Domingo, 20 de julio de 2008 | Hoy
DOCUMENTO > LAS ECONOMIAS REGIONALES. EL OTRO CAMPO
El Senado rechazó la ratificación del proyecto oficial sobre derechos de exportación al agro, pero unos días antes, Alejandro Rofman, el especialista en economías regionales del Plan Fénix, participó en las sesiones de Comisión. Fue una presentación relevante porque más allá de las retenciones destacó el lugar del otro campo, olvidado en este conflicto. Cash publica su exposición.
Exposición ante Comisiones del Senado de la Nación del día 9 de julio de 2008.
Dr. Rofman: –Muchas gracias por haberme invitado a esta casa que frecuenté cuando era muy joven porque venía a escuchar al doctor Alfredo Palacios desde las gradas de las galerías. En ese aspecto, me siento muy conmovido por estar en el mismo espacio que él frecuentó tantos años. Fue mi maestro desde el punto de vista político. Mi exposición va a tener otro signo que las que estuvieron escuchando en tanto y en cuanto parte de un concepto que lo he expresado en muchos de mis libros. Quiero partir del concepto de que hay otro campo, que no hay un solo campo. Y el campo más importante en términos de población, de compromiso con la tierra, de su situación realmente difícil y complicada, que no es de hoy sino que ya viene de tiempo atrás, es justamente el otro campo. El campo de los pequeños productores, del campesino, de los agricultores familiares, de los descendientes de los pueblos originarios.
¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la discusión se ha centrado en estos 120 días entre la capacidad que supuestamente tiene o no, según los que los defienden, los productores agrarios de un sector de la Pampa Húmeda –no toda– y la política oficial en cuanto a la imposición de derechos de exportación. Y en cambio se sigue sin hablar de que cualquier política sectorial, cualquier avance que se haga en términos de ir creando especiales tributos a un segmento de la actividad agropecuaria argentina no puede realizarse aislada de un marco de un proyecto de desarrollo rural integral que abarque a los 330.000 productores agrarios que hay hoy en la Argentina. Los que discuten esta situación de hoy, los que protestan son 70.000 productores de la Pampa Húmeda y a lo sumo algunos miles más, que se han ido extendiendo en zonas que hasta ahora no estaban sujetas a la producción de soja y que han ido siendo incorporadas en los últimos años.
Me parece que hay otra cosa muy importante que habría que tener en cuenta en este debate, una vez superado el mismo, cualquiera sea la solución que se acuerde en cuanto al porcentaje de retenciones. En cambio, todavía no se discute, y ojalá se discuta muy pronto la política de desarrollo de la amplia estructura agraria de la Argentina, que es muy heterogénea, que tiene un perfil social tan diferente entre un productor de 3000 hectáreas de la Pampa Húmeda y el pequeño productor de frutas del Alto Valle, o el pequeño productor de uva de mesa en la región cuyana, o los pequeños productores de olivo que están en franca desventaja frente a los grandes grupos económicos favorecidos por la ley de diferimientos impositivos. Estamos hablando de un proceso productivo signado por la presencia de dos terceras partes del país de pequeños productores, de los cuales prácticamente el 50 por ciento del total no tiene ingresos, o sólo los tiene para subsistir o, incluso, menos que eso. Un 40 por ciento son pobres.
(...)
Me parece que esta discusión vale la pena hacerla no por el porcentaje de derechos de exportación, sino porque hay que reconocer el proceso que atraviesa a lo largo y ancho del país el área rural, que exige una política concertada que tenga como principal objetivo el salvataje de ese 50 por ciento de pequeños productores para que vuelvan a sus fincas. No como el gran productor o como el mediano de la Pampa Húmeda, que vive en la ciudad. El que vive en su finca, con su familia, que cuida la tierra, que trata de sobrevivir trabajando con el mercado, produciendo para su propio consumo o incluso vendiendo su fuerza de trabajo extrapredialmente para tener los ingresos necesarios.
No podemos discutir, durante jornadas y jornadas –que es lo que ha sido la materia de discusión– por tres, cuatro, cinco u ocho puntos de porcentaje. La capacidad económica del pequeño productor sojero de la Pampa Húmeda es fenomenal, qué quisiera tener un trabajador. Por una campaña está recibiendo, según la zona, entre 200, 300 o 400 dólares por hectárea. Pongamos 300 dólares y 100 hectáreas. Está recibiendo por campaña –porque eso es lo que se alquila– 30 mil dólares. Quiere decir que él puede vivir en la ciudad con 2500 dólares por mes de ingreso; un ingreso que lo coloca seguramente en el primero o segundo decil de la matriz de distribución del ingreso por tramos de ingreso, que publica usualmente el Indec a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.
Entonces estamos en una situación en donde tenemos que valorizar el material humano que hay en la estructura agraria argentina. El 50 por ciento de lo que se consume en los hogares argentinos en comida proviene de la agricultura familiar. Proviene del pequeño productor, que hace legumbres, hortalizas, frutas, yerba mate, té, productos aromáticos, etcétera. Eso es muy importante, porque es nuestro respaldo para que no emigre más la población rural del interior. Es nuestro seguro para la ocupación de la tierra por las familias productoras. Exige una atención permanente para ellas en términos de su calidad de vida, en términos de los bienes públicos que se les debe ofrecer: de salud, de educación, de vivienda, de forma tal que su permanencia en su predio constituya un objetivo a mediano y largo plazo, y garantice el no abandono.
(...)
Es muy importante reconocer que pareciera ocioso seguir discutiendo esta cuestión cuando existen urgencias tanto o más importantes en la estructura agraria argentina, que tienen que ver con la permanencia de no menos de un millón de habitantes que viven en los predios. Y con el equilibrio demográfico de la Argentina, que se debe tratar de mantener a toda costa para evitar el vaciamiento de zonas muy importantes del interior, sobre todo del norte, del oeste y del sur del país.
Hecha esta pequeña introducción –perdonen el apasionamiento, pero es lo que suelo tener como buen rosarino–, voy a hacer un pequeño comentario sobre la cuestión que aquí se estuvo debatiendo, aunque ya lo hice tangencialmente. Un productor sojero tenía en el año 2001, antes de la devaluación, un precio por tonelada de su producción de 200 dólares o 200 pesos. Ocurrió la devaluación. Se transformaron en 600 automáticamente. Pero en el último año ocurrió el aumento de precios internacionales. Ayer la tonelada estaba bordeando los 570 dólares. En síntesis, hoy en día, sin retenciones el productor de soja ha pasado de 200 pesos la tonelada a 1710, es decir, un 850 por ciento de aumento.
Esto es lo que un señor senador denominó recién como una “renta extraordinaria”. Nadie lo puede negar. Yo soy jubilado del Conicet. ¿Quién de nosotros puede decir que de 2001 a hoy le ha ingresado 850 por ciento más de recursos? Tengo las cuentas; no quiero abrumarlos con números. Pero en la revista Márgenes Agropecuarios –que antes se citó y que hoy bajé de Internet– están todas las cuentas de cuánto es, por ejemplo, el fertilizante. El fertilizante es el 7 por ciento del monto del costo de producción. De modo tal que, aun cuando haya aumentado 150 o 200 por ciento no incide en la rentabilidad real. Rentabilidad que está compuesta, por una parte, por renta de la tierra, y por otra parte, por beneficio empresarial.
(...)
Y cierro con esto. Hay un dato que es incontrovertible, lo publicó el diario La Nación, que todos sabemos tiene una orientación determinada en cuanto a este conflicto. El día jueves 22 de mayo sobre el tema de los precios de la tierra rural trajo a colación información que le proporcionó la Compañía Argentina de Tierras Sociedad Anónima, que es la más importante inmobiliaria rural de la Argentina, don Alejandro de Elizalde, director general de Elizalde, Garraham y Cia. y la firma Alzaga Unzué y Cia. Entonces, el periodista Fernando Bertello le pregunta cómo va el tema de la tierra rural en el medio del conflicto. Dicen: ha bajado la oferta pero nadie baja los precios. ¿Cómo que no bajan los precios? No –dice el señor Elizalde–, los precios de los campos agrícolas ya cumplieron en 2007 seis años ininterrumpidos de suba y ahora en 2008 la tendencia no se revirtió. Más adelante, dice que la suba de precios de campos fue del 22 por ciento en dólares en las zonas maiceras, sojeras, núcleo de la provincia de Buenos Aires, etcétera. En los mejores campos del norte bonaerense, un campo de mil hectáreas puede llegar a dejar ingresos de más de 400.000 dólares por año aproximadamente.
(...)
En síntesis, lo que me parece muy importante, en primer lugar, es situar este problema en el contexto de un programa de desarrollo rural que atienda sobre todo a los más débiles, a los más pobres, a los más necesitados, que son mayoría en la estructura agraria argentina y, en segundo lugar, quitar dramaticidad a la discusión de los porcentajes, porque estamos hablando del segmento más rico de la Argentina.
(...)
Efectivamente, el debate está abierto, debe abrirse mucho más, debe consultarse a todos, a los grandes, a los medianos y a los pequeños. Debe consultarse al Foro Nacional Campesino, que representa mucho más que los productores sojeros del país. Estoy hablando de seres humanos, no de plata. Y debe consultarse a los profesionales que conocen el tema, los que vienen de la universidad pública, de la querida universidad pública, de la castigada universidad pública, como el ingeniero Giberti, que con sus 90 años sigue siendo la reliquia más valiosa que tiene el capital humano argentino en conocimiento de ingeniería agronómica.
(Aplausos)
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