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En estos días el Senado de la Nación analiza en comisión la posibilidad de declarar “servicio público” a la telefonía móvil. Aunque expertos en derecho administrativo citados por el Senado no apoyaron la medida, es preciso contemplar esta iniciativa desde una perspectiva más amplia. La telefonía móvil es sinónimo de conexión perpetua para casi todas las personas adultas en nuestras sociedades. Esa circunstancia sobresaliente justifica considerar el servicio de telefonía más allá de la tradición administrativista.

El proyecto se basa en el reconocimiento de que hablar por teléfono, y en general conectarse en red, para la mayoría de los argentinos implica usar dispositivos móviles. No obstante, a diferencia de la telefonía fija, las redes móviles no están reguladas y por eso las tarifas y condiciones de prestación del servicio se ajustan más al lucro de las pocas empresas que participan del mercado, que a intereses y necesidades de los usuarios. Servicio público implica un Estado que regule precios, derechos de los consumidores (como la portabilidad numérica), tarifas sociales, el entorno de interconexión entre empresas y la calidad y continuidad de los servicios.

Con la misma lógica con la que el Estado decidió en los últimos dos años invertir en la diseminación de tecnologías desde una perspectiva inclusiva, mediante planes como Argentina Conectada y Conectar Igualdad, podría declararse como servicio público a la telefonía móvil para garantizar mejores condiciones para un servicio que desplazó al teléfono fijo y que en muchos casos opera incluso como relevo de otras tecnologías, más modernas.

La movilidad y ubicuidad son obvios rasgos diferenciales de la telefonía celular, pero hay otros igualmente importantes. Mientras que el teléfono fijo conserva su centenaria funcionalidad de comunicación bidireccional, el teléfono móvil es una central de entretenimientos y conexiones múltiples y, como dice Castells, perpetuas, que permite escuchar música y radio, intercambiar mensajes (de texto y multimedia) con varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar datos y conectarse en red.

Hija dilecta de la convergencia digital, la telefonía móvil es la tecnología informacional por excelencia en el país (casi 58 millones de líneas para 40 millones de habitantes). El uso de la telefonía móvil es testigo de grandes transformaciones que son, a la vez, tecnológicas y culturales: lo que hace 15 años era percibido como grotesco (hablar por teléfono en el colectivo, por ejemplo), hoy es totalmente aceptado.

Aún es prematuro diagnosticar en qué medida la telefonía móvil continuará mutando hasta difuminar el concepto mismo de telefonía o hasta replantear seriamente la singularidad de otras industrias (como la “radio”), que son integradas como una aplicación más del dispositivo.

La polifuncionalidad de la telefonía móvil se combina con la segmentación creciente del mercado de consumo. Económicamente, el mercado de telefonía móvil tiene tarifas desreguladas, lo cual es una rémora de las políticas neoliberales que regulan las telecomunicaciones en Argentina. Como ocurre con el gas, las clases medias y altas acceden al servicio de la telefonía fija con tarifas reguladas mientras que los sectores más pobres deben gestionar sus necesidades de comunicación telefónica sin la asistencia del Estado.

En telefonía móvil los consumidores pueden optar entre pagar un abono o hacerlo a través de tarjetas prepagas. Este tipo de consumo representa más del 70 por ciento del mercado de la telefonía móvil en la Argentina. Las tarjetas prepagas son mucho más caras para los usuarios, lo que constituye, nuevamente, un castigo para los usuarios de menores recursos.

Además, y como ocurre con otras redes de servicios convergentes (telefonía, televisión por cable, provisión de banda ancha para conexión a Internet), la propiedad del mercado de telefonía móvil está hiperconcentrado en tres empresas, lo cual genera preocupación de asociaciones de consumidores por el eventual abuso de posición dominante de los operadores. La preocupación no es únicamente tarifaria: la necesidad de evitar la discriminación de los servicios que consumen los usuarios de telefonía móvil por parte de los prestadores ya motivó que en otros países, como Holanda, se regulara la neutralidad de la red en telefonía inalámbrica. Este debate, abierto, resulta complementario con la iniciativa de declaración de la telefonía móvil como servicio público.

* Doctor en Comunicación. Universidad Nacional de Quilmes/ Conicet.