Así como la lluvia no es impedimento para las topadoras que funcionan día y noche talando árboles y plantas en los montes, tampoco lo fue para las organizaciones ambientalistas y ONG que durante el mediodía de ayer se congregaron frente al Congreso para entregar allí el más de un millón de firmas que recolectaron para impulsar “la urgente sanción” en el Senado de la Ley de Bosques, un proyecto que apunta a detener los desmontes indiscriminados y espera tratamiento desde hace siete meses.

“Un millón por la Ley de Bosques”, rezaba el enorme cartel de 30 metros por 20 que los manifestantes desplegaron sobre la avenida Entre Ríos, justo enfrente del Palacio Legislativo. La referencia era al casi 1.200.000 ciudadanos que pusieron su firma para apoyar la campaña que promueve que los senadores comiencen a discutir el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, que ya tiene media sanción de Diputados.

Los representantes de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), fueron los encargados de entrar en el Senado para entregar las planillas con las firmas de los ciudadanos, recolectadas en stands en la vía pública y por Internet.

“El mensaje de la gente es claro y contundente: los senadores no pueden seguir desconociendo el mandato de más de un millón de argentinos para que traten la ley. Les estamos pidiendo que hagan su trabajo, que sesionen y aprueben una ley que es vital para la preservación de los últimos bosques nativos argentinos y cuya sanción no puede demorarse más”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace.

El proyecto, presentado en 2006 por el diputado de Diálogo por Buenos Aires Miguel Bonasso, fue aprobado en marzo pasado en la Cámara baja luego de superar la oposición de los representantes de varias provincias del norte argentino, donde la práctica del desmonte tiene su máxima expresión. Desde ese momento espera tratamiento en el Senado, donde los legisladores decidieron girarlo a seis comisiones que todavía lo estudian.

El proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece una suspensión de los desmontes en todo el país hasta tanto las provincias realicen –con la supervisión del Estado nacional– un ordenamiento territorial de los bosques nativos, para planificar de manera participativa su uso sustentable. Además, prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.

En la misma línea, fija diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo. “Se propone algo asimilable a lo que en una ciudad es el código de planeamiento urbano: definir en qué zonas se puede realizar cada actividad, y cuáles son las áreas que de ninguna manera pueden ser sometidas al desmonte”, explicó a Página/12 Gonzalo Girolami, vocero de Greenpeace.

El problema es que las sesiones están virtualmente suspendidas hasta el 29 de octubre, es decir, un día después de las elecciones. Si bien el dato no es oficial, ya que este mes forma parte del período de sesiones ordinarias, fuentes de las presidencias de los bloques mayoritarios coinciden en que “en los hechos, la actividad está parada”. Entonces, el tema deberá esperar un mes más.

Los senadores oficialistas que quiso contactar este diario no respondieron los llamados. Desde el entorno del presidente provisional de la Cámara alta, José Pampuro, se animaron sin embargo a señalar que allí ven “con muy buenos ojos el tratamiento de este proyecto”, por lo que la idea es que se empiece a discutir “después de las elecciones”. En ese mismo sentido, admitieron que existe “un núcleo de resistencia al tratamiento entre los representantes de las provincias del norte”, por lo que las estrategias para que la ley se apruebe deben apuntar hacia allí.

En la misma línea se mostró el senador radical Ernesto Sanz, que en diálogo con este diario afirmó: “Nuestra expectativa es que se trate cuanto antes, pero como sabemos que va a ser casi imposible este mes, tenemos como esperanza máxima que no se termine el año sin que se discuta y se apruebe”.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.