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Las compañías mineras son cuestionadas por diversas razones. El calvario de los 33 mineros chilenos reactualizó el debate acerca de la irresponsabilidad empresaria en materia de seguridad laboral. En otras ocasiones, las críticas se focalizan en el daño ambiental generado en el proceso extractivo a cielo abierto. También son intensas las discusiones alrededor de su contribución al desarrollo económico y acerca del nivel de carga tributaria.

Hace unos meses, el hasta entonces jefe de gobierno australiano propuso aplicar un impuesto extraordinario –a partir del 2012– a las compañías mineras. Esa iniciativa generó un virulento enfrentamiento entre el gobierno del premier laborista Kevin Rudd y las corporaciones sectoriales.

Por un lado, el ministro de Economía, Ken Henry, argumentaba que toda la comunidad australiana debía beneficiarse con el alza de los precios de los minerales. Por el otro, las compañías afectadas amenazaban con suspender la ejecución de proyectos de inversión por alrededor de 17.000 millones de dólares. La falta de apoyo de su propio partido determinó la caída del gobierno de Rudd. El nuevo gobierno, encabezado por la laborista Julia Gillard, reformuló el proyecto original proponiendo reducir la tasa de imposición desde el 40 por ciento, alícuota propuesta por Rudd, al 30 por ciento.

La diferencia entre el malogrado proyecto de Rudd y la propuesta de Gillard implica unos 35.000 millones de dólares menos para el Estado australiano. La polémica acerca de la reformulada propuesta laborista se saldó finalmente en las elecciones celebradas el pasado 21 de agosto.

En esa votación, los australianos optaron entre el oficialista Partido Laborista y una oposición conservadora (liderada por Tony Abbott) que se opuso al impuesto proyectado por el laborismo.

El reñido resultado electoral alentó las esperanzas de la corporación minera. Las acciones de las empresas involucradas (BHP Billiton, Río Tinto, Xstrata) comenzaron a subir apenas culminadas las elecciones.

Finalmente, el laborismo consiguió los apoyos parlamentarios suficientes para seguir ocupando la sede gubernamental. El flamante gobierno australiano confirmó que, a comienzos de 2011, presentará ante el Parlamento la nueva legislación impositiva minera.

Esta cuestión también es motivo de debate en Chile. Esa discusión se reabrió a raíz de la remisión de un proyecto oficial de aumento del canon (royalty) minero para que sea tratado por los parlamentarios chilenos.

La iniciativa más que duplica la tasa actual que abonan las compañías en concepto del llamado Impuesto Específico a la Minería. Las autoridades trasandinas calculan que el fisco chileno podría recaudar 1000 millones de dólares adicionales en los próximos tres años. El 60 por ciento de esos fondos serían destinados a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto que asoló suelo chileno el 27 de febrero de este año.

Quienes se oponen a esa medida sostienen que viola el contrato ley –celebrado entre el Estado y los inversionistas extranjeros– que prometía no incrementar los impuestos a la minería por un determinado número de años. El abogado chileno Iván Auger sostiene que “los cánones no son impuestos...sostener que no deben subirse sin el consentimiento de inversionistas privados...es una pretensión inexistente en el orden jurídico occidental. Las autoridades representativas no pueden delegar la soberanía nacional porque reside en el pueblo, solamente pueden ejercerla”.

A pesar de que la Argentina se convirtió en una de las principales receptoras de inversiones mineras auríferas del mundo, durante la década de los noventa, permanece ajena a este debate. Las mineras siguen conservando los beneficios emergentes del régimen promocional fiscal sancionado durante el menemismo. Esos privilegios incluyen la estabilidad fiscal por treinta años, la exención de impuestos municipales y provinciales, reducidas regalías, amplias deducciones en el Impuesto a las Ganancias y reintegros por las exportaciones que realizan desde los puertos sureños

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