En distintos ámbitos, tanto privados como estatales, aparece cada vez con más intensidad la posibilidad de migrar a opciones de sistemas basadas en Software Libre (SL). El primer argumento es económico: las licencias del software libre son, en su mayoría, gratuitas. Si bien es difícil mensurar el ahorro potencial, un informe de 2008 del Estado brasileño, uno de los países más adelantados en ese sentido, aseguraba que se habían ahorrado casi 170 millones de dólares en licencias, mientras que el gobierno francés de Nicolas Sarkozy calculaba en 2010 que sólo por usar el OpenOffice (equivalente libre del Office de Microsoft) el Estado se ahorraba unos 300 millones de euros.

El SL es producto del trabajo en comunidad: cada persona desarrolla alguna mejora en los programas y está obligado por el tipo de licencia a permitir que otros lo usen de la misma manera. Por eso la gratuidad o el bajo costo es en realidad la punta del iceberg: todos pueden ver cómo se hizo el desarrollo y mejorarlo a su vez liberando luego sus versiones. Los usuarios, en todo caso, no pagan licencias, sino las mejoras o la adaptación a sus propias necesidades, pero los miles de horas de programación se acumulan para beneficio del conjunto. Por ejemplo, la comunidad de Extremadura, en España, desarrolló su propia versión de Linux específica para sus necesidades e historia, llamada Linex, dentro de un ambicioso programa de migración a SL. En esto reside la diferencia principal con el software que se compra como paquete cerrado y debe contratarse al productor para poder “entrar” a él y hacerle cambios o comprar uno nuevo.

Esta diferencia con el SL tiene varias consecuencias que implican un nuevo modelo de negocio que trasciende la cuestión económica. Al tener acceso a la forma en la que se maneja la información, el usuario puede, por ejemplo, reorganizarla o cruzarla con otras plataformas como mejor le sirva. Un efecto colateral de esta posibilidad es que no se hace necesario pagar a las empresas (generalmente extranjeras) que hacen buena parte de los programas masivos o a sus licenciatarias para poder intervenir sobre el sistema que se utiliza, lo que, a su vez, facilita el desarrollo local de la industria.

Las empresas que ofrecen servicios con SL destacan que la seguridad de estos sistemas es mejor, entre otros factores, porque casi no existen virus que los ataquen o se puede controlar que no haya escapes de información plantados en el código. Este último rasgo puede ser fundamental para organismos del Estado que manejan información sensible.

Esta serie de argumentos que repiten los defensores del SL debería, en teoría, incentivar a empresas y Estados a elegir esa opción. Pero eso no está sucediendo. Para el sociólogo Pablo Vannini, miembro de la cooperativa Gcoop dedicada a desarrollos en SL, este tipo de software muchas veces es invisible. Y lo explica: “¿Usaste Google, Facebook o un cajero automático hoy? Si es así, usaste SL. Es muy difícil medir cuánto de lo que se usa es SL. Lo cierto es que las grandes empresas, sobre todo después de 2001, se dieron cuenta de que pagar licencias era muy caro y empezaron a volcarse hacia el SL, lo que les dio otros beneficios además del ahorro. Y a nivel de Estado, el SL debería ser una política fuerte como es hoy en Brasil”.

Vannini pone como ejemplo que si Buenos Aires armara un servicio para el manejo de hospitales con SL, luego tendría la posibilidad de compartirlo con otro sistema de hospitales de provincia. En caso contrario, estaría pagando una fortuna por un sistema cerrado que no puede compartir. “Ese concepto se llama Software Público y está basado en SL y en la idea de que pongo mis desarrollos a disposición de todos”, señala Vannini. Y se pregunta: “¿Cuántos sistemas de gestión de expedientes hay en el Estado? ¿Cuántas veces se pagaron? ¿Qué sentido tiene hacerlos desde cero si son todos muy parecidos?”. El Software Público debería “subirse” a repositorios de libre acceso para ser considerado tal, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. El beneficio sería para todos, ya que se aprovecharía lo que otros hicieron. En Rosario se viene implementando una propuesta similar desde la década del noventa, aunque mucho más lentamente.

Para Guillermo Movia, representante argentino de Mozilla, la fundación que sostiene y divulga Firefox, “hay muchas razones económicas, ideológicas y de seguridad para adoptar el SL. Pero hay muchas otras cosas en juego que tienen que ver con los hábitos. El SL viene creciendo, pero a muchos usuarios les cambiás un ícono de lugar y se sienten perdidos”. Para agregar que “esos hábitos son más difíciles de cambiar y no tienen que ver estrictamente con argumentos racionales. Por ejemplo, en la Argentina los navegadores de SL, como Firefox y Chrome, deben tener el 40 por ciento del mercado, menos que el Internet Explorer de Microsoft, y eso tiene que ver con que este navegador ya viene con el Windows”.

Daniel Coletti, presidente de la Cámara Argentina de Empresas del Software Libre, cree que la difusión es un tema clave para que el uso del SL crezca a mayor velocidad. “En lo que respecta a aplicaciones para escritorio, sí hay mucho implementado, mucho más de lo que se cree, pero aún no es mayoritario por falta de difusión, que en estos casos es de boca a boca. Como el negocio no tiene amplios márgenes, no hay empresas que lo impulsen a través de publicidad masiva”, indica. Con respecto al ahorro y los costos, Coletti asegura que “en estaciones de trabajo, o sea, el reemplazo de aplicaciones como Ms-Office, creo que habría un ahorro total del 40-50 por ciento”