En octubre pasado, dos reuniones del Convenio de Diversidad Biológica en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tuvieron lugar en Montreal, Canadá. Dicho convenio se abrió después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y entró en vigor en 1993. Participan en él 190 países y declara como objetivos conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes así como una justa y equitativa participación en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Las dos reuniones en Canadá trataron sobre el acceso de las corporaciones de los países desarrollados a la biodiversidad, sobre la participación en los beneficios de las poblaciones locales y sobre el papel de sus conocimientos.

“La relación de fuerza en nuestro país nos hace temer una posición de país colonial”.Foto: Télam.

La agenda estuvo centrada en el régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios por el uso de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. En una reunión anterior, los países en desarrollo habían avanzado en la implementación del régimen que se demanda: que los países desarrollados paguen por el acceso, el uso de los recursos genéticos y por el conocimiento tradicional asociado a ellos. En estas reuniones de octubre, esa negociación se volvió a estancar. En la actualidad la entrada a los lugares de la biodiversidad está garantizada por este mismo convenio que manda a las partes (gobiernos nacionales) facilitar dicho acceso. Como no existe otro marco de regulación internacional el acceso es libre, es decir, los países interesados en la biodiversidad pueden llevarse recursos, conocimientos de cualquier lugar del mundo. En realidad, se sabe que el 80 por ciento de estos recursos están en territorios de indígenas y campesinos quienes supieron preservarlos.

Los mismos países que votaron en contra de la Declaración de Derechos para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en septiembre último se oponen al tratamiento de regular el acceso y negociar un valor económico de esos recursos. Son Australia, Nueva Zelanda, Canadá así como Estados Unidos que no es miembro de la Convención pero opina. Los pueblos indígenas de todo el mundo no han tenido una posición unificada en torno de estos procesos pero el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Biodiversidad, que participa pero no vota, aportó definiciones muy claras y firmes. Afirmaron en la reunión: “Para nosotros, los Pueblos Indígenas, nuestros conocimientos tradicionales y recursos genéticos asociados que se encuentran en nuestros territorios y tierras ancestrales son fundamentalmente espirituales y no simplemente de valor comercial (...). Consideramos que cualquier sistema de certificación de origen/fuente/procedencia legal que sean desarrollados deben reconocer los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y no afectar nuestro patrimonio cultural e intelectual en los cuales se incluyen los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales en los términos de los artículos 31 y 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

En general proponen guardar el derecho a decidir el otorgamiento de los accesos, que no sean los Estados nacionales los que lo hagan. Proponen demostrar a la humanidad que no hay valor económico para todo, no lo hay para la vida, la espiritualidad, para la diversidad biológica y cultural conservada desde valores propios.

Estas negociaciones muestran a las claras la necesidad de los países desarrollados, de sus corporaciones, de apropiarse y sacar provecho de los recursos de nuestros territorios. En estos tiempos se enfrentan con la voluntad de los pueblos indígenas de defender sus territorios, cultura y los conocimientos de sus ancestros. Muchas legislaciones nacionales e internacionales están de su lado pero hay que estar atentos para que los Estados nacionales, los que finalmente votan y acuerdan, no terminen aceptando los términos y vocación colonialista de los países desarrollados. La relación de fuerza en nuestro país nos hace temer una posición de país colonial. Sólo basta recordar la suspensión del tratamiento de la ley de bosques nativos, y luego su modificación, para fundamentar esta preocupación.