[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En los últimos días hemos visto la reacción de los propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires, frente al tímido intento de adecentar en alguna medida la suma ridículamente baja que actualmente pagan sus tierras como impuesto Inmobiliario.

En ese clamor no están solos. Hace tiempo que los ricos, en muchas partes del mundo, han logrado crear una cultura antiimpuestos muy extendida, que se tradujo en una notable rebaja para los sectores más acomodados desde los tiempos de Reagan y Thatcher, paralela a una extraordinaria concentración de la riqueza. El discurso que se emite sin descanso es simple pero eficaz: los impuestos sólo sirven para enriquecer a los políticos o, en versión local, “hacer caja”. Así, sin reparar en la contradicción, se pide más justicia, más salud, más educación, más seguridad, más obra pública y ¡menos impuestos!

Los economistas reconocen dos tipos de impuestos: los indirectos, como el IVA que se aplica a todas las operaciones de compraventa sin tener en cuenta a las personas que las realizan, y los impuestos directos, como el impuesto a las Ganancias, que recaen en forma directa sobre cada contribuyente, de modo que permiten considerar su capacidad económica y hacer que cuanto más alto sea el ingreso, mayor sea la proporción de ese ingreso que se deba entregar como impuesto al Estado para que éste pueda cumplir sus fines. A esto se llama progresividad en la imposición, y es una herramienta fundamental para lograr una sociedad más equitativa e integrada. Razonablemente, los ricos se oponen a los impuestos directos, que los afectan especialmente. Y también se oponen a los impuestos en general, porque prefieren un Estado mínimo, dedicado exclusivamente a brindar el ambiente necesario para los negocios. Prefieren que cada uno se las arregle como pueda, pagando en el mercado para obtener educación, salud, seguridad social y tantas otras cosas que esperamos del Estado.

Anteriormente el impuesto a las Ganancias se llamaba a los réditos y durante el gobierno de Perón, en 1952, fue presentado así:

“El nuevo régimen impositivo, basado en el principio de la desgravación de las pequeñas rentas y el aumento de los gravámenes a las clases más pudientes, cumple una alta función social, cual es la de contribuir a una más equitativa distribución de la riqueza”.

En estos momentos, algunos líderes sindicales consideran injusto aplicar este impuesto a los “trabajadores”, por alto que sea su salario, y han tomado como bandera de lucha gremial y política el reclamar su eliminación. En ese reclamo están acompañados por varios intelectuales y dirigentes políticos, en una actitud muy nociva, por lo que se intentará hacer algunas aclaraciones.

Un argumento falso –pero muy efectivo– es forzar el significado de las palabras y sostener que “el salario no es ganancia”. El término “ganancia” puede parecer poco apropiado, aunque todo el mundo, para conocer el sueldo de un compañero, le pregunta “¿cuánto ganás?”. El diccionario de la Real Academia Española informa:

–ganancia: 1. f. Acción y efecto de ganar.

–ganar: 2. tr. Obtener un jornal o sueldo en un empleo o trabajo.

En otros países, como en México, el mismo impuesto se denomina “sobre la renta” y en España “IRPF-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. ¿Queda mejor referirse al salario como “renta” en lugar de “ganancia”? También se lo suele designar “impuesto a los ingresos”, pero aquí traería confusión con el denominado “ingresos brutos”. Como vemos, no es fácil encontrar un nombre más adecuado. Pero lo que importa no es el nombre sino el concepto, estamos discutiendo sobre política y economía, no sobre filología. De paso, conviene aclarar que este tipo de impuesto se aplica a los asalariados en casi todos los países.

Sostener que el impuesto no debe ser pagado por los trabajadores parece a primera vista muy simpático y hasta razonable. Pero en cuanto uno comienza a profundizar, el tema se complica. Está claro que un camionero que gana 10.000 pesos mensuales es un trabajador. Pero un pintor, un plomero o un electricista que trabaja por su cuenta y paga impuestos, ¿no es un “trabajador”? Y el gerente de una gran empresa con sueldo de 50.000 mensuales ¿es un “trabajador” y, por lo tanto, debe ser eximido del impuesto?

Actualmente, un asalariado con cónyuge y dos hijos comienza a pagar ganancias si cobra más de 8000 pesos mensuales. Es obvio que no se trata de una persona rica, sin embargo sólo el 10 por ciento de los individuos alcanza o supera ese nivel de ingresos. O sea que por cada trabajador en esa condición hay nueve que ganan menos o mucho menos que él. ¿No es justo que una pequeña proporción del salario que supera ese monto contribuya a sostener el Estado, Estado sin el cual es imposible construir la Patria que a tantos les gusta exaltar en los discursos? Parece entonces que lo sensato no es pedir la eliminación del impuesto, sino adecuar la escala, para que quien gana 8000 pesos pague una proporción mucho menor que quien gana 80.000.

El de los impuestos es un gigantesco equívoco que va a costar mucho trabajo desmontar. La prensa de derecha se indigna porque “el Estado les mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos” y llama “impuestazo” a la modesta corrección que se realizó al impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, obscenamente bajo.

En ese sentido, el discurso de los ricos ha tenido un éxito enorme: ha conseguido que evadir los impuestos no tenga sanción social, no se considere un delito que perjudica a los honestos y a los más débiles, sino una simpática picardía. Cuando alguien reclama la factura en la caja de un comercio, el que pasa vergüenza ante el resto de la fila es el reclamante y no el evasor.

Por otra parte, se trata de un problema difícil de entender por el ciudadano común, de modo que la reacción más natural es oponerse. Así, Moyano y otros dirigentes sindicales prefieren defender el interés más inmediato de sus agremiados mejor pagados, en lugar de comprometerlos también en la brega por una sociedad más equitativa. Peor aún es la actitud de algunos intelectuales supuestamente progresistas, que irreflexiva e irresponsablemente adhieren a esta posición retrógrada.

Es imprescindible una reforma tributaria que contemple también lo atinente a la minería, las ganancias por acciones o colocaciones financieras, las herencias, los patrimonios y otros problemas que hoy se soslayan. Pero aunque entre los especialistas hay amplio consenso sobre su necesidad, hacerlo no va a ser fácil. Tampoco lo es en el mundo desarrollado, como vemos actualmente en los Estados Unidos. Entre nosotros hay que imponerse a los poderes fácticos, a la gran prensa, a una deformación cultural muy difundida y acendrada, y finalmente al intríngulis de la Coparticipación Federal. Por eso los partidos políticos son renuentes a tratar la cuestión abiertamente: corren el riesgo de hacerse de enemigos poderosos y de perder una parte de sus seguidores.

No será posible la reforma sin una fuerte demanda social que la impulse. Para lograrla, primero es necesario dar vuelta el sentido común establecido. Por eso es tan importante la participación de los llamados intelectuales, uno de cuyos roles en política es tratar de comprender los asuntos complejos y luego hacer partícipe de esa comprensión a la mayor cantidad de gente posible. Se trata de abrir brechas, cuestionar el discurso prevaleciente denunciando sus inconsistencias, y atraer a los sectores progresistas de los sindicatos y la sociedad civil