Luego de casi una década de gran recuperación y crecimiento, la industria enfrenta un panorama mucho más complejo. Su evolución fue impulsada básicamente por un esquema de políticas que promovieron el consumo interno, más allá de que la inversión respondió en buena medida –creció anualmente y llegó a representar hasta el 24,5 por ciento del PBI en 2011–, motorizada, en especial, por la compra de equipo durable de producción.

En perspectiva, la recomposición del poder adquisitivo general tras la crisis de 2001-2002 provocó dos impactos principales que derivaron en la actual de dinámica de leve crecimiento con aumentos de precios. En primer lugar, que las empresas lograran mayores economías de escala en el mercado local y activaran inversiones que mejoraron su productividad. El segundo efecto más importante de la recuperación del poder de compra fue el desencadenamiento de tensiones distributivas, expresadas en las subas de los costos internos, que deterioraron la competitividad precio de la industria.

A pesar de que los niveles de inversión superaron ampliamente los registros de la convertibilidad, la expansión de la oferta en algunos sectores no fue suficiente. Así, se fueron presentando cuellos de botella en la producción de insumos industriales críticos (petroquímicos, plásticos, aluminio, energía, entre otros), en la logística y en la comercialización. Todos sectores cuya expansión requiere grandes inversiones con recupero de largo plazo. El encarecimiento interno, a su vez, se agravó por la subas de los valores internacionales de alimentos, minerales y combustibles. En este marco, la mayoría de las ramas industriales, sobre todo las más conformadas por pymes, debieron ir resignando rentabilidad en un proceso cada vez más dependiente de mayores volúmenes de ventas.

En una economía que registró crisis frecuentes y severas, que derivaron en una alta concentración y extranjerización, el crecimiento del mercado, la elevada rentabilidad industrial (generalizada hasta 2007) y los créditos públicos subsidiados no alcanzaron para provocar un cambio estructural más profundo del aparato productivo. En esta dinámica, las decisiones de inversión también fueron afectadas por influyentes analistas con poca confianza en nuestra economía.

Cuando, en 2006, el nivel de actividad se había recuperado plenamente, comenzó a verificarse la saturación de algunos sectores. Un caso representativo que afectó la formación de precios en general fue el de los costos de comercialización en los grandes centros urbanos. Allí, la fuerte revalorización inmobiliaria implicó aumentos desproporcionados de los alquileres comerciales y abusos en las condiciones de acceso a esas plazas de venta para todo tipo de productos estandarizados con llegada al consumidor final.

El intenso crecimiento recreó un típico proceso de puja distributiva, no sólo entre empresarios y trabajadores, sino también entre distintos sectores de la burguesía que, en la medida de su poder de mercado, tratan de captar más participación en la economía a través de ajustes de precios.

Por otra parte, el fortalecimiento del mercado interno, en un contexto de recesión o estancamiento de los principales centros de consumo mundiales, fue acompañado por una creciente importación que derivó en la necesidad de ir estableciendo mayores regulaciones comerciales. Los instrumentos de administración empleados moderaron el acelerado crecimiento de las compras externas. Estas se orientaron crecientemente al abastecimiento de bienes intermedios y maquinaria para una industria que había sido desarticulada en el último cuarto del siglo pasado.

El encarecimiento de los costos provocó que, desde fines de 2007, se fuera deteriorando la actividad fundamentalmente de los sectores afectados por la agresiva competencia internacional asiática (hoy sus salarios son entre 15 y 20 veces más bajos que los locales). Tras una breve recuperación del primer golpe de la crisis global de 2008-2009, la situación de estas ramas industriales, conformadas principalmente por pymes nacionales muy demandantes de mano de obra (textiles, calzado, juguetes, marroquinería, muebles, entre otras), se fue agravando hasta la aplicación, a fines de 2011, de nuevos controles a las importaciones y de la nueva regulación cambiaria. La combinación de ambas medidas provocó, desde principios de 2012, la mejora de la competitividad de las empresas formales; acceden a los insumos y bienes de capital externos que requiere su producción al valor oficial del dólar, con lo cual se configuró una relación de precios relativos en un mercado ampliado que induce al desarrollo de inversiones para la mejora de la productividad. El precio de la incorporación de tecnología externa, en relación con los costos laborales, de logística o comerciales, es el más bajo, al menos, de los últimos treinta años y se mantuvo un sólido mercado interno con una perspectiva de mayor crecimiento en 2013. Por ejemplo, en el textil, el valor de un telar de pinza, nuevo, italiano, de tecnología estándar, en 2003, equivalía a 232 salarios de ese año; en 2007, hacían falta 182 salarios de 2007, y actualmente se requieren sólo 75 salarios por un telar de las mismas características, aunque en el nivel estándar de tecnología actual su productividad es un 20 por ciento más elevada que la de 2003.

Además, a los valores de hoy, el recupero de la inversión se aceleró sustancialmente y la macroeconomía plantea pocas alternativas financieras atractivas. En el corto plazo existen factores concretos que permitirán la aceleración del crecimiento: la recuperación de Brasil, la buena cosecha que se anticipa y, con vistas a un año electoral, cabe esperar mayores inversiones en obras públicas y gasto social, que seguirán mejorando el poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios bajos y bajos, que poseen la mayor propensión a consumir.

En este marco, la inversión productiva para lograr un mejor aprovechamiento de los espacios productivos y del mercado parece ser una opción mucho más sustentable para empresas arraigadas y comprometidas con el desarrollo de su país que la de fugar capitales a costos significativamente más altos que los de principios de 2012.

Ahora bien, una estricta administración comercial y cambiaria es vital para el sostenimiento del crecimiento, de modo de aprovechar el fortalecido mercado interno –desde 2003 duplicó su tamaño– para el desarrollo productivo. Ampliar y modernizar el complejo industrial aparece como la única vía de mantenimiento del crecimiento, dado que este gobierno no parece inclinado a financiar consumo a través del endeudamiento. Este rumbo también se ratifica en que todas las políticas adoptadas recientemente (administración cambiaria, reforma de la carta orgánica del Banco Central y del mercado de capitales y la orientación de las inversiones de las aseguradoras a la economía real) buscan aumentar el crédito para la inversión real.

A diferencia de otras etapas, en las que había amplia capacidad productiva ociosa y desempleo, no se podrá transitar un nuevo sendero de crecimiento a través de un mero ajuste del tipo de cambio. Cada uno de los sectores industriales requiere la consolidación de un plan integral de medidas acordes con sus necesidades; por ejemplo, en materia de crédito y subsidios y capacitación, sobre todo orientados al fortalecimiento de los eslabones más débiles de las cadenas de valor. Para eso, se necesita una fluida articulación entre el sector público y el privado, que permita generar nuevos instrumentos de política económica específicos de estímulo favoreciendo, por ejemplo, a las exportaciones de mayor valor agregado, que son las más complicadas bajo el actual esquema de precios relativos.

Las crisis fomentaron estrategias empresariales cortoplacistas en detrimento del desarrollo. Alterar patrones de comportamiento mediante una mayor intervención estatal requiere recursos y una gran capacidad de gestión. Esta tarea se ha vuelto aun mucho más compleja en una economía donde prevalece una alta concentración y extranjerización de la cúpula empresarial y donde sindicatos, desentendidos de la recuperación general del poder adquisitivo de los trabajadores, son capaces de intentar desestabilizar a un proyecto de país que, en líneas generales, ha permitido reposicionar a la clase obrera.

Existen al menos cuatro factores que hacen que la posibilidad del desarrollo no sea sólo un sueño.

- Primero, el proyecto productivo posee un respaldo popular como nunca tuvo otro desde los años setenta.

- En segundo lugar, la capacidad de gestión pública tiene un gran potencial de mejora a partir de la utilización del soporte tecnológico de los nuevos sistemas de telecomunicación y control.

- Un tercer factor relevante es que la demanda asiática de recursos naturales se conserva firme, con lo cual los ingresos por exportaciones seguirán dando margen para aplicar políticas industrialistas.

- Y, por último, el Gobierno ha configurado un escenario macroeconómico donde no hay inversiones financieras atractivas y el costo relativo de la incorporación de tecnología en la producción es el más bajo de las últimas décadas, con un mercado interno que sigue exhibiendo niveles de consumo envidiables en el mundo

* Economista del GEENaP. Coordinador del Departamento de Política Económica de SID-Baires.