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Por Roberto Navarro

En 1987 Roberto Lavagna se fue del gobierno de Raúl Alfonsín criticando el festival de bonos que estaba implementando el entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille. Quince años después Lavagna tiene su festival propio. El anuncio realizado esta semana por el titular del Palacio de Hacienda de consolidar las deudas estatales al 31 de diciembre de 2001, estimadas en más 10 mil millones de pesos, con una nueva emisión de Boden, se suma a ese festival. Esos papeles se incorporarán a una larga lista de nuevos títulos que el Estado fue imprimiendo durante el año. En total, sumando los bonos ya entregados, más los que el gobierno se comprometió a emitir, más los que los bancos están reclamando (con el apoyo del FMI), el 2002 terminará con 30.500 millones de dólares y 25.200 millones de pesos de deuda pública nacional nueva. Pesificación asimétrica, excepciones al CER, amparos y otras decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial generaron, en un solo año, un incremento del 30 por ciento del pasivo público. El aumento de la deuda provocado por los gobiernos de De la Rúa y Menem terminó en default; el gestado durante el período de Duhalde vuelve inviable la renegociación con los acreedores. El país cayó en cesación de pagos cuando sus pasivos representaban el 54 por ciento del Producto Bruto Interno y ahora equivalen al 117 por ciento. La devaluación y el default desataron una puja de intereses sectoriales imposibles de congeniar: los depositantes del sistema financiero reclamaron sus ahorros en dólares; los deudores pidieron la pesificación 1 a 1, sin indexación para los montos más bajos; los bancos exigieron que se cumpliera con la promesa del ex ministro Domingo Cavallo, que había acordado que la Nación se iba a hacer cargo de la deuda provincial. En lugar de buscar un punto de equilibrio entre las partes, la decisión del Gobierno fue conformar a todos y cargarle la cuenta a toda la sociedad. Y la lista sigue: la restitución del 13 por ciento de los haberes que se les vienen descontando a empleados públicos y jubilados desde julio de 2001 se cancelará con Boden. Y esta semana Economía decidió que los reclamos pendientes de la Anses, el PAMI, proveedores y todo tipo de deuda del Estado Nacional contraída antes del 31 de diciembre de 2001 se pagarán con títulos públicos.
La historia comenzó con la pesificación asimétrica. Las deudas privadas en dólares con el sistema financiero se convirtieron a pesos a paridad 1 a 1; los depósitos de los ahorristas y los pases del Banco Central se pesificaron a 1,40 por dólar, al igual que los préstamos del sector público y los encajes bancarios. Para compensar a los bancos del descalce que les produjo esa decisión del Ejecutivo, se les entregaron títulos públicos por 7323 millones de dólares y 3084 millones de pesos.
La decisión inicial del por entonces ministro de Economía Jorge Remes Lenicov fue que los activos y pasivos bancarios –depósitos y créditos– se actualizaran mediante el CER, índice que refleja la inflación minorista. Pero los deudores comenzaron su trabajo de presión para conseguir que sus compromisos con los bancos no se actualicen. Resultado: el Congreso eliminó el CER para deudores hipotecarios hasta 100 mil dólares, prendarios hasta 15 mil y créditos personales hasta 12 mil. Como consecuencia de esta medida, tomando en cuenta la inflación hasta septiembre, los bancos dejaron de percibir 5600 millones de pesos. Esa suma irá aumentando al ritmo del índice de precios. El Estado está negociando con los bancos la compensación de esas pérdidas con Boden.
Luego vino el tiempo de la Justicia: los ahorristas, que habían sufrido la reprogramación de sus depósitos pesificados a 1,40 más el CER, comenzaron a realizar reclamos judiciales para recuperar los dólares. De marzo a septiembre los bancos devolvieron 7112 millones de dólares. En los balances presentados a la Bolsa de Comercio en octubre todas las entidades tenían cargadas las diferencias entre el precio del dólar en el momento de cada amparo y 1,40 más CER como cuentas a cobrar del Estado. Y el FMI leestá exigiendo al Gobierno que compense a las entidades financieras por esas diferencias que hasta ahora suman 4200 millones de pesos.
Desde que Cavallo armó el corralito los bancos vienen presionando para conseguir que el Estado cancele los depósitos bancarios con un canje compulsivo por bonos. La decisión de Lavagna fue ofrecerles a los ahorristas títulos públicos en dólares, pero de manera opcional. En la primera etapa de este canje, el Estado entregó 5279 millones de dólares en Boden 2005 y 2012 y 355 millones de pesos en Boden 2007. En la segunda etapa, que aún está vigente, se estima que se entregarán 2000 millones de dólares más en Boden. Los bancos, que se sacan de encima un pasivo, entregarán como pago préstamos al sector público que habían sido pesificados. De esta manera, el Estado vuelve a dolarizar una parte importante de sus pasivos.
El Estado también entregará a los bancos títulos públicos para cancelar todas las deudas que tenían las provincias con el sistema financiero. A su vez las provincias le deberán esas sumas a la Nación. Es decir que los bancos, que les prestaron a las provincias a tasas de hasta el 25 por ciento anual porque las consideraban de alto riesgo, ahora que llegó la hora de asumir pérdidas, se quedan con un bono nacional que siempre va a valer más que los títulos de la mayoría de las provincias. Y los gobernadores que se endeudaron irresponsablemente tienen la posibilidad de renegociar sus acreencias en el ámbito político.
Las deudas generadas por la rebaja salarial del 13 por ciento a empleados estatales y jubilados que la Justicia ordenó restituir también van a ser canceladas en bonos. Así, el Estado, que en diciembre de 2001 había reducido su deuda a 114.000 millones de dólares (gracias a la pesificación de sus pasivos internos), terminará el 2002 con compromisos superiores a los 144.000 millones de dólares. Quedó demostrado que la pesificación posterior a la devaluación fue sólo una licuación de pasivos privados, ya que el Estado fue el único que volvió a dolarizar parte de sus deudas.
Estudios de analistas privados y públicos coinciden en que aun consiguiendo de los acreedores una quita record del 70 por ciento de la deuda en default, el país no podrá afrontar los compromisos contraídos. Lo peor es que la historia no terminó: el Senado está tratando nuevas excepciones al CER, ya aprobadas por Diputados, que también serán cargadas a la cuenta del Estado. Siguen sumándose más bonos al festival de Lavagna.