical en 1949 y 1957. Su correligionario Arturo Frondizi lo designó Procurador General en 1958 y los sucesivos presidentes radicales José Guido y Arturo Illia lo confirmaron.

- Juan Octavio Gauna, designado Procurador general por Raúl Alfonsín. Hijo y nieto de dirigentes radicales, fue reorganizador de la Juventud Radical en 1957, secretario del Ministerio del Interior con Illia y miembro de la Convención de la Capital en 1972.

- Andrés D’Alessio sucedió a Gauna y renunció poco después de terminar la presidencia de Alfonsín, por cuya candidatura presidencial había militado desde el comité radical de Charcas y Pueyrredón. Luego fue elegido decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, a propuesta de la agrupación radical Franja Morada, en la que durante sus años de estudiante militó Daniel Reposo. El presidente radical que se privó del atropello institucional que denuncia Gil Lavedra fue Fernando de la Rúa, a quien no le alcanzó el tiempo para reemplazar al Procurador menemista Nicolás Becerra. La amnesia de Cobos alcanza a su propia gestión como gobernador de Mendoza. En 2004, propuso como ministro de la Suprema Corte al afiliado radical Alejandro Pérez Hualde, asesor de sus compañeros en el gabinete provincial, los sucesivos ministros de Hacienda Aldo Ostropolsky y Enrique Vaquié. Esa designación provocó la ruptura de Cobos con su antecesor, Roberto Iglesias, quien postulaba para la Corte a su ex ministro Leopoldo Orquín. Más allá de esta hipocresía, el procedimiento transparente de designación, propuesto por un conjunto de organizaciones no gubernamentales (CELS, INECIP, ADC, FARN, Poder Ciudadano y Unión de Usuarios y Consumidores) en el documento “Una Corte para la Democracia”, que el ex presidente Néstor Kirchner adoptó en los decretos 222 y 588 de 2003, permitirá que el bloque radical formule en el recinto las observaciones que le ha hecho a Reposo en los medios, como el retiro de los dictámenes de la SIGEN de su página web, la negativa de responder a requerimientos de información de la Auditoría General, su actuación en el caso Papel Prensa y una sospechosa denuncia que formuló en su contra un empleado de esa empresa propiedad del Grupo Clarín y La Nación. Esto ocurrirá en una audiencia pública, luego de quince días para que el ministerio de Justicia reciba apoyos e impugnaciones. Entretanto, quedará a cargo de la Procuración una de las joyas remanentes del menemismo judicial, Santiago González Warcalde, yerno y esposo de las ex diputadas cordobesas Leonor y Marta Alarcia. En 1993 tuvo que investigar amenazas a periodistas y sólo esclareció el caso de un lunático experto en comunicaciones, porque también había interferido las del avión de Menem. En 2004, dictaminó a favor de la libertad del ex militar Jorge Varando, autor de los disparos desde el banco HSBC que el 20 de diciembre de 2001 causaron la muerte del joven manifestante Gustavo Ariel Benedetto, de 23 años. Según González Warcalde, no es posible sostener que Benedetto fuera un manifestante sin evaluar “la legitimidad de su accionar, teniendo en cuenta el decreto 1678/2001” por el que De la Rúa declaró el Estado de sitio. Es decir que bien muerto estuvo. Además habilitó su despacho un sábado para disolver la Fiscalía Antisecuestros, cuando investigaba a policías federales por el secuestro del hijo del ex ingeniero Blumberg. La asamblea de fiscales repudió la decisión, adoptada “en un día inhábil, sin premura ni necesidad”, según ellos para frenar una investigación que podía llegar hasta el ministro de Justicia de entonces, Gustavo Beliz. González Warcalde también apoyó el recurso extraordinario del ex dictador Jorge Videla, quien consideraba prescriptos los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Plan Cóndor y dictaminó a favor de la liberación de Menem en el juicio por la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia. Reposo podría constituirse en el primer Procurador judío y especializado en temas del constitucionalismo social. El gobierno confía en que al día de hoy sólo le faltaría para su confirmación sumar dos votos positivos o que hubiera tres ausentes en el recinto.