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Una vez que la ley de fertilización asistida sea reglamentada, los hospitales públicos, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tendrán que dar cobertura a tratamientos cuyos costos oscilan entre 12 y 40 mil pesos, según su complejidad. Fuentes de una de las cámaras que agrupa a las prepagas le dijo a Página/12 que la aplicación de la norma “provocará mayores costos médicos, lo que obligará a incrementar el valor de los aranceles para todos los usuarios del sistema, que van a terminar pagando aunque no tengan la necesidad de una inseminación artificial”. La diputada del PRO Silvia Majdalani, que apoyó la ley aunque objetó su condición de “universal”, sostuvo que las prepagas “no tienen otra salida que cubrir las prestaciones de fertilización asistida, porque la ley establece que forma parte del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

Por su parte, el gobernador bonaerense Daniel Scioli se manifestó “orgulloso” porque el Congreso nacional haya tenido en cuenta “la experiencia exitosa” de la provincia de Buenos Aires en materia de fertilidad asistida”. A la norma aprobada en la provincia a fines de 2010, la calificó de “ley de vanguardia en la agenda de salud pública”. Scioli precisó que hay “135 embarazos en la provincia como fruto de las 12 mil consultas que se han llevado adelante; 75 nacimientos se produjeron en los nueve hospitales públicos (habilitados para los tratamientos) y los otros han sido cubiertos por IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial)”.

Acerca de las dificultades económicas para aplicar el sistema, el gobernador bonaerense señaló que “era uno de los tantos mitos que había: se decía que no se iba a poder hacer” aludiendo a “las presiones de los laboratorios, las obras sociales” y las prepagas. Aseguró que en su jurisdicción se avanza en la aplicación “en la convicción de que en esta etapa de acceder a nuevos derechos, los problemas de fertilidad son una enfermedad” y había que encontrar una solución.

En la provincia de Buenos Aires, la ley tiene vigencia desde el 3 de enero de 2011. Desde entonces se han producido 135 embarazos. De ese total, en 38 de los nacimientos las familias contaban con obra social y 37 tenían cobertura médica del IOMA. Los restantes fueron asistidos en hospitales públicos en forma gratuita. La cobertura fija en 30 años la edad mínima y en 40 la máxima. Se cubren hasta dos intentos de embarazo y la posibilidad de un tercero, de ser aprobado por un Consejo Consultivo.

La prioridad la tienen las parejas que no tienen hijos y el beneficio es para los ciudadanos con una residencia mínima de dos años en la provincia. Antes de la aprobación de la ley nacional, que tiene una cobertura mucho más amplia que la ley provincial, Federico Díaz Mathé, de Cimara, la cámara que agrupa a las empresas más importantes de medicina prepaga, consideró que la sanción de la norma es “una irresponsabilidad de parte de los legisladores” y que el costo de los tratamientos iba a ser “prorrateado entre todos los usuarios del sistema”. En la actualidad se estima que se realizan en el país diez mil tratamientos anuales y que, con la ley, el número se cuadruplicaría.