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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará este 8 de abril en Washington una audiencia para tratar las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina y la vulneración de los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos como consecuencia de las modificaciones a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Argentina Digital decretadas por Mauricio Macri a menos de 30 días de haber asumido su gobierno.

La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de diversos sectores en nombre de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.

El encuentro ha sido convocado por el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina”, luego de presentaciones realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom). También participan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (Rrulac), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (Aruna), el Sistema Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa.

Entre otros puntos, se cuestiona la derogación de los límites a la transferencia de licencias, sus prórrogas automáticas y la tolerancia a la concentración, así como la derogación de las obligaciones que la LSCA imponía a las televisoras de cable respecto de señales locales y grilla de programación, lo cual afectan directamente a la pluralidad de voces. En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en reemplazo de las Autoridades Federales Afsca y Aftic, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El Enacom comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna y disolviendo la representación de las provincias, de los diversos sectores académicos, de los medios comunitarios y los trabajadores, entre otros.

Se advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado de dicho decreto y la CCD alerta también sobre el peligro de pérdida de hasta 50.000 puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras de servicios audiovisuales y su consecuente encarecimiento de tarifas y abonos.

Durante enero y febrero, la CCD articuló y apoyó manifestaciones públicas reclamando la plena vigencia de la LSCA, una norma que recibió el mayor respaldo social y parlamentario y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema en 2013. Distintos referentes de las políticas de comunicación a nivel supranacional y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a nivel nacional también manifestaron su preocupación ante las medidas inconsultas del Gobierno Argentino.

La Coalición también puso en debate y aprobó los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas de comunicación (se puede adherir a ellos en http://www.coalicion.org.ar) durante un nutrido Congreso Nacional realizado el pasado 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias y diversas organizaciones.

Mientras tanto, en el Congreso Nacional está pendiente el tratamiento de la aprobación o el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15. El Estado, además enfrenta diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.

El viernes 8 a las 10 (hora argentina) la audiencia será seguida en vivo en eventos convocados por los nodos regionales de la CCD en diferentes puntos del país. El acceso público para conectarse a la transmisión web es http://original.livestream.com/OASSpanish.

* La CCD representa a un conjunto de organizaciones populares, de DDHH, medios comunitarios, cooperativos y pymes, sindicatos, universidades y pueblos originarios que en 2004 consensuaron 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que servirían de base para el debate de la LSCA aprobada en 2009.