Por Alejandro Bercovich

Es el único sector de la economía que estuvo al margen de la última recesión, y uno de los que creció con más fuerza tras el fin de la convertibilidad. De la mano de las multinacionales buscadoras de oro y plata, la minería no dejó de incrementar su producción en los últimos diez años. Y prevé duplicar en cinco sus exportaciones, que ya superan las del complejo de la carne. Con el mismo ímpetu que sus ganancias, crecen las quejas y las movilizaciones contra una actividad que goza de más beneficios fiscales y cambiarios que ninguna otra, y que amenaza con daños ambientales a las localidades donde se radica.

La ecuación económica de la minería metalífera no tiene fisuras: costos internos devaluados, precios internacionales por las nubes, marco impositivo de privilegio, reservas comprobadas por miles de millones de dólares y un 75 por ciento del territorio potencialmente productivo aún inexplorado. Por la Ley de inversiones mineras sancionada en 1993 y ratificada en 2001, y por varios decretos de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías del sector están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, pueden deducir de Ganancias sus gastos de exploración y computar como aportes de capital propio hasta el 50 por ciento de sus avalúos de reservas. No se les cobran retenciones, impuesto al gasoil, tasa de sellos, tasa de estadística ni impuesto al cheque. También se les permite importar maquinaria sin abonar derechos de importación y amortizar de manera acelerada esas inversiones, así como percibir reintegros de IVA y reembolsos adicionales por el uso de puertos patagónicos. Lo que sí pagan son regalías a las provincias, pero con un tope máximo: el 3 por ciento del valor extraído en boca de mina.

La mayoría de esos beneficios impositivos responde a que la ley del menemismo les concede a los emprendimientos mineros “estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad”. Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Jorge Fillol Casas, ello no implica un privilegio excepcional sino un marco propicio para la inversión. El ejecutivo dijo a Cash que las firmas canadienses y europeas que invirtieron más de 4000 millones de dólares en los últimos diez años nunca lo habrían hecho sin contar con esos incentivos, y aseguró que los nuevos proyectos no contarán con las mismas ventajas. No obstante, más de 80 empresas exploradoras –denominadas juniors porque después venden sus proyectos a las multis– escrutan en la actualidad el inexplorado subsuelo cordillerano a la búsqueda de nuevos yacimientos.

Entre 1994 y 2004, los gastos en exploración ascendieron a 960 millones de dólares, según datos de la CAEM. Las exportaciones, en tanto, alcanzaron los 1187 millones de dólares el año pasado, frente a los 260 millones de 1995. Fillol Casas estima que esa cifra llegará a 2500 millones en 2010, y espera inversiones por 5000 millones hasta ese año.

Los precios internacionales son un potente incentivo para el sector. Entre 2001 y 2005 la onza de oro pasó de 250 a 450 dólares. Así los planes de las compañías para el país trocaron el stand-by por la aceleración frenética. Según los estudios de factibilidad de la canadiense Barrick Gold Corporation, el costo promedio por onza en los primeros tres años de explotación será de 200 dólares en Veladero (que empieza a operar en octubre) y de entre 130 y 140 dólares en Pascua-Lama (actualmente en construcción y con inauguración prevista para 2009).

Los demás metales siguieron el mismo derrotero alcista: la plata, por caso, aumentó cerca del 80 por ciento en cuatro años, y la mayoría de los yacimientos contienen dos o más elementos mezclados en la misma roca.

Los defensores de la actividad argumentan que los retornos fabulosos que surgen de ese cuadro de costos sirven para dinamizar las economías regionales, a través del encadenamiento de la minería con los demás sectores de la producción. En esa línea se inscriben planes oficiales como el de remineralización de suelos que impulsa la secretaría del área, dirigido a los horticultores interesados en incrementar sus rindes. Lo concreto es que mientras el cobre de Catamarca sale por barco hacia Europa o el Lejano Oriente en forma de polvo concentrado mezclado con impurezas, los fabricantes locales de cables importan el cobre que usan desde Chile, debido a la ausencia de una refinería local que transforme el metal. Las multinacionales del sector aducen que aún no hay escala para instalar en el país una planta de ese tipo.

De todos modos el riesgo ecológico es lo que genera mayor resistencia social contra la minería. El intento de la canadiense Meridian Gold de explotar a cielo abierto un yacimiento de oro a menos de 10 kilómetros de Esquel –utilizando cianuro y otros elementos tóxicos– derivó en las primeras movilizaciones masivas opositoras, y terminó en marzo de 2003 con un plebiscito que arrojó un aplastante 81 por ciento para el “no a la mina”.

El proyecto de Barrick Gold en la frontera sanjuanina con Chile (Pascua-Lama) también enfrenta la resistencia de un sector importante de la población y de los productores vitivinícolas, debido al peligro de contaminación del acuífero que nutre a buena parte de Cuyo. En el estudio de impacto ambiental de ese emprendimiento binacional, al que tuvo acceso Cash, se observa que el dique de colas –donde van a parar los desechos químicos del proceso– se encuentra del lado argentino, aunque absorberá los residuos que se generen en los dos países.

El complejo de Veladero, cuya planta concentradora se inaugura en los próximos días y que será en unos meses la principal mina de oro del país, se encuentra enclavado en el norte de San Juan, a 50 kilómetros del Parque Nacional San Guillermo y pegado a una Reserva de la Biosfera protegida por la Unesco. Los guardaparques intentaron el año pasado efectuar un reconocimiento de las tierras provinciales a través de un camino que construyó la Barrick, pero fueron expulsados y amenazados por la empresa, según reveló a este suplemento uno de ellos, que pidió reserva de su identidad. “La minería de alto impacto no es compatible con la preservación del medio ambiente, y menos con una reserva natural. Allá arriba hay una ciudad de 3 mil personas, que quema un millón de litros de gasoil por mes y va a usar más de 7 toneladas diarias de cianuro”, explicó la fuente.

Fillol Casas le resta importancia a la cuestión. “En la mayoría de esos lugares no habita la gente, porque a 4 mil o 5 mil metros de altura no habita nadie. Entonces se está llevando buena vivienda, buena alimentación y buenas escuelas donde antes no había nada. La minería lleva progreso, lleva caminos, lleva energía eléctrica.” Lo que se preguntan quienes se oponen es por cuánto tiempo y a qué precio.