Carlos Slepoy recibe a Página/12 en La Americana. Hace tiempo en la tradicional pizzería porteña mientras espera el comienzo de la marcha convocada por los organismos de derechos humanos al cumplirse siete años de la desaparición de Jorge Julio López. Junto a Máximo Castex, otro de los abogados de familiares y víctimas del franquismo, están exultantes. Se muestran satisfechos por la decisión de la jueza Servini de Cubría de librar una orden de detención internacional para los criminales españoles. Afirma que se dictó “una importantísima resolución, de una enorme relevancia”, toda vez que fueron imputados cuatro torturadores de la última etapa del franquismo, como consecuencia de múltiples testimonios donde cada uno de ellos consta en la causa en manos de la jueza. Los abogados convocan hoy a las 12 a una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Uruguay 485.

–¿Qué alcance tiene la medida adoptada por la magistrada?

–La resolución establece que se emite una orden a la Organización Internacional de Política Criminal (Interpol) a los efectos de que sean detenidos allí donde se los encuentre. Asimismo se cursa un pedido de detención a España en el marco del tratado de extradición entre Argentina y ese país. Si las autoridades españolas hicieran lugar a esta petición, serían detenidos, se notificaría al juzgado argentino que fueron apresados o que están a disposición de la Justicia española, en cuyo caso el juzgado remitiría el pedido de extradición correspondiente.

–El gobierno español quedará expuesto si no accede a la petición de la jueza argentina.

–Si eso pasa, el único refugio que tendrán en el mundo será el lugar donde cometieron esos crímenes. Esto va a provocar una enorme presión para terminar con el franquismo en España. A pesar de la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo sosteniendo que estos crímenes no se podían investigar por la vigencia de la Ley de Amnistía, por prescripción o el principio de ilegalidad y otros argumentos, confiamos en que haya jueces y fiscales en España que se atrevan a proceder en relación con estos crímenes cometidos en uno de los mayores genocidios que se cometió en el siglo XX.

–La resolución de la jueza aparece incompleta. Las videoconferencias con víctimas que residen en España se suspendieron en mayo y ustedes habían pedido órdenes de detención para nueve represores.

–Pedimos que se dicte la misma medida para tres ex ministros y dos jueces y se nos ha manifestado que esto está siendo estudiado, por lo tanto, puede ser objeto de medidas futuras que se tomen sobre los mismos. Creemos que es el comienzo de una larga serie de resoluciones en el mismo sentido.

–¿Cuáles serán los próximos pasos de la querella?

–Se presentarán escritos señalando nuevos imputados. Se presentarán pruebas adicionales sobre las cinco personas que todavía no han sido objeto de imputación. El 20 de noviembre la jueza recibe a parlamentarios y alcaldes españoles que viajarán para manifestarle su apoyo a la causa. Esperamos que en el transcurso de la semana que viene se fijen nuevas fechas para las videoconferencias. Y a la vez sean recibidos nuevos querellantes. Esto va a tener una gran repercusión en España y a nivel internacional. Esperamos que sirva de disparador para que se ejerza la jurisdicción internacional en otros países del mundo.