A esta altura no se debería dudar de la existencia de una profunda crisis mundial tanto o más importante que la de los años treinta. La caída de los bancos, compañías de seguros, la Bolsa de valores y la utilización de fondos multimillonarios para rescatarlos son una manifestación de una crisis financiera de enormes proporciones. Crisis que ya se extiende hacia la economía real. Ya hay suspensiones de personal en las grandes empresas, no sólo en bancos, sino también en la industria automotriz, química. Esta caída del empleo no se verifica sólo en los Estados Unidos y Europa, donde se focaliza la crisis, sino también en el resto de mundo, incluyendo a Latinoamérica. No es difícil de vislumbrar el efecto más temido de la crisis: su incidencia sobre la actividad económica global, el empleo, las condiciones de vida de vastos sectores sociales. Todo esto significa un incremento del enorme sufrimiento para millones de personas.

En los años treinta la crisis comenzó con la caída estrepitosa de la Bolsa en 1929 y después incidió significativamente sobre la economía real, cuya manifestación más concreta lo constituyó el aumento de la desocupación. También ahora hay signos concretos en ese sentido. Existe la perspectiva de un alza de la desocupación, caída de los salarios reales, aumento de la regresividad en la distribución de los ingresos. Si bien todo comenzó en el centro del imperio, se transmite hacia el resto del mundo con suma rapidez.

Frente a esta situación cabría preguntarse: ¿cuán resguardada está la economía argentina? Hasta hace poco el Gobierno insistía en que la economía no presentaba peligros y estaba lo suficientemente resguardada de la crisis mundial. Que la bonanza de los últimos años, con altas tasas de crecimiento, seguiría. Y que esto se debía en gran medida a que persistía una demanda externa pujante para las exportaciones: los commodities (soja y petróleo) que contribuyeron a sacar la economía del pozo de la crisis de 2002. En efecto, una parte importante de los superávit de la balanza comercial y fiscal que se contabilizaron en esos años se debió al auge de los precios internacionales de esos commodities. Esto permitió la acumulación de una importante masa de divisas extranjeras que podía ser utilizada para hacer frente a cualquier contingencia. Pero ahora esto ya no es tan así: se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad externa de la economía, con caídas sustanciales del precio de esos commodities. Paradójicamente, si hubiera estado vigente la Resolución 125, los productores agropecuarios no habrían tenido las retenciones que ahora pagan. Pero tanto o más importante que ello está el hecho de que se hace manifiesta la reducción de los superávit y la perspectiva de que una corrida puede comprometer las reservas acumuladas por el Banco Central.

La crisis mundial sobre nuestra economía también tiene otros ribetes: incide sobre las expectativas. Amenazas de despidos en varias empresas, lo que deriva en una reducción de la demanda global. La inestabilidad inherente al sistema se manifiesta con el famoso concepto “expectativas”: si todo sigue a la baja, si se supone que la situación puede empeorar, que pueden reducirse las ventas, o que se puede perder el empleo, entonces efectivamente se tiende a una profecía autocumplida. La incertidumbre hace que la población consuma menos y los empresarios inviertan menos. Si además el sector privado ajusta sus cuentas, adelantando vacaciones o echando personal, la situación se agrava. En este contexto, la posibilidad de una recesión se pone a la orden del día.

¿Qué hace el Gobierno frente a esta situación? ¿Qué debería hacer? No caben dudas de que todavía persisten las recetas keynesianas de los años ’30, del New Deal de Roosevelt en la segunda etapa de la crisis, cuando la economía estadounidense llegaba a su situación más desesperante, con tasas de más del 20 por ciento de desocupación abierta. Fue en ese momento que se impulsó una serie de medidas, incluyendo un vasto plan de obras públicas. Pero existen limitantes importantes para la aplicación de un importante plan de obras públicas e inversiones en nuestro país que vayan más allá de los negocios para algunos. Requeriría para su efectivización sumas millonarias para financiar, incluso con déficit fiscales. Y una pesada carga impediría su materialización: la deuda externa, que pese a su reestructuración a comienzos de esta década sigue tallando fuerte. Más allá de cómo obtener nuevos fondos de diferentes fuentes, el objetivo de la reestatización de la jubilación no tiene por qué ser fundamentalmente para apropiarse de fondos necesarios para pagar los servicios de la deuda. Es el momento para encarar los problemas en forma radical. De encararlos, además, en forma conjunta con los demás países de América latina. Los gobiernos de los Estados Unidos, Europa y Japón utilizan sumas multimillonarias para salvar grandes bancos sin consideraciones respecto de las necesidades de su propia población, y menos aún de los pueblos del Tercer Mundo.

Es un momento en que todo cambia, que los preceptos considerados inamovibles tienden a ser dejados de lado. Se necesita hacer lo mismo: la deuda externa no tiene por qué pagarse en los términos en que fuera contraída o incluso negociada. Además, porque, como todos sabemos, es odiosa e ilegal. Existen otras necesidades mucho más importantes para los pueblos de América latina: salud, educación, vivienda popular, alimentación accesible a todo el mundo.

* Economista, profesor de la UBA, investigador superior del Conicet.