“El salario es la herramienta de distribución de la riqueza por excelencia”, afirma Cremonte.

El debate sobre la cuestión de la pobreza volvió a ocupar un lugar destacado. Cuando se discute ese tema se construye una idea de pobreza basada estrictamente en la necesidad de sobrevivir, ocultando el derecho a vivir dignamente. Conceptos idealmente contradictorios, actualmente conviven, en tanto el discurso no los contrapone: trabajo y pobreza pueden coincidir en una misma persona, cuando justamente aquél debiera marcar la diferencia sobre ésta. La historia del movimiento obrero está estrechamente ligada a la miseria y a la pobreza que el desarrollo del capitalismo implicó para la clase trabajadora. Esto que puso sobre el tapete la denominada “cuestión social”, hizo indispensable acordar la vigencia de un jornal mínimo, teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y su supervivencia. Desde allí comenzó a desarrollarse el concepto de “salario asistencial”, basado en la doctrina de la Iglesia, y el sustento es que se trata de un “derecho natural”.

La “cuestión social” que comenzara a debatirse a comienzos del siglo pasado, con demasiada sangre obrera de por medio, derivó en leyes laborales y en reformas constitucionales que ampliaron el arco de reconocimiento de derechos civiles y políticos hacia los derechos sociales. Pero al mismo tiempo el mundo derivó en una guerra mundial, una revolución socialista, y una gran crisis económica en 1929. Los sindicatos adquirieron una importancia trascendental, hasta el punto de lograr en muchos casos una fuerza similar a la del capital. Y sin perjuicio de que finalmente ello derivó en la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos implicó que, en general, el nivel de vida de los asalariados, luego de la primera posguerra y hasta la crisis siguiente y/o luego la segunda guerra, era superior a lo que significaran los “salarios asistenciales”.

En Estados Unidos estalla la crisis del ‘29, y sólo a partir de 1933 logra comenzar a vislumbrar la salida. Fue con la asunción de Roosevelt que el país toma un giro, y entre otras medidas decretó que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que debía pagarse era aquel que “no solamente permita la subsistencia, sino que hagan posible una vida decente” de los trabajadores. Y agregó que “ningún comercio, cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país”.

En nuestro país, lo propio impulsó Perón en 1945 (decreto 33.302/45): “Salario vital mínimo es la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona, al empleado y obrero y a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte o movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones”.

Por su parte, la reforma constitucional de 1957, que introdujo el artículo 14 bis, estableció el derecho a una “retribución justa”, y a un “salario mínimo vital y móvil”, entendido de ese modo. Aún lo plantea así nuestra Ley de Contrato de Trabajo: “salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento”. Es decir, el salario justo dejó así de ser considerado solamente el que asegurara las necesidades vitales, sino el que asegurara una vida digna, que incluye el esparcimiento, el desarrollo personal y cultural. Salario mínimo vital en esos términos y justa distribución de la riqueza eran conceptos inseparables.

Pero esos conceptos se separaron. Se dejó de calcular oficialmente el salario mínimo vital y comenzó a hablarse de líneas de pobreza e indigencia. Así, la variable pasó a ser la supervivencia física, sin ninguna relación con la justicia distributiva ni con la finalidad social que el concepto de salario justo persigue. El Consejo del Salario como institución que fija el SMVM se plantea tratar de alcanzar ese límite estadístico, y no ya el que establece su definición. Incluso suele fijarse por debajo de esa línea que mide la pobreza. Se llega así a la paradójica situación de afirmar que siendo trabajador se puede ser pobre. Se asiste entonces a la conformista aspiración general de asimilar el salario mínimo con la línea de pobreza.

La condición esencial del trabajo es la existencia de un salario, y la de éste, permitir acceder a cubrir las necesidades que su definición establece. Eso no invalida las soluciones de emergencia ante la evidencia de la pobreza y la miseria, como las asignaciones universales, seguros de empleo y demás opciones, pero mientras no se acompañen de un plan general para salir de la crisis, que persiga salarios dignos y pleno empleo, no implicará una solución de fondo. El salario es la herramienta de distribución de la riqueza por excelencia, y en la medida que se abandone la lucha por su vigencia en los términos que la ley lo define, no será posible una solución de fondo para la pobreza. Está muy bien discutir la pobreza, pero asumiendo que esa discusión es inescindible de la riqueza. Y discutir salarios es discutir riqueza. Debiera por tanto comenzarse, por lo menos, por defender el cumplimiento de la Constitución Nacional, y exigir la (re)instauración real de un Salario Mínimo Vital y Móvil acorde a su definición legal, o lo que es lo mismo, un salario digno.

* Abogado laboralista, director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Consejo Directivo Nacional.