¿Cuáles son los grandes desafíos que se presentan para el futuro inmediato en materia de acción estatal? Básicamente podríamos decir que aún hay que enfrentar tres grandes retos: a) Modificar los rasgos estructurales heredados del modelo anterior; b) estabilizar algunas de las variables clave del nuevo modelo de acumulación; y c) incrementar la calidad de la intervención estatal.

En lo que respecta al primer punto, es crucial diseñar intervenciones estratégicas que permitan desmantelar algunos de los rasgos estructurales del modelo neoliberal. Es una de las tareas más complejas en tanto requiere una alta dosis de legitimidad política para llevarla a cabo y genera fuertes resistencias entre los actores más beneficiados por esa estructura particular. En este sentido hay que avanzar sobre el alto grado de concentración económica, en especial en mercados clave como el de alimentos (que tanta incidencia tienen en la canasta básica); intervenir para morigerar los efectos de la extranjerización de la estructura productiva (en especial, en la balanza de pagos); modificar paulatinamente el perfil de las exportaciones, incentivando la producción competitiva de bienes industrializados y reduciendo la participación de los commodities; actuar activamente sobre el alto grado de desarticulación del tejido industrial, a los efectos de incrementar la sustitución de importaciones en ramas estratégicas; continuar con una política de distribución progresiva de los ingresos y un activo control sobre el mercado laboral para reducir los altos niveles de informalidad aún vigentes; y avanzar en una reforma impositiva de carácter progresivo, permitiendo una mejor distribución de los ingresos y un incremento de las capacidades financieras del sector público.

También es imperioso mantener políticas clave para el afianzamiento del nuevo modelo de acumulación tales como el financiamiento a la inversión productiva con controles directos que garanticen su uso adecuado; la regulación estricta sobre los mercados financieros y cambiarios que permita terminar con el flagelo de la fuga de capitales (un fenómeno constante en los últimos cuarenta años); el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, para aumentar las capacidades innovativas y el desarrollo de las ciencias básicas y aplicadas; la inversión en infraestructura y educación; la ampliación de derechos a las minorías y el gasto social progresivo. Construir legitimidad en la arena pública en torno de estas medidas es imperioso para consolidar el cambio en la orientación de la intervención estatal. Explicar con claridad y sencillez por qué es necesario tomar medidas que afectan prácticas tan arraigadas en la población de ingresos medios y altos, como el control de cambio, y cuestionar las explicaciones ortodoxas sobre inflación y competitividad, es fundamental para la construcción de la legitimidad social de la intervención.

Finalmente, un desafío no menor es incrementar la calidad de la intervención estatal, adecuando las instituciones y normas heredadas del modelo anterior, recomponiendo la confianza en las estadísticas públicas, acrecentando las capacidades administrativas, técnicas y financieras del Estado; elevando los grados de coordinación entre agencias públicas para que se genere coherencia interestatal y cohesión intraburocrática y procurar la institucionalización de canales de diálogo periódicos con las corporaciones del capital y el trabajo (y por qué no, con otros actores sociales relevantes), para definir metas de desarrollo comunes que favorezcan los procesos de reciprocidad público-privada tan importantes para lograr calidad en la fase de implementación de las políticas y en la estabilización de la orientación de la intervención.

Evidentemente los desafíos son muchos, pero la construcción de un modelo de desarrollo sostenido requiere ir enfrentándolos paulatina e inexorablemente

* Coordinadora de la Maestría en Sociología Económica del Idaes-Unsam. Investigadora Conicet.