Abierta una instancia de diálogo por el gobierno nacional, que incluye a las organizaciones de la sociedad civil que representan intereses sectoriales, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) dio a conocer un documento titulado “Movilizar las energías del sector privado, un aporte al diálogo entre todos los argentinos”. Una lectura atenta de los dichos de la entidad que congrega a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país permite concluir que se trata de un intento de formulación de un “proyecto de país”, más que un conjunto de inquietudes o reivindicaciones sectoriales concretas para discutir con las autoridades elegidas por la ciudadanía. Y el enfoque elegido responde a un paradigma enfrentado al proyecto nacional que comenzara a edificarse en el 2003. Vayamos por partes.

El documento se inspira en un concepto de la propiedad privada de tipo decimonónico, recuperado por la oleada intelectual neoliberal de fines del siglo pasado, que excluye las limitaciones impuestas a la misma a partir del desarrollo del pensamiento democrático. El orden jurídico internacional ha incorporado, por ejemplo, a los derechos humanos como parte inalienable del orden democrático moderno, integrando a ellos a los derechos económicos y sociales. A su vez, el derecho de propiedad empresaria resulta de una sustancia diferente a la de la propiedad personal y su extensión no puede ser ilimitada, ni precede a la organización institucional, sino que debe encuadrarse en la misma.

Proclamar la vigencia irrestricta del derecho de propiedad sobre los patrimonios y sus frutos o ganancias, supone una hostilidad “de principios” respecto de la progresividad tributaria y de toda acción del Estado orientada a redistribuir ingresos y riqueza, pues éstas implican la transferencia de stocks y flujos patrimoniales de los agentes concentrados de la economía a los sectores postergados.

La subrayada meta de “drástica reducción de la pobreza” es incompatible –por demostración empírica, histórica y teórica– con la subsistencia de sociedades de desigualdad extrema como son las latinoamericanas. Así, una política dirigida a su sustantiva disminución importa otro dimensionamiento en la ecuación “acción pública/derecho de propiedad”. Al mismo tiempo, corresponde reconocer la correcta invocación que el escrito hace a la necesaria erradicación de la evasión tributaria. Sin embargo, ese ítem sólo apunta al deseado objetivo de la equidad tributaria entre empresas, omitiendo menciones a la progresividad que constituye la condición de una razonable equidad entre los agentes pudientes y los sectores populares. Cuestión clave en una sociedad que reporta índices muy altos de desigualdad.

Formular la posibilidad de actuar sobre la reducción de la pobreza sin proponerse una disminución drástica de la flagrante desigualdad ni admitir la imprescindible limitación social del derecho de propiedad, importa adscribir a la “noventista” teoría del “derrame”. La democracia no es sólo un régimen que aspira a la igualdad formal (por la proclamación de derechos), sino que supone la búsqueda de una sustancial equidad económico-social. La inexistencia de procesos vitales hacia su profundización creciente la torna insuficiente y débil, y conlleva el germen de su degradación.

AEA enuncia su objetivo de “motorizar un fuerte proceso de desarrollo económico y social”. Pero el documento adhiere a una doctrina libremercadista extrema que reclama la eliminación de todo control e intervención pública en el conjunto de los mercados, excepto en el caso de las tarifas de servicios públicos. Contradice así al pensamiento clásico del desarrollo, que destaca la ineficiencia de los mecanismos mercantiles para asignar recursos en el largo plazo, especialmente en los países subdesarrollados, y recomienda en consecuencia el diseño de intervenciones públicas destinadas a alterar las señales de precios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de un plan de desarrollo.

El desarrollo económico es una categoría de un paradigma muy distinto al de la ortodoxia. Resulta inconsistente, entonces, reivindicar al primero desde una mirada encadenada a la segunda. El enfoque del desarrollo sostiene que la existencia de sectores más competitivos y otros más inmaduros que se quiere incentivar, requieren de la intervención pública. Los mecanismos de mercado no conducen a estas metas. Desde esta perspectiva la presencia de rentas naturales, así como de beneficios extraordinarios debidos a la concentración económica, exigen de la injerencia estatal para el establecimiento, por ejemplo, de tipos de cambio diferenciales (siendo las retenciones sobre las exportaciones un modo eficaz de establecerlos).

A su vez, un enfoque estructural sobre una economía que ha alcanzado el desmesurado nivel de concentración de la argentina, debe concluir –necesariamente– en intervenciones en los procesos de formación de precios por parte del Estado, para limitar las tendencias a la elevación de los beneficios extraordinarios que las condiciones oligopólicas y monópolicas suscitan, y que resultan en feroces procesos de redistribución regresiva de los ingresos y la riqueza. Esas condiciones de concentración requieren eficaces mecanismos antimonopólicos y de una activa política de ingresos. AEA omite también a la banca de desarrollo, instrumento emblemático de un proyecto de impulso económico. Hace una única referencia a la focalización de la banca pública en el financiamiento de largo plazo al sector privado. Este enfoque recortado mutila y deforma la potencia de una banca de desarrollo, que supone un rol que excede largamente la cuestión de los plazos, e incluye el manejo de las tasas de interés, la selección de sectores a promover, la fijación de volúmenes de atención por ramas o regiones derivados de los objetivos del plan de desarrollo.

Por otro lado, el enclaustramiento de la banca pública en el crédito “de largo” que hace AEA presupone una crítica a su participación en el mercado “de corto”, siendo que en éste le corresponde a la banca pública asumir funciones fundamentales como agente contracíclico, empresa testigo, banca de fomento y atención de las pymes.

Resulta sustantivo, en fin, evaluar la tensión entre mercado, desarrollo y democracia. La esencia de la democracia es que el rumbo y el destino del modelo de país resulta de la implementación de un proyecto que se define por el pronunciamiento popular. El desarrollo como concepto supone determinados objetivos que se articulan en un plan definido democráticamente. El mercado es un dispositivo asignativo de recursos económicos cuya estructuración debe organizarse en armonía con el proceso democrático y el plan. Su existencia y funcionamiento debe ajustarse a éstos y no subordinarlos.

AEA postula, sin detenerse en fundamentos, que “la inflación es un problema estrictamente macroeconómico”. Descarta que las decisiones puntuales de unos pocos agentes económicos puedan incidir en sus causalidades. Esta ausencia en el texto de AEA es muy grave. Una oferta extremadamente concentrada y conglomerados que actúan como formadores de precios, de propiedad y/o bajo la dirección –en buena medida– de los propios miembros de AEA, suponen un indispensable abordaje desde el lado “micro” y “mesoeconómico” –la estructura de los mercados y el poder empresario– que complete el necesario enfoque “macroeconómico”.

La conquista de grados de libertad frente a las políticas de condicionamientos recomendadas por el FMI permitió –en los últimos años– evitar la implementación de estrategias como la de “metas de inflación”, regresivas en sus efectos sobre la distribución. En tal sentido, la advocación a “una activa inserción de la Argentina en el sistema financiero internacional”, sin referencia a la necesaria conservación de la valiosa autonomía de política ganada por esa conquista, constituye una posición que debe generar inquietud.

La puntualizada exigencia de la entidad empresaria sobre el Estado, en el tema de “la defensa de las inversiones argentinas en el exterior”, tiene la forma y el tono de un descuidado matiz. ¿AEA supone que dicha defensa debe predominar sobre las buenas relaciones internacionales de Argentina, sobre el respeto a las autodeterminaciones nacionales y sobre el proyecto de integración regional de Argentina? ¿También estima que debe ejercerse con independencia de la real localización de los capitales controlantes de tales inversiones? Resulta llamativo que el escrito se detenga de este modo en esta cuestión, sin reflexión alguna acerca de las numerosas y progresistas iniciativas de los últimos años que han promovido la unidad latinoamericana, tales como la ampliación del Mercosur, la creación del Banco del Sur y Unasur, los intercambios en monedas locales para evitar la dependencia de las divisas de extrazona, las conversaciones para crear un fondo de estabilización regional. Se trata de una omisión imposible de leer como olvido y que genera un cono de sombras acerca de la calidad de la mirada estratégica del ente empresarial.

Similar calificación merece el enfoque de AEA sobre el “fortalecimiento de los medios de comunicación”, concepto que intenta reemplazar equívocamente a una necesaria definición de libertad de prensa y opinión

–categoría ausente en el escrito– fundada en el derecho a la diversidad, la pluralidad y la calidad de la información. Se condenan las medidas “que debiliten económicamente” a las empresas periodísticas y se sustituyen los derechos humanos inalienables a la libertad de información y expresión por la “libertad de elegir entre una amplia oferta de medios periodísticos existente”. O sea, por el “libremercado” sin menciones a su necesaria desconcentración y democratización. La no disimulada oposición a la propuesta de proyecto de ley de servicios audiovisuales –de creciente consenso en la sociedad– tiene también una inequívoca factura neoliberal.

Los contenidos del último escrito de AEA y su acción presente para alcanzar protagonismos decisivos insinúan –¿revelan?– una continuidad histórica: en su texto abundan ideas “libremercadistas” en una hora difícil para una gestión de gobierno heterodoxa. Las circunstancias y las respuestas plantean un interrogante acerca de la discontinuidad del Consejo Empresario Argentino (CEA) y la inmediata conformación de AEA. ¿Se trata de un cambio de identidad para reformular un estilo político del alto empresariado o de una mera sustitución de nombres para sortear el lastre descalificador del pasado apoyo a Martínez de Hoz, durante la última dictadura, y al plan de convertibilidad en los noventa?

Las intervenciones, discursos y escritos del CEA muestran una adhesión total a los programas ortodoxos y cruciales participaciones en momentos institucionales críticos. Como cuando la fundación de la Apege, un ente empresario organizado antes del golpe del ‘76 cuyo rol fue clave en el debilitamiento institucional previo a través de lockouts patronales. O más tarde, de un modo menos visible, en el denominado “golpe de mercado” que sufrió el gobierno de Alfonsín en sus últimos meses.

Hoy AEA quiere erigirse en vértice de las distintas organizaciones del empresariado grande, mediano o chico, rural o urbano. Momento peliagudo para una democracia que deberá afirmar la legitimidad del poder popular y ciudadano frente al desafío de los grandes intereses corporativos y sectoriales del poder económico concentrado

* Economista, profesor de la UBA y director del Cefid-AR.