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“No hay plazo que no se cumpla
Ni deuda que no se pague.”
El convidado de piedra.
Antonio de Zamora

El fallo de la Sala II de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial era, en su sustancia, predecible. La declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) estaba en el inventario previo. La base de la decisión es desconocer el núcleo antitrust de la ley. Para hacer lugar a la demanda, se privilegia la propiedad privada del Grupo Clarín por encima de las potestades (o, aun, deberes) del Estado para combatir monopolios u oligopolios. La prosperidad económica de un jugador poderoso prevalece sobre el principio general de la libertad de informar y la igualdad ante la ley. Prima en sus fundamentos la defensa de la “sustentabilidad económica” del Grupo, puesta en riesgo según lo comprobaría supuestamente una pericia. Es un concepto insostenible en el siglo XXI, a fuer de privatista. Los camaristas soslayan considerar si esa sustentabilidad no conspira (y vaya si conspira) contra la de eventuales competidores o contra la propia existencia de voces alternativas.

Hasta ahí, la victoria del multimedios, que ya está siendo celebrada como una goleada. Pero que un especialista en la materia cifra así: “El Estado ganó el primer partido 4 a 0. Perdió la revancha, de visitantes, uno a cero. Va a la final con ventaja deportiva”.

La idea de la mínima diferencia en la Cámara-cancha clarinista se basa en el chocante sesgo ideológico del fallo. La Corte Suprema no tiene motivos legales para convalidarlo, si es coherente con su trayectoria y precedentes.

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Como añadido al veredicto cantado de antemano, hay ciertas novedades. Sus Señorías reconocen la constitucionalidad de la parte de la ley atinente a canales de aire y radios, la del plazo de desinversión y la modalidad elegida para rediseñar el reparto de licencias. Pero la niegan para los canales de cable, con lo que le pegan al espinazo de la LdSCA con argumentos pobres, desconociendo tratados internacionales. Y le pasan por arriba al límite de cobertura del mercado, casi sin fundamento.

Esta es la primera mirada del cronista, signada por la urgencia derivada de una lectura veloz de un fallo frondoso (hubo unanimidad pero los tres vocales agregaron argumentos a su visión común). La lectura afinada y la polémica que se levantará habilitarán una lectura más minuciosa.

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El eje de la decisión es la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la LdSCA. Pero no la de su ampliación a los canales de cable (ver asimismo nota principal). Así las cosas, la adecuación del patrimonio de Clarín se reduce a una expresión mínima. Los fundamentos contienen abundantes citas de jurisprudencia y tratados internacionales, en particular el voto del doctor Ricardo Guarinoni. Pero se saltean el, básico, Principio 12 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos aprobada en el año 2000: la concentración de los medios atenta contra la libertad de prensa.

Los sentenciantes se apiadan de las dificultades económicas que asaltarían a Clarín si se le quitan algunas licencias de cable. Pero no toman en cuenta las consecuencias económicas e informativas de la hegemonía del oligopolio para sus competidores y para la sociedad en conjunto. Equiparan, exagerando apenas, la solvencia de una empresa con la libertad de expresión, que concierne a millones de actores distintos a ella. Pasan por alto la distribución del derecho a informar. Las reglas antitrust, precisamente, se proponen un horizonte más amplio que el que abarca el fallo. Todos los emisores, no solo el más potente.

De confirmarse la sentencia, la LdSCA tendrá plena vigencia para todos los medios, menos para uno: el que ocupa una fracción dominante del espectro.

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Un flanco débil dejan los camaristas. La ley estuvo paralizada durante años por medidas cautelares contra artículos que vuelven a ser declarados constitucionales. Así se habían expedido Horacio Alfonso, juez de primera instancia y los fiscales de las dos instancias.

Se frenó durante un plazo vaticano una ley lícita. La inconsecuencia demuestra (involuntaria aunque palmariamente) parcialidad previa, mala praxis. Y le da un formidable argumento a los legisladores oficialistas para defender los artículos respectivos del proyecto sobre medidas cautelares que se debate justo ahora, en medio de una grita excesiva y ensordecedora.

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En el voto primero (y principal) de la camarista María Susana Najurieta se desliza uno de los tips sesgados del tribunal. Es la repetida alusión a los “medios independientes”, que no es un concepto jurídico sino un slogan del debate público de los últimos años. He ahí uno de los tramos en el que los sentenciantes dejan ver la camiseta que llevan puesta por debajo de la toga. Hay otros, como aquel en que Guarinoni se declara insultado por “quienes ocupan transitoriamente cargos en el Estado”, una alusión al carácter vitalicio del suyo, superior en esencia al de los desdeñados gobernantes electos.

El alineamiento de la Cámara con Clarín no precisaba esos énfasis: es conspicuo. La desvergüenza del juez Francisco de las Carreras, que viajó a Miami pagado por el multimedios y un par de sellos de goma, fue la máxima señal desdorosa entre tantas.

De las Carreras integra un largo linaje de miembros de la “familia judicial”: varias generaciones de magistrados. Esa condición cuasi hereditaria le otorgaría, piensan demasiados de sus pares, un aura de infalibilidad e imparcialidad. No es preciso demostrarla, no es forzoso (tan siquiera) guardar las apariencias.

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Si alguien esperaba un fallo, relativamente, temprano de la Cámara era el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. No porque haya sido contertulio habitual de los tres camaristas. De hecho, asevera el Supremo, no se dirigen la palabra.

De las Carreras no oculta su desdén por el titular de la Corte, un recién llegado a la Judicatura, con una doble “t” en el apellido, oriundo de una ciudad mediana de provincias. Y lo comenta con colegas VIP y periodistas, cuando viene a cuento. Lorenzetti, que lo sabe y dice no hacerse mucho drama, guarda distancia con los tres camaristas. Sobre todo desde que la doctora Najurieta le ocultó que iba a dictar una asombrosa medida cautelar favorable a Clarín.

El diálogo institucional con los camaristas estuvo a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, quien los vio con asiduidad. No para hablar del fondo del asunto, juran en la Corte, sí para pedirles presteza en la decisión. También para regañar, sin perder estilo pero con firmeza, al doctor Guarinoni cuando se mandó un viajecito a la India, en medio del ardiente diciembre.

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Al no tomarse todo el generoso tiempo disponible para pronunciarse la Cámara hizo un módico favor, no al Estado ni al Gobierno pero sí a la meneada seguridad jurídica. Ahora quedan los trámites, jamás cortos, del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La lógica es que ambas partes recurran. El Estado y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por lo esencial. Clarín, por los aspectos que se le rechazan.

Los plazos jamás son cortos. A ojímetro: el expediente llegará a la Corte onda fines de mayo. Lorenzetti intuía ese discurrir desde hace semanas. Y añadía que, si así fuera, la Corte zanjaría el entuerto con velocidad, “antes de fin de junio”.

Partidario de los consensos amplios entre los cortesanos, Lorenzetti no se hacía ilusiones en este estadio de la causa. El presidente del tribunal se cuida siempre de no dar por hechos los votos antes de que estén escritos pero la sensación térmica lo inducía a intuir una decisión apretada, acaso por cuatro votos contra tres. Hasta ahora, reseñan en su entorno más cercano, en las definiciones fundamentales ha habido cuatro jueces que han apurado el trámite y han sido atentos al sentido público que tiene la ley. Así votaron, en las instancias más tensas. Son el propio Lorenzetti, Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda. He ahí un indicio para lo que puede pasar, el reconocimiento de la plena constitucionalidad de la ley, “si todos ponen la firma a la hora de la verdad”, sugieren dos de esa lista.

La Corte, por mayoría, emitió una señal muy fuerte cuando consignó, en una de sus resoluciones, que el fundamento de la demanda de Clarín se centraba en daños patrimoniales que podían compensarse vía indemnización y no justifican una inconstitucionalidad. Lorenzetti asegura que ese párrafo lo escribió él “de puño y letra”, Los camaristas citan abundantemente al presidente de la Corte pero, en un párrafo sintomático, se ne fregan de ese punto central.

La Corte basculó entre buscar encaminar el pleito y mostrar excesiva transigencia con las chicanas de Clarín. Le dio aire a maniobras tendientes a alargar el trámite hasta el infinito... o hasta la próxima elección. El Plan “A”, más que el “B”, del multimedios es que el kirchnerismo sea vencido en las urnas y eso cambie el escenario político. En 2009 tuvo una satisfacción que no redundó en la paralización de la ley de medios. En 2011 tuvo un duro revés. Ahora, le prende velas a “la oposición” en las Primarias y en las generales. El papa Francisco, fantasean, dará una ayudita, de alguna forma u otra.

Los cortesanos recibirán una causa histórica que pondrá a prueba sus destrezas y su dignidad como Tribunal. Como siempre se supo, darán el veredicto definitivo. Les llega una sentencia floja, pro capitalista y antisocial al mango, contraria a reglas de derecho internacional que la Corte suele honrar. La Cámara le dejó la parte del león al grupo hegemónico, al rey de la selva. Y a la Corte le dejó una brasa ardiente en lo político, aunque no tan compleja si media apego a la ley por encima de las presiones y las pasiones de una ardiente coyuntura.

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