Hace doce años, cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el arresto en Londres de Augusto Pinochet para juzgarlo por los crímenes que el dictador chileno cometió en Chile contra ciudadanos chilenos, se intentó de- sacreditar al juez que abrió esos procesos de jurisdicción universal a pedido del fiscal Carlos Castresana. En la Argentina, los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa le negaron la extradición de 140 jefes militares que había pedido. Los law lords británicos concedieron la extradición de Pinochet pero el gobierno laborista de Tony Blair prefirió enviarlo a Chile. Le bastó pisar Pudahuel para dejar de fingir demencia y agitar su bastón como estoque triunfal. Quienes en España se oponían a la actividad de Garzón dijeron que ponía en peligro las relaciones con lo que allí se denomina Iberoamérica. Por el contrario, desde Colón en adelante nunca la imagen española había sido mejor en América, gracias a Garzón. No se sentían en riesgo los pueblos sino los intereses empresariales españoles en la región, que temían represalias por parte de los gobernantes que garantizaban la impunidad. Es imposible exagerar la importancia del proceso que Garzón puso en marcha, como hecho político dinamizador de las democracias sudamericanas y como acontecimiento jurídico, en las huellas de Nuremberg pero no con el respaldo los tanques de un Ejército vencedor luego de una guerra mundial, sino apenas del derecho y de la ética. La actividad de Garzón y su favorable eco popular estimuló a los jueces argentinos a declarar nulas las leyes de impunidad y a los jueces chilenos a reinterpretar la ley de amnistía de modo de procesar a los desaparecedores. Por eso la decisión del Consejo español del Poder Judicial de suspender a Garzón y someterlo a juicio acusado de hacer en su país lo mismo que antes hizo por los nuestros resulta incomprensible. La idea de que prevaricó al desconocer una ley de amnistía es un disparate jurídico. También en Subamérica las había y en todos lados chocaban con marcos normativos de jerarquía superior, como le recordó a España el Tribunal Europeo y a la Argentina y Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los mismos jueces que admitieron reabrir los procesos cuando se trataba de sudacas lo objetan si afecta a españoles. Transmiten así un mensaje despectivo, similar al que todo el mundo le reprochaba a George W. Bush cuando decía que la ley soy yo y el que se opone es porque no entiende. Para colmo esto ocurre al mismo tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero practica la Gran De la Rúa y decide ahorrar sobre la papilla de los bebés y el salario de los empleados públicos. Ahora sí que las relaciones de España con nuestros países entran en zona de turbulencia, justo en vísperas de la cumbre de Madrid entre jefes de Estado de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea y en la quincena en que comienzan a celebrarse los bicentenarios de la independencia. El Reino de España se parece así a la peor republiqueta.