La reciente quita de beneficios comerciales de Estados Unidos a la Argentina es una muestra de cómo sanciones insignificantes desde el punto de vista económico expresan mecanismos de dominación y encubren problemas políticos al interior de los países dominantes, a la par que echa luz sobre el verdadero carácter del Ciadi.

El Sistema Generalizado de Preferencias es un sistema adoptado por los países desarrollados por el cual otorgan beneficios comerciales a países en desarrollo para que estos les exporten productos seleccionados con bajos aranceles. En el caso de los Estados Unidos con Argentina, la tasa de esos aranceles es cero o muy baja.

Por una decisión del presidente Obama sancionaron a nuestro país retirando del sistema de preferencias un conjunto de productos –básicamente agrícolas y químicos– que implican pérdida de beneficios por apenas 18 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el fundamento de esta decisión punitoria? La supuesta “mala fe” de Argentina al no dar cumplimiento a dos fallos arbitrales del Ciadi.

¿Qué es lo que hace que el presidente de la nación más poderosa del mundo se ocupe personalmente de un asunto que implica una suma tan insignificante? No hay que desestimar, como señaló la Cancillería argentina, que tenga que ver con el “lobby” de los fondos buitre, que poseen buena parte de los bonos que no ingresaron al canje de deuda. Pero esto no puede ocultar que en plena campaña electoral por su reelección el presidente Obama sale a captar votos por derecha –en rigor de republicanos espantados por el crecimiento del fundamentalismo del Tea Party en sus filas– y para esto utiliza el Ciadi.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones es un organismo que depende del Banco Mundial y su director lo designa el presidente de los Estados Unidos. Constituido en 1966, los países latinoamericanos, que se opusieron por unanimidad en el momento de su creación, ingresaron recién en los años ’80 y ’90 del siglo pasado. Argentina lo hizo en 1999. Mientras que Brasil nunca adhirió. En años recientes se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela, en ese orden.

El organismo tiene como misión favorecer “... la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados, dotando a la comunidad internacional de una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales”. Formalmente se trata de un ente arbitral, pero en los hechos pone en igualdad de condiciones a empresas privadas con Estados soberanos e implica una renuncia explícita de las jurisdicciones nacionales a favor de un tribunal extranjero. Como señala la especialista en teorías del Estado, Liliana Constante, “desplaza el orden normativo nacional” y “... garantiza a las inversiones externas la continuidad de las condiciones de inversión al margen de los cambios legislativos”, dándole así “estabilidad” a la relación.

Ahora bien, para que un país se someta a la jurisdicción del Ciadi debe expresar su consentimiento en forma escrita. Hecha la ley, hecha la trampa: para obviar este trámite es que están los TBI (Tratados Bilaterales de Inversión), que implican una nueva relación Estado/inversionistas, en la que estos podrán entablar juicio a los Estados por leyes protectoras o regulaciones que afecten sus costos o las condiciones en que prestan sus servicios, por lo tanto sus tasas de ganancia.

Estos derechos jurídicos favorables a las corporaciones tienen como antecedente el artículo 11 del Tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), que se los intentó colar en la región con la frustrada ALCA (Asociación de Libre Comercio para las Américas) y son similares a los que los países desarrollados no lograron todavía imponer en la OMC (Organización Mundial de Comercio).

Los TBI incluyen en su redacción una cláusula por la que será el Ciadi al que arbitre la solución de controversias. Siendo que estos tratados tienen un status jurídico que supera al de las leyes nacionales, lo que está en el centro de los mismos es la cesión de soberanía por parte de Estados soberanos en favor de las multinacionales. Argentina tiene más de 50 TBI firmados, la mayoría suscriptos bajo la administración Menem y el resto en la de De la Rúa.

Muchos de ellos están ya vencidos, pero el texto dispone que una vez operado el vencimiento se “... reconducen tácitamente por tiempo indefinido hasta que alguna de las partes los denuncie”. Luego de más de una década de vigencia de estos tratados, el país muestra importantes porcentuales de inversión, pero no se puede demostrar que tengan relación directa con los mismos. Por el contrario, sí es evidente su contrapartida: el Estado argentino es el que más demandas tiene frente al Ciadi por supuestos incumplimientos.

En esta época de globalización, de interdependencia entre países y de bloques económicos regionales, se ha construido toda una ideología concreta del libre comercio –OMC, TBI, Ciadi– alrededor del cual se mueven el comercio mundial y los flujos de inversiones. El objetivo de esa arquitectura institucional supranacional no es otro que condicionar políticas de orden macroeconómico que países como el nuestro puedan tomar en defensa y protección de sus intereses nacionales. Argentina suele ser acusada en estos organismos por su proteccionismo, como si los países centrales nunca hubieran recurrido a ellos.

Argentina está inserta en esta arquitectura, que coloca el interés de las corporaciones por sobre la soberanía y el interés social general y que, más tarde o más temprano, tendrá implicancias políticas. Ahora cuando la crisis mundial y las contradicciones intrínsecas del modelo obligaran a tomar decisiones que colisionan con el poder económico transnacional, se impone salir de esta trampa. Comenzando por retirarse del Ciadi, denunciando los TBI vencidos y anulando o derogando los restantes y sancionando una nueva ley de inversiones extranjeras, reemplazando así la que está vigente que, como la de entidades financieras, es otra rémora de la dictadura militar pasada

* Integrante del colectivo EDI - Economistas de Izquierda