A partir de la expropiación de Invepal (Industria Venezolana de la Pulpa y el Papel) en enero de 2005, tomó vigor un proceso –incipiente hasta entonces– de avance hacia el control obrero de fábricas en Venezuela. Con el amparo de la Constitución, cerca de 200 empresas fueron recuperadas por los trabajadores, algunas se convirtieron en cooperativas, otras son cogestionadas con el Estado y un tercer grupo es estatal aunque con una injerencia clave de sus empleados en las decisiones. Después de plasmar los casos más destacados en el documental Venezuela desde abajo, el investigador italiano Darío Azzellini habló con Cash acerca de las características de este proceso.

¿Cuáles son las particularidades de la recuperación de fábricas en Venezuela?

–Hay un apoyo del Gobierno hacia las fábricas recuperadas o las que hay que recuperar. Entre 1983 y 1988, el país tuvo crecimiento cero o negativo y cerraron miles de empresas. Más empresas cerraron cuando Chávez llegó al gobierno. Así que cada empresa que empieza a trabajar tiene un mercado interno. En un primer momento, no pasó nada: el Gobierno no reprimió, pero tampoco dio respuesta. Hasta que en enero de 2005 se dio la primera expropiación de la fábrica de papel Invepal. Luego siguieron otras expropiaciones y empezó un programa de recuperación industrial. Hoy, el Estado no sólo apoya a las fábricas sino que les compra a los bancos las empresas quebradas que tienen en su poder y se las pasa a los obreros. Hay tres modelos: las que son 100 por ciento cooperativas, las estatales y las que tienen una participación estatal del 51 por ciento, aunque en estos modelos la asamblea obrera elige al director.

¿Cómo se adaptó la normativa a este proceso?

–No existe ley sobre cogestión o autogestión. Hubo una iniciativa del Gobierno, que les ofreció a las pequeñas y medianas empresas armar un modelo de cogestión con los obreros y a cambio darles créditos en condiciones preferenciales. Y alrededor de 800 construyeron un modelo de cogestión. Entre las estatales, la empresa de aluminio es el modelo más avanzado: es 100 por ciento estatal y sin embargo se está construyendo un modelo de control obrero en todos los niveles.

¿Qué otras iniciativas tomó el Gobierno?

–Hace un año, Chávez leyó en la televisión una lista de más de 1100 empresas cerradas y llamó a la población a tomarlas. Además, el Estado da preferencias a cooperativas en la compra de bienes y servicios. Luego están los créditos con condiciones preferenciales. El Estado puso 7,5 millones de dólares para que Invepal pudiera arrancar la producción. Eso representa el 51 por ciento de propiedad estatal. Ese dinero fue convertido en crédito que la cooperativa, después de un año de gracia, paga con intereses del 1 al 4 por ciento anual, cuando la inflación en Venezuela llega al 15. Y mientras se paga ese crédito, el Estado va pasando acciones a la cooperativa.

¿Que noción de productividad empresaria subyace a este proceso?

–La lógica neoliberal cuenta sólo la productividad de la empresa. Si una empresa con 300 obreros no gana lo suficiente para ser productiva, parecería que no conviene mantenerla. Pero cuánto le cuesta a la sociedad 300 obreros sin trabajo, cuánto le cuesta al país que ese bien no se produzca y haya que importarlo. Cuánto les cuesta al Estado y a la sociedad que esas familias no tengan trabajo. Cuánto les cuesta a las empresas que vendían materia prima a una empresa que cierra. Hay que regresar a una cuenta total, no contar cada parte del sistema productivo, si no no es en el marco del contexto social. Y eso se perdió en el debate político y económico.

¿Cómo evalúa el resultado de las elecciones?

–Chávez ganó las elecciones por amplio margen. Y su triunfo profundizará este proceso. Chávez dejó claro que estas elecciones son un sí o no al socialismo. Y entonces habrá una revitalización de los procesos en curso. Pero sigue el problema de la disparidad entre el discurso de Chávez, los niveles intermedios de la administración y lo que pide la base. Las ideas sobre qué tan radical debe ser este proceso son muy diferentes.