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Es una constante presentar el éxito del actual programa económico indicando las tendencias declinantes de la pobreza y la indigencia respecto del momento más agudo de la crisis (2002). En más de una ocasión hemos señalado el límite de estas comparaciones. No porque sean falsas, sino porque implican sacar de contexto la información y suponen que cada indicador se explica por sí solo.

Así las cosas, esas comparaciones pasan por alto que pese a que la actividad económica ya superó los niveles precrisis (es 19 por ciento mayor que en el año 1998) los indicadores sociales son peores que los de aquel momento. Quedan plasmadas así dos cosas: en primer término, el umbral de actividad económica necesario para retornar a los niveles de pobreza e indigencia de los noventa es mayor; en segundo lugar, la senda de recuperación económica se asienta en condiciones de mayor desigualdad y pauperización.

Más allá de lo expuesto existe otra cuestión que vale la pena destacar en estos tiempos de “manipulación política” de las estadísticas. La información y metodología, que extrañamente y sin razonable explicación sigue utilizando el Indec para medir la pobreza y la indigencia, si bien pueden ser útil para mostrar las tendencias declinantes que exhiben estos indicadores en los últimos años, resultan inadecuadas para evaluar la magnitud y las características del problema que estamos afrontando.

Tres son las falencias más importantes de las que adolece la metodología actual:

• En la metodología vigente hay evidencias no sólo de que el patrón de consumo está desactualizado, porque data de 20 años atrás (Encuesta de Gasto 1986/87), sino que, además, al menos una parte de la propia población de referencia ya se encontraba sumida en la pobreza en los años ochenta. En materia de indigencia, la canasta alimentaria actual refleja el patrón de consumo de la década de 1980 y de una población ubicada entre el 20 por ciento de menores recursos. Factores derivados de variaciones en los niveles de vida, de una creciente urbanización y de los cambios sociales y demográficos que le están asociados, así como la alteración de las relaciones de precios, generan nuevos patrones de consumo y modifican la demanda de alimentos.

• La ausencia de Canastas/Líneas (de pobreza e indigencia) regionales. Las que se emplean actualmente surgen de ajustar la canasta básica alimentaria del Gran Buenos Aires por precios regionales. No existen canastas regionales específicas.

• El procedimiento de calcular un coeficiente único para alcanzar la CBT (canasta básica total) que define la línea de la pobreza supone implícitamente que no hay diferencias entre los requerimientos alimentarios y el resto de los bienes y servicios que pueden demandar los hogares. Deja de considerar por lo tanto diferencias específicas como la que los hogares presentan en relación con su ciclo de vida. Por ejemplo, en educación por la presencia de menores que asisten a la escuela o en salud por la presencia de personas mayores. Tampoco se atienden gastos que están sujetos a economía de escala; es decir, el tipo de gastos que no siguen una relación proporcional a la cantidad de miembros sino que aumentan en forma menos que proporcional a medida que aumenta el tamaño del hogar. Por ejemplo, algunos gastos asociados a la vivienda y a los servicios básicos. Tampoco tiene en cuenta el gasto en alquiler que deben afrontar los hogares no propietarios de vivienda.

Consciente de estas limitaciones el Indec encaró una revisión metodológica basada en la Encuesta de Gasto de Hogares del año 1996/97, que suponía un crecimiento en el valor de las Líneas de Pobreza e Indigencia.

La nueva metodología está disponible hace ya tres años, ha sido publicada por el organismo e incluso presentada en seminarios internacionales. Sin embargo, y sin una razonable explicación, el Indec sigue trabajando con una metodología vieja que sus propios equipos técnicos ya superaron y con una estructura de gastos de hace más de 20 años.

La aplicación de la nueva metodología sobre los resultados de la última medición de pobreza disponible (1º semestre 2006) permite observar profundas diferencias. Por ejemplo, en lo relativo a la línea de indigencia para el Gran Buenos Aires, en el caso de una familia tipo (matrimonio con dos hijos menores) la CBA sube de $391,2 a $464.5. Si consideramos la línea de pobreza para el mismo tipo de hogar y suponemos que éste no tiene vivienda propia, la CBT sube de $856,9 a $1572,1.

Considerando el conjunto de la población, la pobreza pasa de 31,4 por ciento a 39,6 por ciento y la indigencia sube del 11,2 por ciento al 14,4 por ciento.

En número de personas, la pobreza que en la medición vigente afecta a 12.242.619 personas, en la nueva metodología asciende a 15.422.356. A su vez, la indigencia, que en la medición actual afecta a 4.355.926 habitantes, en la nueva medición llega a 5.619.049.

Es decir que, actualizando metodologías, hay 3.179.737 pobres más, y 1.263.122 indigentes más. Pero más allá de la modificación en los totales de este drama argentino, también se observan alteraciones en la composición del fenómeno. Así, se agrava la situación de los menores, entre los que la pobreza se expande en un 20 por ciento para decirnos que el 56 por ciento de los niños menores de 14 años vive en hogares pobres, e incluso, la situación de los mayores exhibe una fenomenal suba del 57 por ciento. De igual modo, la nueva metodología detecta un agravamiento de la situación de pobreza e indigencia en algunas regiones (Cuyo, Región Pampeana, NOA y NEA).

La revisión metodológica realizada por los equipos técnicos del Indec merece ser considerada y no silenciada. Disponer de diagnósticos más precisos permitirá construir mejores estrategias, imprescindibles frente a una Argentina que después de cuatro años de crecimiento a tasas del 9 por ciento anual, exhibe aún casi 16 millones de personas bajo la línea de pobreza.

* Economista y diputado nacional.